Un inquilino cuestiona por primera vez la constitucionalidad del 'decreto Boyer'

Un inquilino de la calle de Pablo Casals, junto al puente de Segovia, ha presentado una cuesti¨®n de inconstitucionalidad contra la aplicaci¨®n del decreto Boyer, que permiti¨® a la empresa inmobiliaria Metrovacesa plantearle una demanda de desahucio y subirle la renta mensual que estaba pagando por encima del 35%. Esta argumentaci¨®n es la primera vez que se cuestiona en Espa?a, seg¨²n Enrique Pedrero, presidente de la Asociaci¨®n de Inquilinos de Madrid, que ha mediado en un conflicto que llega hoy para su resoluci¨®n al Juzgado n¨²mero 14 de Primera Instancia.

El inquilino, Jos¨¦ Manuel Fuentes Gil, asegura haber sufrido este a?o, al t¨¦rmino de su contrato, un incremento en su cuenta superior al 35%, al igual que le ha sucedido a otros muchos vecinos de su colonia de viviendas. En la zona de Pablo Casals, esta empresa inmobiliaria, vinculada al Banco Bilbao Vizcaya, administra alrededor de 400 casas, 100 de ellas afectadas por el decreto Boyer. Un portavoz de Metrovacesa, Jos¨¦ Mar¨ªa Urquijo, matiz¨® el incremento exactamente en el 35,7%.Pedrero considera este aumento, en cualquier caso, "brutal" y un beneficio evidente de lo que ha significado la aplicaci¨®n del decreto Boyer para la liberalizaci¨®n de los precios en los alquileres. Los argumentos de inconstitucionalidad se defienden sobre la base del art¨ªculo 47 de la Carta Magna, "que establece el derecho a una vivienda digna y que no se puede especular con el suelo y la vivienda".

La Asociaci¨®n de Inquilinos de Madrid, de reciente creaci¨®n, comenz¨® en la tarde de ayer, frente a la sede de la empresa inmobiliaria, una campa?a de captaci¨®n de 500.000 firmas para solicitar la derogaci¨®n del decreto Boyer.

Sin dramatizar

El representante de Metrovacesa justific¨® la actuaci¨®n de la empresa, principalmente, porque la casa, de 93 metros cuadrados, se encuentra en "perfecto estado y porque la media de los precios de la zona es muy superior a lo que se pide". Urquijo asegur¨® que entre lo que propuso pagar el cliente a la finalizaci¨®n anual del presente contrato (70.000 pesetas) y lo que Metrovacesa solicit¨® (85.300), hay una diferencia de 15.000 pesetas "que no hay que dramatizar".Urquijo se?al¨® que la postura de la empresa es flexible ante la negociaci¨®n y aport¨® como dato que el inquilino ya sab¨ªa, cuando firm¨® el contrato de alquiler en junio de 1987 por 55.000 pesetas, las posibilidades de la ley Boyer.