El tribunal del 'caso Calpe' considera v¨¢lidas las escuchas a los inculpados

La Secci¨®n Primera de la Audiencia de Valencia defendi¨® el valor de "prueba documental" de las escuchas telef¨®nicas a los acusados en el denominado caso Calpe en la primera jornada de la vista oral del juicio iniciado ayer. El tribunal no comparti¨® la alegaci¨®n de las defensas de considerar "inconstitucionales e ilegales" estas grabaciones y deneg¨® la solicitud de suspender la vista. Cuatro personas se sientan en el banquillo, acusados de estafa por un presunto intento de soborno a cambio de la recalificaci¨®n de unos terrenos en Calpe (Alicante).

El fiscal considera probado que Inmaculada Sancho, funcionaria de la Consejer¨ªa de Urbanismo, el tambi¨¦n funcionario y arquitecto Rub¨¦n Mu?oz y dos intermediarios pidieron 300 millones de pesetas por la recalificaci¨®n de la zona denominada Las Salinas de Calpe a sus propietarios, para que fuera urbanizable. Los abogados defensores de los inculpados y el fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltr¨¢n, mantuvieron un enfrentamiento jur¨ªdico durante el inicio del juicio sobre la validez constitucional y legal de las escuchas telef¨®nicas a que fueron sometidos los acusados.Estas escuchas, ordenadas por Beltr¨¢n despu¨¦s de una denuncia formulada en noviembre de 1989 por la ex directora general de Urbanismo, Blanca Blanquer, quien tuvo conocimiento de las negociaciones ilegales, tuvieron como objeto comprobar si dos funcionarios de Urbanismo y dos intermediarios pidieron a los propietarios de los terrenos -calificados como zona verde- 300 millones de pesetas para convertirlos en urbanizables.

Tentativa de estafa

El resultado de estas grabaciones telef¨®nicas origin¨® la acusaci¨®n del delito de estafa en grado de tentativa contra Imnaculada Sancho, Rub¨¦n Mu?oz, Jos¨¦ Mu?oz, padre de ¨¦ste, y el agente de la propiedad Juan Jos¨¦ Ortega, los dos ¨²ltimos en calidad de intermediarios. El caso Calpe provoc¨® la destituci¨®n por el presidente de la Generalitat, Joan Lerma, del entonces consejero de Obras P¨²blicas, Rafael Blasco, a pesar de que no aparec¨ªa inculpado en las diligencias.La investigaci¨®n del fiscal Beltr¨¢n -que actu¨® como acusador en la instrucci¨®n inicial del denominado caso Naseiro- desvel¨®, poco despu¨¦s, otro esc¨¢ndalo urban¨ªstico en la adjudicaci¨®n de unos terrenos en Paterna (Valencia). Este asunto, conocido como caso Blasco, implic¨® al ex consejero, a varios altos funcionarios del Instituto Valenciano de la Vivienda y al empresario franc¨¦s Jacques Lacroix, que supuestamente quiso adquirir los terrenos.

Enrique Beltr¨¢n rechaz¨® los argumentos del defensor de los funcionarios, Carlos Verd¨², que aleg¨® que las escuchas telef¨®nicas a que fueron sometidos sus clientes fueron inconstitucionales, ilegales y "por tanto inv¨¢lidas como prueba judicial".

En una discusi¨®n jur¨ªdica sobre derecho comparado, el representante de la acusaci¨®n p¨²blica y los de las defensas cruzaron criterios enfrentados sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo acerca de la validez de las grabaciones telef¨®nicas como prueba judicial.