Doble velocidad

NO ES el presente el mejor de los contextos para reforzar la cohesi¨®n de Europa e impulsar sus proyectos de integraci¨®n econ¨®mica y monetaria. La reducci¨®n del crecimiento, los costes de la unificaci¨®n alemana y la incertidumbre asociada a la guerra del Golfo est¨¢n poniendo a prueba la solidez de unos proyectos dise?ados antes de que esas perturbaciones aparecieran. Es el caso de la uni¨®n monetaria. El proceso de integraci¨®n monetaria parece tener hoy tantos int¨¦rpretes como perfiles presentan las econom¨ªas llamadas a configurarlo. Desde pr¨¢cticamente el inicio de su primera fase, el 1 de julio de 1990, el contenido y la duraci¨®n de la siguiente constituye el centro de las diferencias existentes entre los Gobiernos nacionales.La insuficiente convergencia entre las econom¨ªas comunitarias propicia, en efecto, no tanto concepciones alternativas de ese proceso como la pretensi¨®n de llevarlo a cabo con ritmos diferenciados. Pa¨ªses como Alemania, el grupo del Benelux y, en menor medida, Francia y Dinamarca estar¨ªan en disposici¨®n de acelerar ese proceso: de estrechar la fluctuaci¨®n de los tipos de cambio de sus monedas y coordinar m¨¢s estrechamente sus pol¨ªticas monetarias, en el camino hacia una moneda ¨²nica. No es el caso de Italia, y mucho menos de Espa?a y del Reino Unido, cuya divergencia frente a las anteriores tiene en la tasa de inflaci¨®n su principal exponente.

Consciente de los riesgos que implicar¨ªa para la econom¨ªa espa?ola la formalizaci¨®n de esa doble velocidad, el ministro espa?ol de Econom¨ªa realiz¨® al inicio de la Conferencia Intergubernamental sobre la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria, en septiembre de 1990, una propuesta para la segunda fase. El aplazamiento de su inicio en un a?o, hasta 1994, constitu¨ªa el primer elemento diferenciador respecto a las propuestas de la Comisi¨®n. La duraci¨®n de esa fase, no inferior a cinco o seis a?os, cuestionaba igualmente las pretensiones aceleradoras de Jacques Delors. Aceptada ese fecha de inicio por el Consejo Europeo, el Gobierno espa?ol ha completado su contribuci¨®n con una propuesta sobre el papel de la moneda comunitaria, el Ecu, y del Sistema Europeo de Bancos Centrales en esa segunda fase.

La voluntad de aproximaci¨®n a la propuesta brit¨¢nica (de creaci¨®n del Ecu duro, diferenciado de la cesta actual y destinado a concurrir con las 12 monedas comunitarias) constituye el aspecto m¨¢s destacado de esa nueva contribuci¨®n espa?ola. En realidad, esa aproximaci¨®n no es tan importante en sus contenidos espec¨ªficos como en la coincidencia en la necesidad de fortalecer el papel del Ecu: de inmunizarlo contra las depreciaciones inducidas por las monedas nacionales que la integran. Por ello en el Plan Solchaga se trata de conciliar el car¨¢cter de cesta del Ecu con la garant¨ªa de la no devaluaci¨®n del mismo. La coordinaci¨®n de las pol¨ªticas monetarias nacionales, tarea del banco central europeo. en esa etapa, se llevar¨ªa a cabo a trav¨¦s de un proceso de consulta previo y de supervisi¨®n a posterior? distinto al de competencia entre la moneda comunitaria y las 12 monedas nacionales, defendido por las autoridades brit¨¢nicas.

No deja de ser parad¨®jico que ambas propuestas, sin duda las m¨¢s elaboradas y completas t¨¦cnicamente de las alternativas a la de la Comisi¨®n, procedan de sendos pa¨ªses cuyas econom¨ªas definen hoy importantes divergencias respecto a las del n¨²cleo central del Sistema Monetario Europeo. De pa¨ªses incapaces de sostener el ritmo de integraci¨®n como el que de hecho pueden mantener aquellos cuyo diferencial de inflaci¨®n es m¨ªnimo. Por ello, independientemente del buen hacer de las autoridades econ¨®micas espa?olas en esa conferencia intergubernamental, la virtualidad de esa homogeneidad de velocidades es hoy asumida con escepticismo.