El Defensor del Pueblo vigilar¨¢ que las respuestas al censo se utilicen solo para fines estad¨ªsticos

El Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) recoger¨¢, desde hay, a trav¨¦s del llamado Censo de Poblaci¨®n y Vivienda 1991, los datos personales de m¨¢s de 39 millones de espa?oles y las particularidades de los 16,5 millones de viviendas en que habitan. Algunas preguntas del cuestionario y la falta de una ley de protecci¨®n de datos informaticos ha suscitado recelos en algunos juristas. Por su parte, el defensor del pueblo, Alvaro Gil-Robles, prometi¨® ayer que velar¨¢ para que los datos no sean utilizados para fines ajenos a los estad¨ªsticos.

Preguntado por este peri¨®dico, Gil-Robles se?al¨® que el censo es necesario para conocer la realidad social de un pa¨ªs moderno, pero advirti¨® que los datos "que afectan a cada uno de los ciudadanos" deben utilizarse "¨²nica y exclusivamente para los fines que prev¨¦ la ley". Ante el riesgo de que no se haga as¨ª, "el Defensor del Pueblo se ocupar¨¢ en su momento de realizar la investigaci¨®n necesaria para comprobar que se ha cumplido lo dispuesto en la ley de la Funci¨®n Estad¨ªstica P¨²blica sobre la destrucci¨®n de tales datos".El art¨ªculo 18 de la mencionada ley establece que los datos que sirvan para la identificaci¨®n inmediata de los informantes se destruir¨¢n cuando su conservaci¨®n ya no sea necesaria para el desarrollo de las operaciones estad¨ªsticas", as¨ª como que "en todo caso, ( ... ) se guardar¨¢n bajo claves, precintos o dep¨®sitos especiales". Sin embargo, la inexistencia de una ley de Protecci¨®n de Datos Inform¨¢ticos -en desarrollo del precepto constitucional que garantiza el derecho a la intimidad y privacidad de los ciudadanos- aumenta el riesgo de abusos, seg¨²n el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional y vicepresidente de la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (APDH), Diego L¨®pez Garrido.

A partir de hoy comienza el reparto en los hogares espa?oles de unos cuestionarlos de 24 p¨¢ginas, que ser¨¢n posteriormente recogidos por agentes censales debidamente acreditados. En los impresos se pregunta sobre el nombre, n¨²mero y relaciones de parentesco entre los miradores de una vivienda. Asi mismo se pide la fecha de nacimiento de cada uno de los componentes, el a?o de llegada a Espa?a -si son extranjeros-, el estado civil ("indique su situaci¨®n legal y no la de hecho"), la residencia habitual el 1 de marzo de 1990, la que se ten¨ªa el 1 de abril de 1986, o los transe¨²ntes que est¨¦n en la casa el d¨ªa que se rellena el impreso. Adem¨¢s se exige una detallada clasificaci¨®n de sus niveles de estudios, teni¨¦ndose c, ue indicar, por ejemplo, si se tienen doctorados o titulaciones de posgraduado.

Negativa del ciudadano

L¨®pez Garrido estima que el ciudadano deber¨ªa tener oportunidad de negarse a facilitar los datos a trav¨¦s de los cuales queda en poder del Estado su radiograf¨ªa personal, mientras siga sin cumplirse el mandato constitucional que exige una ley limitadora del uso de la inform¨¢tica, que no obligue al ciudadano a fiarse del comportamiento de la Administraci¨®n, sino que, le permita tener acceso a los archivos inform¨¢ticos en los que figuran sus datos personales.En la casilla 22 se piden datos sobre la situaci¨®n laborial. Una nota al margen indica que "se considerar¨¢n ocupadas las personas que han trabajado al menos una hora en la semana de referencia [22 al 28 de febrero]". Las siguientes casillas, 23, 24 y 25, exigen una descripci¨®n detallada de la labor que se desarrolla, pidi¨¦ndose que se describa con detalle la actividad principal del establecimiento en donde se trabaja o se ha trabajado.

A lo largo del a?o, en nuestros hogares recibimos decenas de cartas publicitarias personalizadas en las que no se ha cometido el m¨¢s m¨ªnimo error en nuestros datos. Incluso una importante peluquer¨ªa madrile?a felicita a sus clientes el d¨ªa de su cumplea?os, enviando un cheque.de descuento por tan importante fecha.

La procedencia de esta informaci¨®n, tan personal, es muy dificil de demostrar, pero un importante cargo del Ayuntamiento madrile?o asegura que "los datos tienen que proceder del INE y de ese trasiego de cintas hasta las empresas privadas que los graban". Afirma que "esto se puede demostrar, porque los datos inform¨¢ticos del Ayuntamiento [principalmente el padr¨®n] est¨¢n marcados, y jam¨¢s se ha encontrado una de estas se?ales en los listados clandestinos". Seg¨²n esta fuente, "los listados proceden del INE, que es donde se almacenan".

Empresas privadas

Se ha calculado que una familia de cuatro miembros necesitar¨¢ no menos de media hora para rellenar todo el cuestionario. Aunque el INE recoger¨¢ los datos, la informaci¨®n ser¨¢ grabada por empresas privadas que lograr¨¢n el contrato mediante concurso p¨²blico. El paso de unas a otras manos hace dudar sobre la inviolabilidad del "secreto estad¨ªstico" que menciona Jos¨¦ Quevedo, presidente del INE, en la primera hoja del cuestionario, en la que tambi¨¦n se prev¨¦ el trasiego de datos, ya que se habla de la "necesidad de informaci¨®n del Estado, de las comunidades aut¨®nomas y de los ayuntamientos".Seg¨²n Carmelo D¨ªaz, jefe del departamento de Estad¨ªstica de la Comunidad de Madrid, "entre un 30% y un 50% de las preguntas quedar¨¢n sin rellenar por los ciudadanos por diversas razones". La Comunidad de Madrid es una de las pocas que han aceptado encargarse directamente de la gesti¨®n de los datos que el INE necesita, aunque en este caso, y ante la carencia de recursos mf¨®rm¨¢ticos propios y suficientes, tambi¨¦n sacar¨¢ a concurso la grabaci¨®n de las informaciones.