Reflexiones para un debate
El autor reflexiona sobre las tareas del nuevo Gobierno, que, en su opini¨®n, debe tener como grandes objetivos adecuar la sociedad espa?ola al Acta ?nica; desarrollar el Estado de las autonom¨ªas, las libertades y el sentido democr¨¢tico de las instituciones, e impulsar el proceso europeo.
Desde la convocatoria de las elecciones de 1989 (y tal como se argument¨® entonces) est¨¢n pendientes una serie de decisiones para hacer frente a retos sustanciales. El Gobierno se hab¨ªa instalado en una par¨¢lisis creciente, con factores pol¨ªticos inexplicados (dimisi¨®n de Guerra). Ahora el cambio ministerial parece consolidar una apuesta por una opci¨®n "centrista" que conectando con una mayor¨ªa de la opini¨®n p¨²blica sea el marco de espera de posibles consecuencias que deriven de las elecciones del 91 y sobre todo del 93. Pero ?cu¨¢les son aquellos objetivos y en qu¨¦ situaci¨®n estamos para abordarlos? Creo que se pueden se?alar tres grandes objetivos: contribuir a adecuar la sociedad espa?ola a los requerimientos del Acta ¨²nica, desarrollar el Estado de las autonom¨ªas, las libertades y el sentido democr¨¢tico de las instituciones, impulsar el proceso europeo en un contexto internacional cambiante.El ¨²ltimo objetivo enunciado es el que est¨¢ influyendo externamente en el desarrollo de nuestra propia sociedad. La uni¨®n europea parece retrasarse sensiblemente por un doble motivo: a) por las consecuencias de la guerra del Golfo; b) por razones de disparidad de pol¨ªticas econ¨®micas.
a) La guerra del Golfo ha puesto en evidencia la falta de una pol¨ªtica europea de seguridad. La ausencia de Europa ha sido clamorosa y los estados miembros de la Comunidad han ido, en diversos grados, a remolque del liderazgo de EE UU. Es a su vez destacable la falta de un posicionamiento conjunto y coherente de las izquierdas europeas.
b) Tanto desde Gran Breta?a como, sobre todo, desde Alemania se ha vuelto a plantear la Europa de dos velocidades; o sea, el retraso de la uni¨®n pol¨ªtica y econ¨®mica. Ello adem¨¢s comporta un atentado a cualquier pol¨ªtica de solidaridad europea.
Posici¨®n com¨²n
Por todo ello ser¨ªa importante cohesionar a los diversos grupos parlamentarios alrededor de una posici¨®n com¨²n espa?ola que reclamase para Europa: la recuperaci¨®n de los acuerdos de las conferencias de Roma, el cubrimiento del d¨¦ficit democr¨¢tico, la reforma de los fondos estructurales, la necesidad de una pol¨ªtica europea de seguridad, el papel de la CESCE y la reclamaci¨®n a fondo de una Conferencia del Mediterr¨¢neo.
En el mismo contexto es donde se debe situar la concepci¨®n de una pol¨ªtica espa?ola de seguridad defensiva y el proceso hacia un ej¨¦rcito profesional y voluntario con la correspondiente supresi¨®n del servicio militar obligatorio.
Por lo que afecta a la adecuaci¨®n de la sociedad espa?ola, se dan unas manifiestas diferencias cualitativas y cuantitativas entre Europa y Espa?a en una serie de factores que nos sit¨²an muy por debajo de los niveles medios. Son diferencias que afectan de forma negativa y directa a nuestra capacidad de producci¨®n y al nivel de vida de los ciudadanos. Son diferencias en factores como infraestructuras, innovaci¨®n, formaci¨®n, servicios personales, dualismo y marginaci¨®n, respeto al medio ambiente.
Se puede coincidir con el Gobierno en la importancia de estos temas. Pero el matiz fundamental est¨¢ en que el Gobierno, presupuesto tras presupuesto, es el principal responsable de las enormes insuficiencias de acci¨®n p¨²blica dirigida a paliar aquellas diferencias. A su vez el Gobierno escapa de compromisos reales para consolidar una pol¨ªtica progresista a aplicar sobre aquellos factores.
Aqu¨ª aparece el manido tema de la competitividad. Sobre lo anterior se puede demostrar que ¨¦sta debe relacionarse, mucho antes que con la moderaci¨®n salarial, con los factores citados anteriormente m¨¢s otros como el coste del dinero, la pol¨ªtica industrial y el papel del sector p¨²blico, y la necesaria coordinaci¨®n de las pol¨ªticas macro y microecon¨®micas de las administraciones. (Por cierto que uno de los factores que actualmente permiten una relativa competitividad es el bajo coste de la mano de obra y la precarizaci¨®n del mercado laboral).
El recientemente divulgado informe de la Comisi¨®n Europea sobre la industria espa?ola mantiene que una serie de sectores de producci¨®n est¨¢n en una situaci¨®n dif¨ªcil ante el reto del Acta ?nica y que la econom¨ªa espa?ola puede derivar hacia una situaci¨®n marginal y de servicios b¨¢sicamente tur¨ªsticos de la Comunidad. Emprender realmente un camino de adecuaci¨®n de la sociedad y potenciar aquellos factores, requiere compromisos a medio y largo plazo (fuera de urgencias electorales) en donde se prime: a) los factores estructurales; b) una aut¨¦ntica contraprestaci¨®n social redistributiva; c) el medio ambiente. Estos compromisos s¨®lo son cre¨ªbles si vienen corroborados tras un di¨¢logo social (la concertaci¨®n, su segunda fase, y la PSP) y si se traducen en apuntes presupuestarios, obviamente con car¨¢cter plurianual.
Por ¨²ltimo cabe plantear todo lo que ata?e al modelo de Estado y a las libertades. Parece incuestionable la existencia de un bloqueo auton¨®mico en lo que concierne al desarrollo del Estado. Ello comporta una irracionalidad a?adida a todo lo anterior. La superposici¨®n de administraciones, la burocratizaci¨®n, son expresiones de duplicaci¨®n de costes financieros y administrativos. A su vez los poderes locales contin¨²an sufriendo el abandono y el raquitismo presupuestario. Y de esta situaci¨®n el principal responsable es el Gobierno, su concepci¨®n centralista del poder y sus aliados (parad¨®jicamente denominados nacionalistas) que se benefician del intercambio partidista. En este apartado se deben se?alar tambi¨¦n aquellas reformas pendientes o que se deben continuar, como el sistema fiscal o la de la administraci¨®n de Justicia.
Finalmente, se deber¨ªa incidir en el enorme campo de las libertades personales contenidas en la Constituci¨®n y hoy a¨²n no consolidadas. Es el caso del derecho a la intimidad, de la libertad de conciencia, del aborto, de la extranjer¨ªa, entre otros. En general todo este apartado, el del Estado, requiere un gran compromiso de defensa de las instituciones y de su utilidad democr¨¢tica en una sociedad donde parece que avanza un proceso de erosi¨®n y desgaste de su credibilidad.
Rafael Rib¨® es presidente de Iniciativa per Catalunya y secretario general del PSUC.
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