Espa?a castigar¨¢ con penas de c¨¢rcel el tr¨¢fico ilegal de armas y de tecnolog¨ªas de doble uso

El Gobierno est¨¢ preparando una reforma legislativa para tipificar como delito y castigar con penas de c¨¢rcel el tr¨¢fico ?legal de armas y tecnolog¨ªas de doble uso (civil y militar), seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n. Su objetivo es que la nueva legislaci¨®n est¨¦ en vigor el 1 de enero de 1993, cuando empiece a funcionar el Mercade: Unico entre los doce pa¨ªses comunitarios, y que su contenido sea homologable al de los dem¨¢s socios de la Comunidad Europea (CE).

La futura regulaci¨®n de "sanciones espec¨ªficas" para las infracciones de las normas sobre exportaci¨®n de material de defensa y tecnolog¨ªas de doble uso pretende completar "un sistema de control que se puso en marcha en febrero de 1990, con la publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado de la lista de productos sujetos a licencia especial y la creaci¨®n de un registro de empresas dedicadas a este comercio. Fuentes de la Administraci¨®n aseguran que, en el a?o que lleva en vigor, el sistema ha funcionado" aceptablemente bien", pero admiten que presenta deficiencias, como la falta de "mecanismos sancionadores eficaces".La junta interministerial responsable de controlar el comercio exterior de armamiento y tecnolog¨ªas de doble uso (entre las que figuran las de car¨¢cter nuclear y las susceptibles de ser uilizadas para el desarrollo de armas qu¨ªmicas y misiles) s¨®lo tiene un instrumento para castigar a las empresas infractoras: darlas de baja en el registro; lo que les impide seguir exportando. Esta sanci¨®n, de efectos catastr¨®ficos para una compa?¨ªa productora y exportadora; resulta totalmente ineficaz ante las firmas comerciales se crean para dar cobertura legal a operaciones concretas.

Responsables de la Administraci¨®n admiten que el actual sistema se basa en "la voluntariedad de las empresas" y su disposici¨®n a colaborar con la junta, ya que el control en aduanas es practicamente imposible; sobre todo porque la lista de productos sujetos a licencia especial no incluye todos los de la misma categor¨ªa, sino s¨®lo los que reunen determinadas especificaciones.

El problema se complica con la entrada en vigor, el 1 de enero de 1993, del Mercado ¨²nico entre los 12 pa¨ªses de la CE y con el prop¨®sito del Cocom (Comit¨¦ Multilateral para el Control de las Exportaciones), organismo impulsado por EE UU para evitar la transf¨¦rencia de tecnolog¨ªa a la URSS, de abolir los controles entre sus miembros (los de la OTAN, m¨¢s Australia y Jap¨®n). Se trata, seg¨²n las mismas fuentes, "de compaginar el control de un n¨²mero creciente de productos con la progresiva liberalizaci¨®n del comercio".

Comisi¨®n Europea

La Comisi¨®n Europea est¨¢ recabando informaci¨®n sobre los sistemas de control vigentes en los pa¨ªses comunitarios con el objetivo de aprobar recomendaciones en torno a su armonizaci¨®n. Varios altos cargos de la Comisi¨®n estuvieron en enero en Madrid entrevist¨¢ndose con sus hom¨®logos espa?olescon este fin. Si las licencias de exportaci¨®n concedidas por cada estado son v¨¢lidas, a partir de 1993, para el conjunto de la CE, debe evitarse que quienes pretendan vender ilegalmente utilicen los pa¨ªses con un sistema de control m¨¢s fr¨¢gil.

Actualmente existe una gran diversidad en las legislaciones europeas al respecto. Mientras el Reino Unido y, m¨¢s recientemente, Alemania cuentan con un sistema muy riguroso, que incluye penas de c¨¢rcel para los infractores; en Portugal y Grecia ni siquiera se han publicado las listas de productos sujetos a licencia. Las conversaciones previas han evidenciado, sin embargo, que hay consenso en torno a la necesidad de que por lo menos las infracciones m¨¢s graves se tipifiquen como delito.

En la legislaci¨®n espa?ola no existe la figura de tr¨¢fico il¨ªcito de armas; aunque, seg¨²n las fuentes consultadas, esta clase de conductas pueden rozar varios tipos delictivos, como los que afectan a la Seguridad del Estado o los de falsificaci¨®n de documento o contrabando. En medios de la Administraci¨®n se considera que las sanciones previstas para dichos casos "no se ajustan, por exceso o por defecto" a este tipo de comercio y lo cierto es que nadie ha sido juzgado en Espa?a por tr¨¢fico ilegal de armas.

A¨²n no se ha decidido si la nueva figura delictiva debe incorporse al C¨®digo Penal, ser objeto de una ley espec¨ªfica o de una norma gen¨¦rica sobre comercio exterior. No obstante, los expertos desaconsejan la primera opci¨®n, pues no se trata s¨®lo de castigar con la c¨¢rcel las infracciones m¨¢s graves, sino de prever un conjunto de sanciones penales y administrativas en funci¨®n de la gravedad del hecho. En todo caso, por incluir penas de privaci¨®n de libertad, la futura ley deber¨ªa tener rango de org¨¢nica, lo que obliga a un ampl¨ªo consenso parlamentario

La idea de tipificar como delito el tr¨¢fico ilegal de armamento es antigua (ver EL PA?S del 14 de diciembre de 1986) pero, seg¨²n fuentes de la Administraci¨®n, hasta la guerra del Golfo no ha existido una opini¨®n p¨²blica mayoritariamente favorable a atajar de forma dr¨¢stica el problema.