Distrito apenas compartido

ERA EVIDENTE que la organizaci¨®n y puesta en marcha del Distrito Compartido no iba a resultar una tarea f¨¢cil. Las dificultades de su formulaci¨®n pr¨¢ctica y los intereses contradictorios suscitados tanto en el ¨¢mbito estrictamente acad¨¦mico como en el auton¨®mico, as¨ª lo hac¨ªan prever. La discusi¨®n en tomo a esta trascendental medida de racionalizaci¨®n universitaria ha dado lugar, finalmente, a una normativa de consenso, sometida en estos d¨ªas al estudio del Consejo de Universidades. Lamentablemente, este consenso m¨¢s parece fruto de la resignaci¨®n que de la adhesi¨®n racional a los t¨¦rminos de su formulaci¨®n final.Desde aqu¨ª nos hemos pronunciado en otras ocasiones a favor de la implantaci¨®n, prudente pero decidida, del Distrito Compartido contemplado ya en la Ley de la Reforma Universitaria con el nombre de Distrito ¨²nico. Desde todos los puntos de vista, es positivo que la oferta de plazas universitarias se abra, al menos en cierto porcentaje, a estudiantes procedentes de comunidades distintas a la del centro elegido. Las ventajas de tipo acad¨¦mico, de movilidad social, de racionalizaci¨®n del sistema educativo superior y de est¨ªmulo a la competitividad entre las universidades han sido repetidamente puestas de manifiesto. Como lo han sido, tambi¨¦n, las reticencias con que desde algunas comunidades aut¨®nomas, y m¨¢s concretamente las autoridades educativas catalanas y vascas, se ha venido recibiendo la idea.

En aras del consenso alcanzado, se ha suprimido cualquier referencia concreta al porcentaje de plazas que cada universidad deber¨ªa "poner a disposici¨®n" del Distrito Compartido, sustituy¨¦ndose por un acuerdo, a renovar cada a?o, en el que las comunidades aut¨®nomas se reservan la ¨²ltima palabra. Las cifras que se manejan para el curso que viene, un 5% de las plazas de cada centro universitario con un l¨ªmite de 10, parecen constituir el m¨¢ximo aceptable, pero se encuentran muy lejos de los planteamientos y propuestas que se han venido manejando con anterioridad, tanto m¨¢s cuanto que, al ser plazas que deben superponerse a las ofrecidas por cada universidad para los estudiantes de su propio distrito, no ponen en cuesti¨®n la preponderancia del criterio territorial sobre el de calificaci¨®n acad¨¦mica.

Los numerosos obst¨¢culos, en cualquier caso, han sido se?alados incluso por sus valedores m¨¢s sinceros; dificultades de ¨ªndole competencial, social, de mentalidad, de falta de homogeneidad en las pruebas de acceso y tambi¨¦n puramente t¨¦cnicas, que justifican la mayor cautela en su aplicaci¨®n progresiva. Pero, a la vista del resultado y del desarrollo del debate previo, es l¨ªcito preguntar si la modestia y las ambig¨¹edades con que se afronta este primer ensayo son la consecuencia de dichas dificultades o bien lo son de la reticencia de fondo y el intento de desvirtuar la idea.

Convendr¨ªa saber si existe un prop¨®sito de avanzar decididamente hacia el Distrito Compartido resolviendo poco a poco los problemas de su implantaci¨®n o, por el contrario, se busca pura y simplemente su neutralizaci¨®n vaciando de contenido la medida desde el instante mismo en que se conviene en ponerla formalmente en pr¨¢ctica.