Quejas ciudadanas

EL INFORME que cada a?o por estas fechas eleva el Defensor del Pueblo a las Cortes Generales constituye un diagn¨®stico valioso sobre las dificultades reales que encuentran los espa?oles en su trato con las administraciones p¨²blicas, el grado de receptividad de ¨¦stas a sus quejas y, sobre todo, su predisposici¨®n a poner remedio efectivo a las causas que las provocan. El correspondiente a 1990 vuelve a destacar, como los anteriores, significativos casos de malos tratos y de detenciones ilegales de ciudadanos por parte de las fuerzas policiales -Cuerpo Nacional de Polic¨ªa, Guardia Civil y Polic¨ªa Municipal- y, lo que a¨²n es m¨¢s preocupante, del ¨¢mbito de las empresas privadas de vigilancia.La misi¨®n del Defensor del Pueblo, a diferencia de otras instituciones cuya Justificaci¨®n es defender principios generales o valores abstractos sin duda esenciales para el funcionamiento del Estado, ha sido concebida para velar por el respeto de los derechos concretos de los ciudadanos. El n¨²mero de quejas recibidas por este motivo en 1990 -29.396, es decir, un 40% m¨¢s que el a?o anterior, en el cual se produjo a su vez un aumento del 50% respecto del precedente- parece indicar que la credibilidad de esta nueva instituci¨®n democr¨¢tica se ha consolidado entre los espa?oles. Pero el persistente crecimiento de tales quejas pone en cuesti¨®n la voluntad de las administraciones p¨²blicas para corregir sus defectos.

Ello lleva a plantear si la importante funci¨®rt del Defensor del Pueblo es todo lo efectiva que deber¨ªa ser, y si, adem¨¢s de su cada vez mayor fuerza moral, no deber¨ªa disponer de algunos instrumentos legales que le dotasen de m¨¢s poder del que actualmente tiene en sus relaciones con la Administraci¨®n. El acto de presentaci¨®n de sus informes anuales al Parlamento no deber¨ªa, por ello, reducirse a un gesto m¨¢s o menos protocolario. Al contrario, deber¨ªa ser capaz de generar iniciativas tendentes a subsanar las deficiencias que hacen posibles las vulneraciones denunciadas.

El caso de los malos tratos en centros de detenci¨®n es ilustrativo. Las quejas concretas que se f¨®rmulan por este motivo se resuelven de manera satisfactoria. Pero ello no impide que se repitan e incluso que aurnenten a?o tras a?o si no hay forma de incidir en las conductas funcionariales o en los procedimientos administrativos que fomentan los hechos que las motivan: desinter¨¦s, obstruccionismo, falta de colaboraci¨®n de los responsables policiales en su esclarecimiento, no adopci¨®n de medidas de suspensi¨®n cautelar contra los agentes denunciados y pr¨¢cticas paralizantes de los expedientes internos cuando existen procesos Judiciales en curso. Lo mismo ocurre en el supuesto de los abusos -malos tratos, detenciones ilegales y pr¨¢cticas racistas- cometidos con una cadencia preocupante por vigilantes jurados en servicios p¨²blicos, centros comerciales o locales de diversi¨®n. Los hechos que originan estas consecuencias seguir¨¢n produci¨¦ndose s¨ª las recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre la urgente necesidad de regular el ¨¢rea de la seguridad privada no encuentran eco y no logran materializarse en alguna iniciativa gubernamental o legislativa.