Competitividad, igual a eficacia social

La inclusi¨®n de Espa?a en la CE, en opini¨®n del articulista, no ha tenido efectos tan positivos como en un principio se esperaba para la agricultura espa?ola. El conjunto de la econom¨ªa ha experimentado un alza por enc¨ªma de la media comunitaria, pero esta bonanza no ha sido compartida por el sector agrario.

A lo largo de estos ¨²ltimos a?os, la econom¨ªa internacional ha expermentado un cambio que se ha visto reflejado en una din¨¢mica de crecimiento m¨¢s animado. La econom¨ªa espa?ola, sobre todo a partir de nuestro ingreso en la Comunidad Econ¨®mica Europea, no ha permanecido ajena a este proceso, obteniendo tasas de crecimiento por encima de la media comunitaria.Sin embargo, una vez m¨¢s, el sector agrario ha vuelto a quedar al margen de esta evoluci¨®n positiva de la econom¨ªa en su conjunto que, como veremos a continuaci¨®n, no se ha traducido en indicadores favorables para nuestro sector, sino todo lo contrario.

As¨ª, la importancia relativa del sector agrario en la econom¨ªa espa?ola ha disminuido, para pasar desde el 5,6% que representaba en el producto interior bruto (PIB) de 1982 al 4,1% de 1989.

La ocupaci¨®n total del sector, que supon¨ªa un 17,6% de la ocupaci¨®n nacional en 1982, ha ca¨ªdo hasta el 12,3% en 1989. Por otra parte, y dentro tambi¨¦n de este mismo intervalo de tiempo, se ha producido ciertamente una liger¨ªsima recuperaci¨®n en la relaci¨®n de intercambios entre los precios percibidos y los pagados por el agricultor, pero ello no ha impedido una notable erosi¨®n tanto en la posici¨®n de los peque?os' agricultores como en la de los consumidores.

La influencia ralentizadora que sobre el ¨ªndice de precios al consumo han ejercido los precios agrarios ha sido, no obstante, bien palpable, contribuyendo de manera muy destacada al equilibrio y desarrollo de otros sectores econ¨®micos.

P¨¦rdidas crecientes

Es evidente, por tanto, que en el actual modelo econ¨®mico -en el que coexisten un sector industrial tradicional y un amplio y pujante sector de servicios que cada d¨ªa tiene un mayor peso espec¨ªfico-, el sector agrario avanza por una senda de p¨¦rdidas crecientes tanto en su aportaci¨®n econ¨®mica al PIB como en sus ¨ªndices de empleo, lo que a su vez est¨¢ produciendo important¨ªsimos cambios en la estructura productiva y de trabajo de los agricultores espa?oles con la aparici¨®n de nuevos colectivos altamente desfavorecidos.

Estas profundas modificaciones, con una clara concreci¨®n en el plano econ¨®mico ya descrito, han originado adem¨¢s una nueva situaci¨®n social claramente regresiva que constituye la preocupaci¨®n fundamental de la Uni¨®n de Peque?os Agricultores (UPAUGT).

Varios son los factores determinantes que est¨¢n incidiendo en la negativa evoluci¨®n de la agricultura y ganader¨ªa espa?olas. En primer t¨¦rmino, es cada vez m¨¢s evidente la complejidad e interdependencia del comercio agrario internacional, con la probable modificaci¨®n de las reglas del juego en el marco de las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y su consiguiente repercusi¨®n tanto sobre el aparato productivo de la actividad agraria como sobre el tejido social en el que ¨¦sta se sustenta.

La costosa acumulaci¨®n de excedentes agrarios como consecuencia del mantenimiento de pol¨ªticas de renta basadas en las garant¨ªas de precios ha concentrado enormemente el gasto agrario en las explotaciones m¨¢s extensas e intensivas, sin tener en cuenta factores como los ingresos de la inmensa mayor¨ªa de las peque?as y medianas explotaciones familiares.

A este respecto, es tristemente esclarecedor que, en Espa?a, el margen bruto total por unidad de trabajo sea 2,2 veces menor que la media europea y que tan s¨®lo el 1,4% de las explotaciones espa?olas ocupen el 23% de la superficie agraria ¨²til y obtengan el 25% del margen bruto total.

Existe, pues, un conjunto mayoritario de peque?as explotaciones agrarias con una clara precariedad en la remuneraci¨®n de su trabajo frente a un ¨ªnfirno grupo de grandes productores que obtienen la mayor parte de los beneficios econ¨®micos. Todo ello conduce a una estructura social dual entre productores y regiones.

El tercer factor que viene condicionando nuestra agricultura es la intensificaci¨®n de los m¨¦todos de producci¨®n sobre la base de un modelo productivista que ha explotado abusivamente la naturaleza, contaminando las aguas y degradando la tierra. A estas alturas ha de crearse, pues, una nueva relaci¨®n entre agricultura y medio ambiente que dote al agricultor de un nuevo protagonismo social en la preservaci¨®n y conservaci¨®n de la naturaleza.

En la sociedad rural, el fen¨®meno de la desigualdad ya no se produce ¨²nicamente entre agricultores, sino que, al hacerse m¨¢s compleja, introduce otros contextos en la dial¨¦ctica tradicional y aparecen nuevos colectivos desfavorecidos que plantean la necesidad de que los Gobiernos desarrollen pol¨ªticas m¨¢s globales.

Desde esta convicci¨®n, la Uni¨®n de Peque?os Agricultores se enfrenta al reto de hacer prevalecer el agrarismo social frente al agrarismo corporativo; dicho de otro modo, de defender al agricultor no s¨®lo como un mero productor de bienes alimenticios, sino como ciudadano que est¨¢ inmerso en las contradicciones econ¨®micas del conjunto de la sociedad.

Lo econ¨®mico y lo social

La modificaci¨®n de los mercados agrarios, la aparici¨®n de una agricultura dual y la interdependencia entre agricultura y espaelo rural hacen ineludible la confrontaci¨®n de intereses ante la apertura que propiciar¨¢ el mercado ¨²nico.

En este sentido, el pacto de competitividad que ha anunciado el nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci¨®n, Pedro Solbes, sustentado fundamentalmente en la disminuci¨®nde la poblaci¨®n activa agraria, nos llena de preocupaci¨®n, porque no contribuir¨¢ sino a preservar el statu quo ya existente y con ello a mantener las desigualdades internas que caracterizan al sector.

La acusaci¨®n que argumenta que es antiecon¨®mico pretender una agricultura subsidiada y no competitiva resulta incongruente, ya que es p¨²blico y notorio que el porcentaje mayoritario de las ayudas agrarias se destinan m¨¢s al almacenista que al agricultor, m¨¢s a la multinacional que a la cooperativa. En resumen, m¨¢s al producto que al productor.

Nuestra agricultura se caracteriza todav¨ªa por una notable heterogeneidad econ¨®mica y social, y necesita por tanto de pol¨ªticas que tiendan a corregir los desequilibrios internos apuntados y que impulsen un modelo de competencia basado m¨¢s en criterlos sociales que economicistas para garantizar el asentamiento de la, explotaci¨®n familiar como n¨²cleo prioritario de la producci¨®n b¨¢sica.

Esta realidad exige del Gobierno el establecimiento de medidas, sociales capaces de impedir que ese mercado, actualmente controlado en gran medida por especuladores e intermediarios, expulse al colectivo de los peque?os agricultores de las zonas rurales espa?olas.

En definitiva, la obligaci¨®n moral de nuestros gobernantes pasa por mejorar de manera notable el nivel de eficiencia social de nuestro sector, dot¨¢ndole de estructuras organizativas adecuadas para que la mal llamada eficlencla econ¨®mica no encubra en realidad la aplicaci¨®n de pol¨ªticas conservadoras al socaire de una competencia de mercado que en la pr¨¢ctica se traduce en la concentraci¨®n de la riqueza en los monopolios de las empresas extranjeras que se han introducido con gran profusi¨®n en nuestro sector alimentarlo.

Todas estas consideraciones constituyeron la base de discusi¨®n del II Congreso Federal que la Uni¨®n de Peque?os Agricultores, que Finaliz¨® anteayer en Madrid. Como ya es conocido, con el referente de la multitudinaria manifestaci¨®n de agricultores del 2 de junio de 1990, la UPA elabor¨® la Propuesta Agraria Progresista; el objetivo de este documento era sustentar la apertura de un proceso de concertaci¨®n entre los sindicatos agrarios, el Gobierno central y las Administraciones aut¨®nomas que condujera a la obtenci¨®n de acuerdos concretos con repercusi¨®n presupuestaria.

La alternativa

Fruto de nuestra pr¨¢ctica sindical, dirigida a lograr acuerdos que paliaran el d¨¦ficit social de los peque?os agricultores, han sido las modificaciones introdu.cidas en los decretos de mejora de las estructuras agrarias y del cese anticipado de la actividad agraria. Sin embargo, el problema estructural sigue siendo el m¨¢s serio que padece nuestra agricultura y al que, consecuentemente, hay que dedicar los mayores esfuerzos y los recursos m¨¢s importantes.

En este momento, el contenido de la Propuesta Agraria Progresista no s¨®lo aparece como el cuerpo m¨¢s s¨®lido y visible del sindicalismo progresista espa?ol, sino como la concreci¨®n relvindicativa de una concepci¨®n redistribuidora del mercado. As¨ª pues, continuaremos defini¨¦ndonos por exigir una aut¨¦ntica pol¨ªtica estructural que reequilibre y acerque las condiciones de vida de los peque?os agricultores de nuestro pa¨ªs a las de nuestros hom¨®logos en el norte de Europa.

Esto es, una pol¨ªtica social mucho m¨¢s activa, cuyo basarriento no se encuentre ¨²nicamente en el sostenimiento de los precios institucionales, sino que armonice la necesaria cohesi¨®n entre los aspectos econ¨®micos y los sociales, estableciendo apoyos Enanclieros distintos en funci¨®n de los diferentes tama?os de las explotaciones; es decir, abordando una verdadera y efectiva redistribuci¨®n presupuestaria en el gasto agrario, compatible con la competitividad de nuestra agricultura.

es secretario general de la Uni¨®n de Peque?os Agricultores (UPA-UGT).