Una demanda tratada por jueces distintos, fallada 47 veces a favor y 181 en contra

Los 52 juzgados de primera instancia de Madrid han deparado desigual suerte a las 256 familias de ex polic¨ªas y viudas que la Mutualidad de Previsi¨®n Social del extinto Cuerpo de la Polic¨ªa Nacional pretende desahuciar de los pisos que ocupan. Tanto es as¨ª, que 4,7 familias han sido conminadas a desalojar las casas y a otras 181 se les ha permitido quedarse. La mutualidad present¨® 256 demandas iguales.

Las demandas de desahucio -28 de las cuales est¨¢n pendientes de resoluci¨®n- fueron presentadas a partir de abril de 1990 en los juzgados de la plaza de Castilla. Todas ellas eran iguales: cuatro hojas ciclostiladas en las que se hab¨ªan dejado en blanco huecos para escribir el nombre y direcci¨®n del demandado.La mutualidad pretend¨ªa as¨ª recuperar unos 300 pisos de la colonia de la Polic¨ªa Nacional situada entre la calle de Francos Rodr¨ªguez y la Dehesa de la Villa, y ocupada en la actualidad por agentes jubilados o viudas de polic¨ªas nacionales. La demanda se basaba fundamentalmente en que los pisos estaban destinados, tal y como figuraba en el contrato de arrendamiento, para "funcionarlos en activo del cuerpo". Los ocupantes ya no lo son.

Todas las demandas fueron repartidas, como es preceptivo, por los distintos juzgados de primera instancia. El equipo de abogados de la Federaci¨®n Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) de Madrid se hizo cargo de la defensa de los demandados. El rosario de sentencias comenz¨® en ese momento.

La defensa actu¨® en dos l¨ªneas diferentes. "Una consist¨ªa en alegar que al haber transcurrido 20 a?os desde que las viviendas fueron calificadas como de protecci¨®n oficial ¨¦stas perd¨ªan tal condici¨®n y pasaban a regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por tanto, cab¨ªa la pr¨®rroga forzosa del alquiler", seg¨²n explica Jos¨¦ Antonio Jim¨¦nez, abogado de la FRAV.

Motivos de desestimaci¨®n

En 29 juzgados se tom¨® en consideraci¨®n esta tesis y se dictaron 120 sentencias que desestimaban otras tantas demandas y, por tanto, no conced¨ªan el desalojo. Los motivos de la desestimaci¨®n eran tres fundamentalmente: porque la norma aplicable era la Ley de Arrendamientos Urbanos y no la legislaci¨®n de Viviendas de Protecci¨®n Oficial (VPO) y, por tanto, cab¨ªa la pr¨®rroga forzosa del contrato de alquiler; porque ser polic¨ªa es el motivo del contrato y no la causa, que es la renta que pagan los demandados, y porque la relaci¨®n de empleo del polic¨ªa es con el Estado y no con la mutualidad, con la que el agente s¨®lo se relaciona como mero mutualista.

Sin embargo, 10 jueces interpretaron exactamente lo contrario, tal como alegaban los demandantes, y dictaron 41 sentencias de desalojo.

La otra l¨ªnea de la defensa se basaba en el hecho de que durante 15 a?os no se hab¨ªa presentado demanda alguna, por lo que se consideraba prescrito el plazo para hacerlo. El Tribunal Supremo ya hab¨ªa dictado cinco sentencias en este sentido, sentando as¨ª jurisprudencia.

En 61 casos los titulares de 21 juzgados estimaron esta segunda tesis de la defensa sobre la prescripci¨®n de los hechos, por lo que desestimaron las demandas de la mutualidad. Sin embargo, otros tres juzgados de primera instancia (los n¨²meros 20, 21 y 38), en los que se aleg¨® tambi¨¦n la prescripci¨®n, dictaron seis sentencias en las que se ordenaba el desahucio de otras tantas familias.

El abogado Jos¨¦ Antonio Jim¨¦nez estima que esta divisi¨®n de sentencias es un signo de la independencia judicial, "ya que ha habido interpretaciones diversas de las mismas leyes". Todas las sentencias, las 228, han sido apeladas por una u otra parte.