El pacto de los montes

El Partido Popular y el PSOE han pasado cuatro a?os hablando de la necesidad de un pacto auton¨®mico, y al final qued¨® pendiente hasta despu¨¦s de estas elecciones. En el mandato que ahora termina se han producido hasta tres intentos de llegar a un acuerdo. Pero lo frustraron sucesivamente la crisis de Alianza Popular (luego PP), los acuerdos de ese partido y el CDS contra los alcaldes socialistas y la anticipaci¨®n de las elecciones generales. El momento adecuado nunca dur¨® lo suficiente.

Los Gobiernos que salgan de estas elecciones deber¨¢n, ahora s¨ª, afrontar la reforma de sus competencias, acordar la nueva financiaci¨®n territorial y, muy probablemente, cerrar el mapa de las televisiones auton¨®micas. Al fondo siempre se dejar¨¢ ver una palabra: federalismo.Las comunidades que ahora celebran elecciones suman, entre las 13, un presupuesto de cerca de dos billones de pesetas. Un bill¨®n menos que las otras cuatro, duro arriba o duro abajo. La diferencia entre las competencias de unas y otras es la causa de que Catalu?a, el Pa¨ªs Vasco, Galicia y Andaluc¨ªa administren m¨¢s de la mitad de la tarta.

Estas circunstancias han sido abono de reIvindicadores y regionalistas, que han obtenido esca?os auton¨®micos merced al apoyo de una buena parte de los electores (Partido Aragon¨¦s, Uni¨®n Mallorquina, Uni¨®n Valenciana, Agrupaciones Independientes Canarias, Extremadura Unida, Partido Regionalista de Cantabria ... ). Incluso algunos barones auton¨®micos de los dos grandes partidos han peleado por ese espacio pol¨ªtico.

As¨ª lo hizo Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar cuando era presidente de Castilla y Le¨®n, quien propuso la reforma de su estatuto; y una iniciativa semejante naci¨® desde Asturias, donde gobernaba el socialista Pedro de Silva. Posteriormente, aunque s¨®lo mediante declaraciones y sin abrir una batalla, se mostraron acordes con esa idea Joaqu¨ªn Leguina (Madrid), Jos¨¦ Bono (Castilla-La Mancha), Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra (Extremadura) y Carlos Collado (Murcia).

El Gobierno de Aznar aprob¨® una propuesta de reforma del estatuto y con ella se defini¨® la pol¨ªtica de Alianza Popular (luego PP). En cambio, el PSOE ha discrepado durante todos estos a?os, merced a una de las resoluciones de su 31? congreso. La asamblea socialista decidi¨® que la ampliaci¨®n de competencias auton¨®micas siguiese la v¨ªa del art¨ªculo 150 de la Constituci¨®n: es decir, el Estado transfiere o delega sus competencias mediante una ley org¨¢nica (como se hizo en 1981 para ampliar los techos de la Comunidad Valenciana y de Canarias). De esta forma, la iniciativa corresponde al Gobierno, y es el Gobierno el que decide qu¨¦ se debe transferir.

El PP, por el contrario -coincidiendo con los partidos regionalistas-, defiende la reforma de los estatutos. De ese modo, la iniciativa corresponde a los Gobiernos regionales, y ellos son los que fijan las materias de discusi¨®n.

As¨ª que el acuerdo resultaba dif¨ªcil.

En este proceso resulta clave ahora la reuni¨®n que mantuvieron en Toledo el pasado septiembre los principales barones socialistas de las regiones con menor desarrollo auton¨®mico (entre ellos, Bono, Rodr¨ªguez Ibarra, Joan Lerma, De Silva y Carlos Collado). Todos ellos elaboraron una ponencia que obtendr¨ªa despu¨¦s el respaldo del 32? Congreso del PSOE. Ese texto no establece una v¨ªa ¨²nica para la ampliaci¨®n, sino que permite cualquiera de las dos. Parad¨®jicamente, la anterior postura fue defendida repetidamente por Joaqu¨ªn Almunia, que ya no es ministro para las Administraciones P¨²blicas. El camino ha quedado, pues, libre de obst¨¢culos reales o imaginarios.

?Qu¨¦ es lo que las comunidades aut¨®nomas de techo m¨¢s bajo quieren tener que no tengan ya? Principalmente, la competencia sobre dos terrenos de gran responsabilidad de gesti¨®n y enorme presupuesto: la sanidad (el Insalud) y la educaci¨®n. No obstante, los traspasos sanitarios ofrecer¨¢n problemas, porque llevar¨¢n aparejadas dificultades financieras (las que ahora soporta el Estado). Adem¨¢s, algunos Gobiernos reclamar¨¢n competencias en recursos hidr¨¢ulicos y ordenaci¨®n del territorio.

El mapa televisivo

El actual reparto del gasto p¨²blico da a la Administraci¨®n central cerca de un 61% de ese poder; a las comunidades, casi un 22%, y a los ayuntamientos, un 17%. El horizonte que se plantea el PSOE establece un reparto del 50% para el Estado y un 25% para cada una de las otras administraciones. La reforma de los estatutos dar¨¢ probablemente a las regiones -en la primera etapaun 27% o 28% global, por lo que posteriormente ¨¦stas deber¨¢n ceder competencias a los municipios.

Despu¨¦s de la sanidad y la educaci¨®n, uno de los servicios m¨¢s golosos a los que aspiran estas comunidades es el tercer canal de televisi¨®n. Las primeras en obtenerlo ser¨¢n probablemente Arag¨®n y Murcia, que ya han iniciado las gestiones. Despu¨¦s, seg¨²n fuentes socialistas, seguir¨¢n todas las dem¨¢s, "porque ya se ha demostrado que no tienen por qu¨¦ suponer un gasto y que pueden resultar rentables". Los principales problemas t¨¦cnicos -y de costes- se presentar¨¢n en Canarias, por las caracter¨ªsticas geogr¨¢ficas del archipi¨¦lago.

Durante la negociaci¨®n, se hablar¨¢, seg¨²n prev¨¦n las diversas partes, sobre la tendencia a la federalizaci¨®n. No obstante, en Espa?a el proceso resultar¨¢ muy peculiar. Los Estados federales se han formado tradicionalmente a partir de unas soberan¨ªas inferiores. En cambio, la Constituci¨®n espa?ola se?ala que la soberan¨ªa recae en el conjunto del pueblo espa?ol. Se trata, pues, de una soberan¨ªa ¨²nica ya desde el origen.

Financiaci¨®n

Igualmente, en el Estado federal las soberan¨ªas previamente existentes forman una organizaci¨®n superior que ejerce unas funciones iguales en cada territorio; y a su vez los Estados originarios tienen unas competencias comunes entre s¨ª. El caso de Espa?a tampoco es ¨¦se. No parece previsible, por ejemplo, que Andaluc¨ªam se plantee una polic¨ªa auton¨®mica.

El Pa¨ªs Vasco y Navarra disfrutan, por otro lado, de un sistema peculiar de financiaci¨®n. En s¨ªntesis, se trata de que esas comunidades recaudan los impuestos de sus ciudadanos y luego le entregan una parte al Estado por los gastos de ¨¦ste en esos territorios (el cupo y la aportaci¨®n). En el resto de: Espa?a ocurre al rev¨¦s: el Estado recauda y luego entrega a las regiones la parte que les corresponde. En el primer caso, la responsabilidad de la gesti¨®n recae en las Haciendas auton¨®micas. En el segundo, todos dependen de la capacidad recaudatoria. del Ministerio de Hacienda. Queda pendiente de ver si Catalu?a, principalmente, aprovecha esta reforma auton¨®mica para intentar una modificaci¨®n de su sistema de ingresos.

El PSOE prev¨¦ que el punto de partida para las negociaciones sea el debate auton¨®mico proramado para el oto?o en el Senado. Esta vez, el calendario impone un tope: el final de a?o. En efecto, en enero ha de renovarse el acuerdo sobre financiaci¨®n auton¨®mica suscrito en 1986 para este quinquenio. El nuevo pacto financiero quedar¨¢ en esta ocasi¨®n muy ligado a las nuevas necesidades de las regiones. As¨ª pues, la foto del segundo gran acuerdo auton¨®mico -el primero se Firm¨® en julio de 1981 - estar¨¢ revelada en las Navidades.