Jueces para la Democracia denuncia abusos de las grandes empresas contra los consumidores

La asociaci¨®n progresista Jueces para la Democracia dedicar¨¢ su sexto congreso -que se celebra esta semana en Logro?o bajo el lema Mercado, derecho y jueces- a la necesidad de proteger a los consumidores y usuarios frente a las pr¨¢cticas abusivas de las grandes compa?¨ªas. Un documento preparado para ese encuentro denuncia las condiciones de los contratos que se imponen al ciudadano, los privilegios que se conceden los bancos y otras entidades y el fraude de la publicidad. Frente a estos abusos, reclama el orden econ¨®mico constitucional y propone modos jur¨ªdicos de imponerlo.

Jueces para la Democracia ha elegido por primera vez en su historia tras cinco congresos, un tema aparentemente ajeno a las cuestiones de pol¨ªtica judicial y m¨¢s pr¨®ximo a los problemas de los ciudadanos. La direcci¨®n de esta asociaci¨®n explica este viraje en la conveniencia de comprobar los principios democr¨¢ticos se articulan en la sociedad y se remueven los obst¨¢culos que impiden el acceso al bienestar y si en la realidad "el Estado social lo es o se queda en un Estado de Derecho tantas veces injusto".El documento parte de que m¨¢s del 70% de los asuntos que entran en un juzgado civil afectan a consumidores y usuarios frente a grandes compa?¨ªas. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial pretende que se dedique a esa materia menos del 10% de un trabajo que ofrece una media de 2.000 casos resueltos al a?o. Tal actitud conecta con lo se?alado por el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Miguel ?ngel Aparicio, para quien la ineficacia judicial es una necesidad estructural de que la justicia funcione "lo suficientemente mal como para que no ocupe espacios pol¨ªticos y sociales en los que ir¨ªa en contra de las necesidades del sistema".

Para acabar con esta situaci¨®n de juez bur¨®crata que resuelve cuantos m¨¢s asuntos mejor, el documento propone apoyarse en la Constituci¨®n y en la econom¨ªa social de mercado. Propone tambi¨¦n un juez que se niegue a hacer interpretaciones que repugnen al m¨¢s elemental sentido de la justicia y la moralidad.

Para ello se recuerda que el art¨ªculo 51.1 de la Constituci¨®n impone tal defensa a los poderes p¨²blicos y que el art¨ªculo 9.2 les ordena promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo sean reales y efectivas. El documento mantiene la ineludible obligaci¨®n del juez de proteger los intereses de la parte m¨¢s d¨¦bil y en posici¨®n desigual.

A la hora de concretar la situaci¨®n de inferioridad de los ciudadanos, el documento resalta las condiciones generales de los contratos que les imponen las grandes empresas de forma unilateral. El poder judicial ha de intervenir, dice el documento, "para restablecer la igualdad y el equilibrio mediante los instrumentos de derecho imperativo que el orden p¨²blico econ¨®mico constitucional pone en sus manos", muy especialmente la "nueva sensibilidad" de los jueces y tribunales.

Una primera propuesta de reformas legislativas plantea que las asociaciones de consumidores puedan impugnar con car¨¢cter general las cl¨¢usulas abusivas, que el empresario vencido en juicio no pueda utilizarlas de nuevo y que los efectos de las sentencias que anulen tales cl¨¢usulas se extiendan a los otros afectados, aunque no hayan sido parte en la causa.

Cl¨¢usulas impuestas

Jueces para la Democracia resalta la creciente indefensi¨®n de los consumidores ante las constantes incitaciones a consumir efectuadas por medio de una publicidad agresiva y omnipresente pensada m¨¢s para influir que para informar". Seg¨²n esta ponencia, existen normas legales que permiten proteger el derecho del consumidor a obtener una informaci¨®n veraz, sobre todo si el juez las interpreta "conforme a la realidad social". Tambi¨¦n se considera de la m¨¢xima importancia que los notarios cumplan el precepto que les obliga a "informar a los firmantes de las escrituras del significado de las cl¨¢usulas que propone una de las partes", y que por lo general son "contratos de adhesi¨®n".

Los contratos bancarios y de financiaci¨®n constituyen casos frecuentes de utilizaci¨®n de unos servicios necesarios para situaciones tan normales como las de cobrar una n¨®mina, comprar un coche o adquirir una vivienda. En teor¨ªa, las entidades crediticias act¨²an seg¨²n las reglas de la libre competencia, pero en la pr¨¢ctica existe una fuerte interconexi¨®n -a trav¨¦s, por ejemplo, del Consejo Superior Bancario- que provoca la existencia de pr¨¢cticas homog¨¦neas abusivas y potenciadas por campa?as agresivas, como la de la supercuentas.

Entre las cl¨¢usulas abusivas destaca el llamado "pacto de liquidez", que consiste en que el banco fija unilateralmente el saldo a pagar.