La tragedia de un espa?ol en Chile

La hija de un espa?ol asesinado por los servicios secretos de la dictadura de Pinochet en 1976 present¨® una querella ante un tribunal chileno por la muerte de su padre, Carmelo Soria. "Quiero justicia", afirm¨® Carmen Soria, fot¨®grafa de 31 a?os, de nacionalidad chilena y espa?ola. En 12 l¨ªneas, el informe de la comisi¨®n sobre los atropellos durante el r¨¦gimen militar entre 1973 y 1990 relata este caso.

Soria fue secuestrado por agentes de la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (Dina), quienes despe?aron su coche para que pareciera una muerte accidental. La v¨ªctima, un republicano refugiado en Chile, hijo de Arturo Soria, era funcionarlo de las Naciones Unidas y militante del Partido Comunista Espa?ol.Una ex colaboradora de la Dina declar¨® a la comisi¨®n haber o¨ªdo a dos agentes jactarse de matar a Soria. Uno de ellos, Ricardo Lawrence, oficial de carabineros, oblig¨® a Soria a beber una botella de pisco. "Despu¨¦s le metimos en el auto y le despachamos".

Soria es uno de los cinco espa?oles muertos por agentes estatales durante el r¨¦gimen militar. La querella pide reabrir el proceso de este caso, que fue sobrese¨ªdo en 1979 como un homicidio por terceros no "reconocidos". La familia Soria tuvo que abandonar Chile en septiembre de 1976, despu¨¦s de ser amedrentada y de que la Dina detuviera a un pariente y a un amigo, desde entonces desaparecidos.

"El Gobierno espa?ol debe sumarse a la querella", pide Carmen Soria. Ella acudi¨® a la justicia chilena como un acto de civilizaci¨®n, y si no, "?a qui¨¦n?", pregunta. La ley de amnist¨ªa dictada por el Gobierno militar, que cubre el periodo de la muerte de Soria, no impide investigar, dice.

Escepticismo

"Es ins¨®lito que en la democracia todos los violadores de los derechos humanos est¨¦n libres y todav¨ªa haya presos pol¨ªticos", comenta Carmen Soria esc¨¦ptica. Este escepticismo es ampliamente compartido en medios judiciales. En 15 meses de Gobierno democr¨¢tico no hay ning¨²n responsable de atropellos procesado, condenado o en la c¨¢rcel, se?al¨® Carlos Margotta, jefe jur¨ªdico de la comisi¨®n chilena de Derechos Humanos. Un agente reconocido por testigos como miembro del grupo que secuestr¨® a un periodista acribillado a tiros, que estaba procesado, .fue liberado por decisi¨®n de la Corte Suprema.El informe sobre los derechos humanos dado a conocer en marzo por el presidente, Patricio Aylwin, permiti¨® saber la verdad. Pero las organizaciones de familiares de las v¨ªctimas critican la impunidad de los criminales. El Gobierno, que responsabiliza al Poder Judicial y a la Corte Suprema, exhorta a los tribunales a cumplir con su misi¨®n, y anunci¨® el env¨ªo al Parlamento de una reforma de la justicia.

Los l¨ªmites de una transici¨®n en la cual el ex dictador conserva la jefatura del Ej¨¦rcito explican tambi¨¦n la impunidad como precio de un proceso estable. La democracia no resiste a 1.000 o 2.000 militares en la c¨¢rcel, indic¨® un alto funcionario. Antes de dejar la presidencia, Pinochet advirti¨® que si tocaban a sus hombres se acababa el Estado de derecho.

En una declaraci¨®n que caus¨® pol¨¦mica, Aylwin afirm¨® que "la experiencia de algunos pa¨ªses latinoamericanos revela c¨®mo el empe?o por obtener una plena sanci¨®n del pasado pone en peligro la estabilidad del sistema institucional". Fuentes gubernamentales sostienen que habr¨¢ justicia en los casos m¨¢s connotados, pero en 15 meses de democracia todav¨ªa no ha llegado.