Desaz¨®n

LAS CR?TICAS de los socialistas andaluces al juez M¨¢rquez, instructor del caso Juan Guerra y ahora del caso Morillo, no han tenido la virulencia que impregn¨® la campa?a orquestada por la caverna contra el juez Manglano, instructor del caso Naseiro. Pero carecen igualmente de base, son profundamente injustas y muestran la desaz¨®n con que desde las instancias de poder se contempla la independencia de los jueces.Desde los sectores del PSOE se ha tildado la actuaci¨®n del juez M¨¢rquez de inquisitorial, desmesurada y lenta. Pero es el caso que el modelo procesal espa?ol es fundamentalmente inquisitivo y otorga al juez instructor amplias facultades para la investigaci¨®n del delito. M¨¢s bien habr¨ªa que exigirle que las ejerciera si hubiera hecho dejaci¨®n de tales facultades. De otro lado, es absurdo imputar a un juez en concreto uno de los defectos m¨¢s caracter¨ªsticos del funcionamiento de la justicia: su exasperante lentitud.

Hay motivos, por supuesto, para el desconcierto ante la contradicci¨®n de casos como los de Juan Guerra y Naseiro, tramitados por el llamado procedimiento abreviado, que aligera los tr¨¢mites procesales, y que, sin embargo, siguen todav¨ªa abiertos sin que acaben de someterse al dictamen de los tribunales. Pero puede ocurrir que ello sea debido en parte a su evidente complejidad y a las dificultades encontradas en su investigaci¨®n. En todo caso las instancias de poder deber¨ªan tentarse dos veces la ropa antes de aventurarse por el camino de la cr¨ªtica a las actuaciones de los jueces: tal actitud puede ser f¨¢cilmente catalogada como una injerencia, cuando su deber consiste m¨¢s bien en colaborar con la justicia.

En el caso Morillo, ¨²ltima derivaci¨®n conocida del caso Juan Guerra, parece apreciarse, a pesar de la inicial reacci¨®n de la ejecutiva sevillana del PSOE, un cambio de actitud. La postura del consejo de gobierno de la Junta de Andaluc¨ªa, que preside el socialista Manuel Chaves, ha sido en este caso b¨¢sicamente correcta. Al aceptar la dimisi¨®n del delegado en Sevilla de la Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n, Francisco Morillo, el consejo de gobierno de la Junta ha adoptado la decisi¨®n que pol¨ªticamente correspond¨ªa, y que, adem¨¢s, era administrativamente congruente. De esta forma, el proceso abierto a este alto funcionario de la Junta, que aparece implicado en supuestos delitos de prevaricaci¨®n y de falsedad en documento p¨²blico en relaci¨®n con la concesi¨®n de licencias de m¨¢quinas tragaperras en 1987 -y de los que el juez M¨¢rquez ha hallado indicios con ocasi¨®n de la investigaci¨®n del caso Juan Guerra-, quedar¨¢ a cubierto de cualquier sospecha de injerencias externas.

En todo caso, actuaciones como las de los jueces M¨¢rquez y Manglano son merecedoras del mayor reconocimiento, y deber¨ªan tener el m¨¢ximo apoyo por parte de todas las instancias sociales y pol¨ªticas. Son una prueba de que el sistema no est¨¢ inerme ante la posible corrupci¨®n, y de que es capaz de reaccionar y de depurar las responsabilidades de quienes hacen un mal uso de los bienes p¨²blicos o ejercen en provecho propio funciones representativas.