Derechos de pesca

DESDE LA entrada en vigor, en 1988, de la Merchant Shipping Act -ley del Parlamento brit¨¢nico que endurece las condiciones para el registro de buques-, los armadores espa?oles que faenan tradicionalmente en aguas brit¨¢nicas estaban empe?ados en una batalla legal de fuerte contenido econ¨®mico con las autoridades del Reino Unido. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. (CE), con sede en Luxemburgo, acaba de resolver el conflicto de acuerdo con los intereses de los annadores espa?olles.El dictamen del Tribunal de Luxemburgo supone, en primer lugar, reafirmar la prevalencia del derecho comunitario sobre el nacional de cada pa¨ªs miembro, algo que ya se sab¨ªa, pero que era dificil de entender en el Reino Unido, cuya tradici¨®n afirma que "la Corona nunca se equivoca, y tampoco su poder delegado, el Parla¨ªnento". Ello explica el desconcierto producido en algunos medios brit¨¢nicos ante el hecho ms¨®lito -es la primera vez que tal cosa sucede- de que una instancia supranacional ariule una ley propia. SI bien las reacciones institucionales han sido de respeto por la decisi¨®n del tribunal comunitario y de aceptaci¨®n de sus consecuencias, entre ellas la posible indemnizaci¨®n a los armadores espa?oles por el paro forzoso en que han permanecido durante m¨¢s de dos a?os. En realidad, cor responde a los tribunales brit¨¢nicos el m¨¦rito de haber planteado la contradicci¨®n entre la Merchant Shipping Act y el derecho comunitario, aunque, con posterioridad, la Comisi¨®n Europea tambi¨¦n interviniese de cificio en el pleito. Pero el dictamen del Tribunal de Luxemburgo tiene, de otro lado, un indudable efecto pol¨ªtico: refuerza el proceso de la unidad europea en curso al clarificar los criterios de interpretaci¨®n del Tratado de Roma en un sector esencial para la econom¨ªa de los Doce, y al mismo tiempo conflictivo, como el de la pesca.

La ley brit¨¢nica hab¨ªa recibido un primer varapalo hace un a?o al ser provisionalmente suspendida por el propio Tribunal de Luxemburgo, que ahora ha acordado anularla definitivamente por conculcar los principlos comunitarios de libre establecimiento y circulaci¨®n de personas y mercanc¨ªas. En el caso de los armadores espa?oles, principalmente gallegos, establecidos en el Reino Unido, la Merchani. Shipping Act supuso, ni m¨¢s ni menos, un cambio unilateral, con efectos retroactivos, de las condiciones legales que pennitieron su establecimiento en territo?o brit¨¢nico muchos a?os antes, principalmente a partir de 1983. Precisamente, la aplicaci¨®n de los nuevos requ¨ªsitos supuso un grave quebranto econ¨®mico para muchos de los annadores espa?oles, obligadosa malvender sus barcos o a mantenerlos amarrados en los puertos.

El dictamen del Tribunal de Luxemburgo supone dar v¨ªa libre a la actividad de un centenar de pesqueros, que facturan m¨¢s, de 11.000 millones de pesetas al a?o, dan trabajo a 1.200 tripulantes y generan 6.500 empleos indirectos en Espa?a.

Pero, sobre todo, es una muestra de la eficacia del derecho comunitario y del buen funcionamiento de sus mecanismos de aplicaci¨®n en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea.