Garz¨®n considera que la Ley de Seguridad Ciudadana contiene "aberraciones jur¨ªdicas" y es "inconstitucional"

Baltasar Garz¨®n, titular del Juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, calific¨® ayer en un curso sobre narcotr¨¢fico de "inconsitituc¨ªonal" el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo texto solicit¨® que sea retirado o modificado dadas sus "aberraciones jur¨ªdicas". Garz¨®n y el fiscal antidroga, Jos¨¦ Aparicio, coincidieron en denunciar las lagunas que a¨²n ofrece la legislaci¨®n espa?ola sobre el narcotr¨¢fico, como la ausencia de tipificaci¨®n del delito de blanqueo y de alternativas a la prisi¨®n para los drogadictos que delinquen. Ambos juzgaron m¨¢s necesario reforzar la prevenci¨®n que la penalizaci¨®n, as¨ª como incorporar a la legislaci¨®n convenios internacionales ya suscritos.

El magistrado, en una sesi¨®n del curso sobre narcotr¨¢fico de la Universidad Complutense celebrado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), calific¨® ayer de "aberraci¨®n jur¨ªdica" el art¨ªculo del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que permite a los agentes entrar en un domicilio sin autorizaci¨®n ante un "flagrante" delito de narcotr¨¢fico. Garz¨®n estima que con esto se pretende trasvasar competencias del ¨¢mbito policial al policial y posibilitar la entrada en domicilios ante meras sospechas, lo que "se confunde por flagrante", y por ello defendi¨® que sea un juez quien medite si debe permitir o no dicha irrupci¨®n. Garz¨®n asegur¨® que esta ley, por su enfoque meramente represivo, no resolver¨¢ el problema de la droga que tiene planteado Espa?a.Tambi¨¦n critic¨® el magistrado las multas para el consumidor en p¨²blico de drogas que prev¨¦ la futura ley, e ironiz¨® que "algunos deber¨¢n delinquir para poder pagarlas". Garz¨®n, como Aparicio, reclam¨® una pol¨ªtica real de prevenci¨®n del consumo con medidas educativas, y sociales, por entender que el consumidor es el eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil del narcotr¨¢fico.

Eslab¨®n m¨¢s d¨¦bil

Coincidieron ambos en la inoperancia de la figura legal que permite suspender la pena a un delincuente toxic¨®mano para que se someta a rehabilitaci¨®n, dados los innumerables requisitos que se exigen, como que la pena no supere los dos a?os y no sea reincidente. El magistrado abog¨® por medidas de libertad vigilada o cualquier otra f¨®rmula imaginativa. Garz¨®n censur¨® el fracaso del sistema penitenciario frente al drogadicto, por estimar que lejos de rehabilitarlo lo margina m¨¢s, y cifr¨® en 1.152 los muertos previstos por consumo de droga para este a?o, lo que supondr¨ªa un incremento sustancial frente a los 690 de 1990, seg¨²n indic¨®. No obstante, Baltasar Garz¨®n, que ha llevado casos de la envergadura en este ¨¢rea como la Operaci¨®n Mago contra los capos gallegos y contra la mafia turca, se declar¨® totalmente opuesto a la legalizaci¨®n de la venta de drogas. Posici¨®n que justific¨® en que las experiencias acometidas en este terreno en otros pa¨ªses se han visto fallidas toda vez que provocaron un incremento del consumo. A su juicio, tampoco evita esta medida que sigan operando las mafias del narcotr¨¢fico.Garz¨®n reclam¨® que se regule la figura del arrepentido, de tal manera que se establezcan, con car¨¢cter general, los beneficios que estas personas pueden obtener de la justicia por aportar datos que permitan desmantelar las estructuras para las que trabajaban.

Igualmente, el titular del juzgado de n¨²mero cinco de la Audiencia Nacional, se mostr¨® partidario de que se regule la figura de las "entregas vigiladas" de droga, para que ¨¦stas no se conviertan nunca en delitos provocados por los propios agentes.

Garant¨ªas a los bancos

Por su parte, Aparicio record¨® que se debe incorporar al C¨®digo Penal antes de 1993 la directiva aprobada en Junio pasado por los ministros de Econom¨ªa comunitarios. Este documento prev¨¦, entre otras cosas, dar garant¨ªa legal a los bancos de que las informaciones que faciliten a las autoridades competentes, incluso por propia iniciativa ante una operaci¨®n con indicios de ser un blanqueo de dinero del narcotr¨¢fico, no constituyan nunca una violaci¨®n de las obligaciones impuestas por contrato o por cualquier disposici¨®n legal, reglamentaria o administrativa y, por lo tanto, no implicar¨¢n para estas entidades, o sus empleados, ninguna responsabilidad.Aparicio tambi¨¦n solicit¨® que se instituya el decomiso cautelar de bienes de narcotraficantes, medida hoy s¨®lo posible como pena. Igualmente, reclam¨® para los fiscales la investigaci¨®n de los casos de narcotr¨¢fico. Respecto del secreto bancario, afirm¨® que debe supeditarse a valores superiores como la salud y la vida. Tambi¨¦n critic¨® que la ley no defina qu¨¦ cantidad de droga puede considerarse para consumo propio, y cu¨¢l para venta, lo que ha generado una contradictoria jurisprudencia. El Fiscal antidroga tambi¨¦n apel¨® a que se incorpore a la legislaci¨®n espa?ola el texto de la Convenci¨®n de Viena, de 1988, que regula con detalle cuanto se refiere al narcotr¨¢fico y, en especial, al blanqueo de capitales. "Los convenios se firman para cumplirlos", indic¨® Jos¨¦ Aparicio.