Violencia, informaci¨®n y poder

La autov¨ªa que debe comunicar Navarra con Guip¨²zcoa ha entrado en una nueva fase de debate tras el pacto encaminado a modificar su contenido, establecido entre el diputado general de Guip¨²zcoa y la Coordinadora Antiautov¨ªa Lurraldea."Todo proyecto es discutible", se ha dicho. Pero esta reflexi¨®n nos obliga a una serie de reflexiones sobre la discusi¨®n y la decisi¨®n pol¨ªticas.

?stas han de llevarse a cabo someti¨¦ndose a unas reglas de juego, que son: no se puede introducir un elemento contradictorio con el principio de libertad de los dem¨¢s; se ha de respetar la diferencia que existe entre los niveles privado y p¨²blico de la discusi¨®n; se ha de acatar el principio de la mayor¨ªa.

La introducci¨®n de la violencia es una grav¨ªsima transgresi¨®n a la primera regla, la de respeto a la libertad de los dem¨¢s. Son culpables ETA, autora material de la violencia, pero tambi¨¦n HB, como partido pol¨ªtico, y la coordinadora, como asociaci¨®n ciudadana, que se parapetan en la violencia de ETA para imponer su proyecto. Y dejamos de lado, por ahora, la consideraci¨®n de si el proyecto que se impone es el originario de la coordinadora u otro, que sale del pacto con el diputado general. En ambos casos se tratar¨ªa de una decisi¨®n pol¨ªtica causada por la violencia.

Cuando la coordinadora pretende que la decisi¨®n ha de adoptarse por acuerdo entre las instituciones y ella, confunde los planos privado y p¨²blico, lo que le lleva a la transgresi¨®n de la segunda regla de la decisi¨®n democr¨¢tica. Como cualquier otro acto de administraci¨®n, el proyecto de autov¨ªa es discutible por cualquiera -individuo o colectivo- en virtud del principio de libertad de opini¨®n y de expresi¨®n. Pero las decisiones sobre proyectos p¨²blicos deben ser adoptadas por las instituciones competentes. Hay, por tanto, dos campos distintos: el privado, que no conduce directamente a la toma de decisiones; el p¨²blico, o campo en el que las decisiones se toman. En un sistema de partidos son ¨¦stos los que canalizan el flujo entre ambos campos.

La transgresi¨®n a la tercera regla se produce cuando, dentro de las instituciones, no se respeta el principio mayoritario. De esta transgresi¨®n es culpable HB. En democracia se debe hacer compatible el gobierno de la mayor¨ªa con el respeto a la minor¨ªa. Pero el respeto a la minor¨ªa consiste en la garant¨ªa de los derechos individuales y el mantenimiento del estatuto de la oposici¨®n, como pieza del sistema. Por el contrario, ante actos concretos de Gobierno y de Administraci¨®n es la mayor¨ªa la que decide.

La segunda y la tercera de estas reglas no son absolutas. Aun conservando los principios de decisi¨®n institucional y mayoritaria, puede ser oportuno, en ocasiones, extender el acuerdo, bien a mayor¨ªas institucionales mas amplias (incluso a la unanimidad), bien a grupos sociales no institucionales. Esto se produce durante la fase de discusi¨®n, de modo que, en la fase de decisi¨®n, puedan integrarse las voluntades dentro de un amplio consenso. La voluntad disidente -sobre todo si se trata de una asociaci¨®n ciudadana- puede plantearse, adem¨¢s, el conflicto moral entre el acatamiento al derecho y la expresi¨®n pac¨ªfica de disidencia, incluso por medio de actos de desobediencia civil, aceptando en este caso las consecuencias de sus actos, incluso la justa reacci¨®n coactiva de las instituciones.

Pero nada de esto ocurre en el caso de la autov¨ªa, porque de lo que efectivamente se ha tratado es de una presi¨®n violenta para alterar los cauces democr¨¢ticos de decisi¨®n. Con esta transgresi¨®n de las reglas no se debe pactar. La decisi¨®n mayoritaria -tras ampl¨ªa busca de consenso- est¨¢ tomada y debe ser inmodificable. Es sof¨ªstica la argumentaci¨®n de que se puede llegar a una soluci¨®n pactada porque HB ha manifestado que, de todos modos, acatar¨¢ el resultado. En efecto, al pacto se llegar¨ªa parapetados en las muertes y las amenazas de ETA: luego es claro que se producir¨ªa un triunfo de los violentos. Para que se produzca, por una parte, la derrota de la violencia, y, por otra, la deseada conversi¨®n de HB, es preciso justamente lo contrario: que el proyecto democr¨¢tico se mantenga y que HB acate, en minor¨ªa, la decisi¨®n mayoritaria.

Tampoco la actitud de la coordinadora puede englobarse dentro del conflicto moral propio de la desobediencia civil. En primer lugar, porque su reflexi¨®n ecol¨®gica y medioambiental se ha parapetado en la violencia de ETA, que, desde luego, es mucho m¨¢s polucionante que una autov¨ªa. Pero, en segundo lugar, porque la soluci¨®n de compromiso adoptada finalmente nada tiene que ver con sus aparentemente insobornables postulados sobre el medio ambiente. Con lo que queda manifiesto que no eran principios ¨¦ticos lo que le mov¨ªan, sino meramente un servicio a la violencia pol¨ªtica de ETA. Esta despreciable hipocres¨ªa es incompatible con la altura moral exigible para que los actos de desobediencia civil sean respetables.

Hay un aspecto central que queda por analizar: la actitud del PNV, que pacta y apoya a HB en el cambio de proyecto.

La clave est¨¢ en la reflexi¨®n que este partido hace, expl¨ªcita o impl¨ªcitamente, sobre el poder. Podr¨ªamos resumirla del modo siguiente: el poder, que es informaci¨®n, debe conducir a un nuevo ejercicio de hegemon¨ªa. El defecto de esta argumentaci¨®n est¨¢ en que, en el nuevo ejercicio de la hegemon¨ªa incluye una residual utilizaci¨®n de la violencia.

En primer lugar: el poder es informaci¨®n. El PNV llega a su conclusi¨®n desde una pretendida monopolizaci¨®n del conocimiento de la evoluci¨®n de HB. Que, en el fondo, sea s¨®lo descubrir que el secreto de la esfinge era que no ten¨ªa secreto poco importa. La informaci¨®n monopolizada es el ¨²nico argumento no confrontable que le permite arg¨¹ir que son ellos los que saben lo que va a pasar en HB y en ETA. Pero de ah¨ª no cabe deducir lo que es correcto hacer. Porque, si de las dos hip¨®tesis contradictorias de los ignorantes -que HB no quiere dejar de apoyar la violencia y que HB quiere dejar de apoyar la violencia (*)- se deduce la misma conclusi¨®n -no cabe aceptar una soluci¨®n pactada con la violencia- el que monopoliza la informaci¨®n, cuando acepta pactar con HB, o bien comete un error, o bien tiene un objetivo distinto del pacto de los partidos democr¨¢ticos (pacto de Ajuria Enea).

El PNV, mediante el instrumento del monopolio de la informaci¨®n, pretende un incremento en el ejercicio de su hegemon¨ªa. Pactar con HB tras este objetivo no es, en este caso, un simple error. Tiene un objetivo inmediato: eliminar al partido de Garaikoetxea como competidor; aceptar al PSE como adversario entre nacionalismo y no nacionalismo (tambi¨¦n, por hoy, en posici¨®n secundaria al PP); entrar en liza con una HB que depusiera las armas, para dirigir la estrategia nacionalista. La batalla es t¨¦cnicamente correcta; se trata de decidir qui¨¦n manda en el nacionalismo y si el nacionalismo se impone. Pero como, para este ¨²ltimo objetivo, la violencia es un elemento que divide radicalmente a, los ciudadanos, es preciso que HB (si no ETA) se aparte de esta pr¨¢ctica.

Aqu¨ª est¨¢ el mal paso del PNV. Su conocimiento de que en HB hay importantes fuerzas que quieren dejar la violencia, y su decisi¨®n de fortalecer esta tendencia, no le pueden llevar a la paradoja de atribuir a los violentos un ¨²ltimo triunfo como ser¨ªa el reconocer su fuerza para conseguir la modificaci¨®n del proyecto institucional. Podr¨ªamos concluir, incluso, se?alando que, dado que su informaci¨®n privilegiada ha cegado al PNV cuando ha pactado con HB, la actitud verdaderamente funcional para conseguir el objetivo de que HB abandone las armas es la seguida por el resto de los partidos democr¨¢ticos: con su oposici¨®n al cambio de proyecto, demostrar que la democracia se impone sobre la violencia y que es mejor, incluso, que no haya autov¨ªa a que la haya cediendo ante los violentos.