Espa?a legalizar¨¢ a un m¨¢ximo de 100.000 extranjeros antes de cerrar las puertas en 1992

Las autoridades espa?olas est¨¢n dispuestas a legalizar a un contingente de 100.000 extranjeros, como m¨¢ximo, durante el actual proceso de regularizaci¨®n de inmigrantes ilegales, que termina el 10 de diciembre pr¨®ximo. Durante este periodo, la polic¨ªa est¨¢ limitando las detenciones y se ha frenado el fuerte ritmo de expulsiones. Sin embargo, la situaci¨®n actual es transitoria: el Gobierno est¨¢ decidido a volver a la mano dura en 1992. Sus servicios jur¨ªdicos preparan nuevas sorpresas para facilitar la expulsi¨®n autom¨¢tica de los extranjeros descubiertos sin los papeles en regla.

Oficialmente, no existe un contingente establecido de 100.000 personas a legalizar. Pero ¨¦sa es la cifra que todos manejan en privado, desde la Administraci¨®n a las organizaciones de asistencia a los extranjeros. Hay que tener en cuenta que los legalizados pueden reclamar a sus familiares directos -c¨®nyuge e hijos-, lo cual puede llevar hasta 300.000 el n¨²mero de extranjeros que deber¨ªa admitir la econom¨ªa espa?ola y sus sistemas sanitario y educativo, en un plazo de dos a tres a?os, en el supuesto de que se regularizara a los que ya estaban aqu¨ª antes del 15 de mayo.Esta previsi¨®n, unida a los 400.000 extranjeros que residen legalmente en Espa?a, proporciona "elementos de inquietud" con vistas al futuro. Las organizaciones asistenciales se preguntan d¨®nde van a vivir los legalizados y sus familias: la regularizaci¨®n no establece el acceso a viviendas sociales, por ejemplo. Mientras, al Gobierno le preocupa c¨®mo integrar a tantas personas sin que eso se convierta en un problema pol¨ªtico y electoral.

Todas las indagaciones realizadas entre las autoridades de inmigraci¨®n ofrecen id¨¦ntico resultado: hay voluntad real de sacar a la luz a los actuales colectivos de trabajadores extranjeros que residen de forma ilegal en nuestro pa¨ªs, siempre que tengan trabajo o posibilidades ciertas de obtenerlo. Pero esta apertura termina el 10 de diciembre. Despu¨¦s se reforzar¨¢n las medidas para el cierre de fronteras y la exigencia de visados, as¨ª como la vuelta a la pol¨ªtica de expulsiones.

Mientras transcurre el plazo de gracia, un peque?o ej¨¦rcito de inmigrantes ilegales, principalmente norteafricanos, sigue intentando introducirse en Espa?a. Tratan de aprovechar la oportunidad de obtener permisos de trabajo y residencia, al amparo del actual proceso abierto por el Gobierno espa?ol. No tienen derecho a ello, estrictamente, porque la regularizaci¨®n s¨®lo alcanza a los que demuestren haber entrado en Espa?a antes del 15 de mayo. Pero la miseria en que se mueven y la acci¨®n de los traficantes que les traen no est¨¢ coordinada con los plazos del Gobierno espa?ol.

Las cifras que maneja el Ministerio del Interior estiman que la admisi¨®n de 100.000 ilegales resuelve el actual problema, porque representa el colectivo de irregulares que se encontraba en Espa?a al iniciarse la regularizaci¨®n.

Otros estudios, encargados por el Ministerio de Trabajo, calculaban el n¨²mero de ilegales en 170.000, seg¨²n se recog¨ªa en la comunicaci¨®n del Gobierno al Congreso de los Diputados que sirvi¨® de base a la regularizaci¨®n. Organizaciones no gubernamentales, entre ellas los grupos cat¨®licos de apoyo a la inmigraci¨®n, afirman, por su parte, que esta cifra es mucho m¨¢s alta.

55.000 peticiones

Lo cierto es que las oficinas del Instituto de Emigraci¨®n se han visto desbordadas: est¨¢n registrando entre 1.500 y 2.000 peticiones diarias, y en fechas punta de julio y agosto alcanzaron las 3.000 peticiones en un d¨ªa.

Espoleados por las deportaciones masivas del pasado a?o y las actuales facilidades, 55.000 ?legales han acudido ya a las oficinas de Emigraci¨®n. Pero hasta primeros de septiembre, el Gobierno hab¨ªa entregado s¨®lo 9.264 tarjetas de residencia y trabajo a otros tantos extranjeros. La Polic¨ªa ha retenido millares de expedientes, a la espera de comprobar las documentaciones. Hay, 1.300 solicitantes a los que se ha descubierto antecedentes policiales y otros 2.000 que s¨®lo han justificado la venta ambulante como medio de vida.

Los ¨²ltimos incidentes en la costa sur, con la detecci¨®n de barcas cargadas de marroqu¨ªes que pretend¨ªan entrar clandestinamente en Espa?a, son s¨®lo una muestra de la persistencia del problema.

Existen otras rutas de penetraci¨®n a trav¨¦s del Algarve portugu¨¦s, cuya costa se encuentra menos vigilada y las construcciones dejan espacios libres mucho mayores. Algunos inmigrantes marroqu¨ªes usan tambi¨¦n los pasos de la frontera pirenaica para trasladarse desde Francia a Espa?a.

Frontera portuguesa

El Gobierno est¨¢ intentando cerrar con Portugal un acuerdo parejo al que ya existe con Francia y que permite la devoluci¨®n de los extranjeros ilegales al pa¨ªs por el que han entrado. De hecho, se observa una seria preocupaci¨®n por la actual permeabilidad de las fronteras portuguesas, que se han convertido en una ruta muy utilizada tanto por marroqu¨ªes como por personas de sus ex colonias africanas. Es tambi¨¦n otra de las rutas detectadas para la entrada de chinos y la actual invasi¨®n de dominicanas.

Los marroqu¨ªes constituyen casi la mitad del contingente de personas que tratan de regularizar su situaci¨®n antes del 10 de diciembre. Pouos de entre ellos utilizan la ayuda de las organizaciones cat¨®licas, que tutelan, en cambio, a latinoamericanos, filipinos, polacos y algunos centroafricanos. La Asociaci¨®n de Solidaridad con Trabajadores Inmigrantes (ASTI), dirigida por Antonio Mart¨ªnez y perteneciente a la Iglesia cat¨®lica, ha ayudado a m¨¢s de 2.000 personas a presentar la documentaci¨®n, s¨®lo hasta primeros de septiembre. El ¨¢rbol de dicha organizaci¨®n cat¨®lica es la mayor protecci¨®n posible: consiguen el 90% de los permisos que solicitan.

Por otra parte, la comisi¨®n de migraciones de IU consider¨® ayer "poco alentadores7 los resultados del proceso de regularizaci¨®n de inmigrantes hechos p¨²blicos hasta ahora.