El Gobierno opta por la expulsi¨®n de extranjeros con delitos menores

El Gobierno busca f¨®rmulas para introducir cambios legales que permitan la expulsi¨®n r¨¢pida de los extranjeros detenidos por delitos menores. "Actualmente, es m¨¢s f¨¢cil expulsar a un trabajador sin documentos que a un delincuente", se?ala un alto funcionario del Ministerio del Interior. Ello no es ¨®bice para que la comisi¨®n encargada de regularizar a los ?legales est¨¦ dispuesta a admitir a inmigrantes incluso con antecedentes policiales, si estos ¨²ltimos se refieren s¨®lo a no tener la documentaci¨®n en regla.

El alcance de la reforma consiste en convertir en autom¨¢tica la expulsi¨®n del peque?o delincuente, en lugar de dejarla, como ahora, al criterio del juez. Seg¨²n una comunicaci¨®n enviada al Congreso a principios de a?o, el Gobierno hab¨ªa apreciado "una cierta reticencia por parte de los jueces" a hacer uso del art¨ªculo 21 de la ley de extranjer¨ªa, que permite a aquellos decretar la expulsi¨®n del extranjero detenido, como medida sustitutoria de la condena, en los casos de delitos menos graves.El caso de la llamada banda de los peruanos -los saqueadores de autopistas en la costa catalana- es paradigm¨¢tico. Cincuenta de los 110 presuntos miembros de esta organizaci¨®n fueron detenidos m¨¢s de veinte veces cada uno, entre 1987 y 1990, pero no pudieron ser expulsados al tener diligencias judiciales pendientes. Entre ellos hab¨ªa tambi¨¦n chilenos, argentinos, portugueses y de otras nacionalidades, pero el peruano Walter Ra¨²l Toledo Villanueva ostentaba la marca, con 77 detenciones, seguido de Enrique Contreras Salas, con 63.

Trabajadores aparte

Cuando los delitos son menores, lo normal es que el juez correspondiente decrete la libertad provisional. As¨ª, las bandas dedicadas a la peque?a delincuencia pueden funcionar a lo largo de varios a?os. S¨®lo en este ¨²ltimo verano, cuando el esc¨¢ndalo de la banda de los peruanos en Catalu?a se hizo may¨²sculo, los fiscales de Barcelona lograron un acuerdo de diversos juzgados para hacer posible la expulsi¨®n de un contingente de aquellos: pero las primeras detenciones databan del a?o 1987.

El Ministerio del Interior, que impulsa la conveniencia de automatizar m¨¢s la facultad de expulsi¨®n, cuenta en este tema con bastante apoyo de Justicia. El 20% de la poblaci¨®n penitenciaria espa?ola es extranjera; las c¨¢rceles est¨¢n saturadas y tampoco hay suficientes centros para internamiento de extranjeros a la espera de expulsi¨®n, por lo que tampoco les interesa orientar la reforma hacia el mantenimiento en Espa?a -aunque sea entre cuatro paredes- de todos los que sean detenidos por cometer delitos, salvo que sean graves.

Las autoridades que controlan el proceso aseguran que las medidas contra delincuentes no deber¨ªan provocar el miedo de los trabajadores ilegales respecto a la actual regularizaci¨®n. "Todos aquellos extranjeros que realmente sean inmigrantes, es decir, que obtengan sus medios de vida de su trabajo, deben confiar en que podr¨¢n regularizar su situaci¨®n", afirma Raimundo Arag¨®n, director del Instituto Espa?ol de Emigraci¨®n.

El ¨¦xito de la regularizaci¨®n no depende tanto de problemas derivados de la inseguridad ciudadana, como del n¨²mero de empresarios que est¨¢n dispuestos a reconocer que tienen extranjeros a su servicio.

Seg¨²n un alto funcionario de la comisi¨®n coordinadora de la regularizaci¨®n, un n¨²mero importante de empleadores, cercano a los 40.000, han respaldado las peticiones de los 55.000 extranjeros que han presentado ya su solicitud.

Organizaciones de asistencia a los inmigrantes denuncian, no obstante, la existencia de otros empresarios que no quieren reconocer esa relaci¨®n laboral, sin lo cual el inmigrante no puede salir de la clandestinidad.

Condiciones abusivas

Consultado sobre las condiciones laborales de los inmigrantes, el director del Instituto de Emigraci¨®n afirma, que "el empleo de trabajadores extranjeros con salarios inferiores a los pactados, sin afiliar a la Seguridad Social o en condiciones laborales abusivas, es una situaci¨®n insostenible", y recuerda que el Parlamento ya fij¨® el criterio de que, una vez terminado el proceso de regularizaci¨®n, "'ser¨¢ inviable mantener una actividad empresarial basada en el empleo irregular de trabajadores extranjeros".