Un lujo llamado vivienda
Hace tiempo que hemos llegado al indeseable punto de asociar la vivienda con un art¨ªculo de lujo a juicio del autor. Algunas de las soluciones que ¨¦l aporta son: construcci¨®n de viviendas sociales, suelo suficiente y modificaciones fiscales.
No se puede catalogar una sociedad como desarrollada si no se cumple con su funci¨®n de facilitar un aceptable nivel de prestaciones en ¨¢reas como vivienda, educaci¨®n, sanidad, adem¨¢s de asegurar una amplia y suficiente cobertura a los colectivos m¨¢s desfavorecidos.La vivienda es un bien b¨¢sico de primera necesidad, al que toda la poblaci¨®n tiene derecho (art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n espa?ola). En la actualidad, se reconoce por la mayor¨ªa, aunque algunos se han resistido m¨¢s de la cuenta, como muy serio el problema que supone para una gran parte de la poblaci¨®n acceder a una vivienda digna, tanto en r¨¦gimen de propiedad como en el de alquiler, lleg¨¢ndose al indeseable punto de asociarla con un art¨ªculo de lujo.
En el periodo 1985-1989, fruto de la pol¨ªtica utilizada, se ha producido un importante aumento en la construcci¨®n d e las viviendas denominadas como libres -sin l¨ªmite en el precio de venta-, dirigidas a un reducido segmento de la poblaci¨®n denominado como demanda solvente, que, posteriormente, en una buena parte se han utilizado con fines especulativos. A la vez, la construcci¨®n de viviendas de protecci¨®n oficial (VPO), tanto de iniciativa p¨²blica como privada, disminu¨ªda alarmantemente, dejando a una franja de la poblaci¨®n sin posibilidad de conseguir alojamiento. Este proceso de concertaci¨®n de la oferta en viviendas libres ha provocado un incremento de los precios hasta niveles que hay que catalogar, sin duda, como escandalosos (18 millones de pesetas de media en una ciudad).
Paralelamente, en 1985 se aplicaba en el mercado de viviendas de alquiler el decreto Boyer, que, con la te¨®rica finalidad de ampliar el parque de viviendas destinadas a esta modalidad y posterior disminuci¨®n de los precios gracias al aumento de la oferta, derogaba la pr¨®rroga autom¨¢tica de los contratos de arrendamiento. El resultado ha sido totalmente diferente; la existencia de viviendas disponibles ha disminuido, excepto en el caso de los locales para oficinas, y los precios se han disparado. Pero adem¨¢s, hay que a?adir otro efecto: la permanente inseguridad de los arrendatarios, que todos los a?os tienen que luchar para renovar un contrato, a costa de aumentos injustificados.
Ante las grandilocuentes declaraciones que se leen y escuchan ¨²ltimamente, es preciso recordar que esta rechazable realidad es consecuencia de, la desacertada pol¨ªtica desarrollada por los sucesivos Gobiernos del PSOE, al amparo de criterios que consideran la vivienda como un bien de inversi¨®n, olvid¨¢ndose de su componente social, y que se ha aplicado utilizando como ¨²nico instrumento la libre asignaci¨®n del mercado.
Las consecuencias negativas son m¨²ltiples; algunas muestras son: las dificultades insalvables de los j¨®venes para independizarse aunque encuentren trabajo, las deseconom¨ªas generadas en las ciudades motivadas por los largos desplazamientos a los puestos de trabajo, el desarraigo social al tener que vivir en ciudades dormitorio, el exceso de tr¨¢fico o la insuficiencia de infraestructuras econ¨®micas y sociales.
Ante la precaria e insoportable situaci¨®n acumulada, no es factible aplicar tan s¨®lo parches, es necesario modificar la pol¨ªtica utilizada, desarrollando una alternativa basada en el concepto de alojamiento frente al de inversi¨®n. En este sentido se orientan las alternativas contenidas desde 1988 en la Propuesta sindical prioritaria, y que b¨¢sicamente se centran en cinco apartados: construcci¨®n de viviendas sociales, disponibilidad del suelo suficiente para poder construirlas, modificaciones en la fiscalidad de modo que se concentre en gastos directos -m¨¢s eficientes, con posibilidades de discriminar selectivamente, no beneficiando a las rentas m¨¢s elevadas-, derogaci¨®n del decreto Boyer y discusi¨®n de una Ley de Arrendamientos y destino de m¨¢s recursos, en mejores condiciones, a la financiaci¨®n de las viviendas.
Aunque todos los apartados son importantes, y dada la imposibilidad de tratarlos en tan breve espacio, har¨¦ hincapi¨¦ en la importancia de desarrollar una pol¨ªtica que prionce la construcci¨®n de las suficientes viviendas sociales para cubrir todas las necesidades pendientes.
Parque p¨²blico
La soluci¨®n para los diferentes personas que necesitan una vivienda no pasa tan s¨®lo por la construcci¨®n de VPO en r¨¦gimen de venta. El elevado coste real de la construcci¨®n (alrededor de nueve millones de pesetas un piso de 90 m2) conlleva pagos mensuales m¨ªnimos de 110.000 pesetas, condici¨®n que excluye del mercado a una extensa franja de demandantes, que en ning¨²n caso se pueden catalogar como marginados.
Para atender a este colectivo es necesario desarrollar otras alternativas. Una de ellas puede ser la creaci¨®n de un parque p¨²blico de viviendas en r¨¦gimen de alquiler o usufructo, disponible a precios razonables y gestionado por las diferentes administraciones, previa disposici¨®n del suelo suficiente. Esta soluci¨®n, que se a?adir¨ªa a la construcci¨®n de VPO dirigidas a su venta -preferentemente promovidas por cooperativas-, tiene varias ventajas, entre otras, la existencia permanente de un surtido de viviendas destinadas a personas con ingresos insuficientes para acceder & la compra de una VPO y abaratar los arrendamientos al ampliar la oferta disponible de pisos con precios m¨¢s bajos.
Por otra parte, desde la ¨®ptica sindical no se olvida que la construcci¨®n residencial es una actividad econ¨®mica que genera riqueza. El sector construcci¨®n tiene un gran peso en la producci¨®n espa?ola, incorporando, adem¨¢s, un amplio efecto multiplicador en el resto de los ramas productivas, aspecto que repercute en el nivel global de empleo. Es, por ello, de especial importancia que mantenga una elevada tasa de actividad. Los datos disponibles para 1990 manifiestan un claro descenso de la construcci¨®n residencial de viviendas libres (-15% de obra iniciada). Parece, por tanto, que el componente libre potenciado en los a?os anteriores -se renunci¨® hace muchos a?os a la construcci¨®n de VPO- se est¨¢ agotando paulatinamente.
La cercan¨ªa de las elecciones municipales y auton¨®micas despert¨® s¨²bitamente la consciencia de los gobernantes acerca del grave problema social acumulado. Su soluci¨®n pod¨ªa estar m¨¢s cercana si, como se reclama desde hace dos a?os, se hubieran negociado las alternativas contenidas en el apartado n¨²mero 10 de la Propuesta sindical prioritaria. Aplicando el refr¨¢n "Nunca es tarde si la dicha es buena", hay que congratularse de la plena, aunque tard¨ªa, actualidad del problema, si consigue que los responsables gubernamentales apliquen la voluntad pol¨ªtica suficiente para atacar sus verdaderas causas modificando la pol¨ªtica utilizada.
Dando como buena esta premisa, no se debe olvidar que para articular las acciones se necesita tomar en consideraci¨®n la amplitud y complejidad del problema; de otro modo, puede suceder que las soluciones propuestas se muestren m¨¢s efectistas que efectivas. Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta la especial repercusi¨®n que tiene este cap¨ªtulo en la cuantificaci¨®n final de los ingresos percibidos por los trabajadores, es de suma importancia la apertura, en el menor plazo posible, de una mesa de negociaci¨®n en la que los sindicatos puedan aportar detalladamente las iniciativas contenidas en el apartado n¨²mero 10 de la PSP.
La construcci¨®n de las viviendas sociales necesarias (VPO en r¨¦gimen de: venta y parque p¨²blico de viviendas en r¨¦gimen de alquiler o usufructo) cumplir¨ªa con el doble objetivo de paliar las necesidades acumuladas y ayudar a mantener el nivel de actividad del sector constructor.
La puesta en pr¨¢ctica del conjunto de propuestas, que incluyen tanto el apartado de vivienda en propiedad como en alquiler, demostrar¨ªa, en contra de la pol¨ªtica utilizada y las justificaciones esgrimidas posteriormente por sus te¨®ricos, que es posible compatibilizar la satisfacci¨®n de una necesidad b¨¢sica para todos los ciudadanos como es acceder a una vivienda, a la vez que se potencia la actividad del sector constructor, y por ende, el crecimiento de la econom¨ªa espa?ola.
La elecciones han pasado; es momento de demostrar si existe realmente la voluntad pol¨ªtica de solucionar el problema, o si, por contrario, el inter¨¦s mostrado no era m¨¢s que un gancho con fines exclusivamente electorales.
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