Un dilema sindical

LA AUTORREGULACI?N del derecho a la huelga es uno de los aspectos principales que contemplan las actuales negociaciones entre el Ministerio para las Administraciones P¨²blicas y los sindicatos. Forma parte del empe?o por la mejora y modernizaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica y entronca con el convencimiento que comienza a ser compartido por las centrales sindicales- de la necesidad de encontrar f¨®rmulas que eviten los importantes perjuicios que producen las continuas huelgas salvajes en dichos servicios. En Renfe, por ejemplo, cuyas huelgas han puesto con frecuencia en una situaci¨®n insostenible al usuario del transporte por ferrocarril, se intent¨® hace tiempo encontrar f¨®rmulas reguladoras del derecho constitucional de huelga que permitieran compatibilizar su ejercicio con la sensata asistencia a los usuarios.La iniciativa actual, esbozada al hilo de las negociaciones que mantienen la Administraci¨®n y los principales sindicatos del sector (CC OO, UGT, CSIF y ELA), tiene mayor alcance. Si se logra un acuerdo afectar¨¢ a cerca de 700.000 trabajadores de la Administraci¨®n civil del Estado, pertenecientes a sectores tan fundamentales como Sanidad, Educaci¨®n y Correos. Pero su importancia radica, sobre todo, en la influencia decisiva que puede tener para la soluci¨®n global y razonable de los efectos que provoca el ejercicio desaforado del derecho de huelga en los servicios p¨²blicos, tanto en la sociedad como en la propia econom¨ªa nacional.

El que este tipo de propuestas comiencen a formar parte del paquete negociador entre sindicatos y gestores p¨²blicos es una prueba de que ambas partes son conscientes de los riesgos que corren si no logran minimizar en lo posible los da?os sociales originados por los conflictos en el sector p¨²blico. Los gestores deben propiciar un modelo de relaciones laborales que incluya f¨®rmulas pactadas con las organizaciones de los trabajadores, para evitar la sistem¨¢tica obstaculizaci¨®n de la prestaci¨®n de los servicios encomendados. Los sindicatos deben asumir, por su parte, con rigor los l¨ªmites del sentido com¨²n, el que sugiere no trasladar intransigentemente a los usuarios las discrepancias salariales o de gremio. Un sindicalismo responsable no puede permanecer impasible ante el perjuicio inferido a las clases populares, que son, precisamente , las m¨¢s afectadas por este tipo de huelgas.

La propagaci¨®n de la tesis de que las organizaciones sindicales son anacr¨®nicas en el final del siglo depende, en buena medida, de la capacidad de respuesta de las organizaciones de los trabajadores. El dilema es claro: o los sindicatos se adelantan con propuestas razonables y equilibradas y comprometen a gobernantes y gestores p¨²blicos en su puesta en pr¨¢ctica o habr¨¢ quienes, m¨¢s bien pronto que tarde, impondr¨¢n la regulaci¨®n restrictiva del derecho de huelga con la probable comprensi¨®n de una opini¨®n p¨²blica martirizada peri¨®dicamente.