Desde la c¨¢rcel

LA CONSOLIDACI?N de la econom¨ªa de la droga en Espa?a no s¨®lo supondr¨ªa una grave amenaza para la salud p¨²blica, con sus efectos terribles de muerte y de enfermedad sobre la poblaci¨®n adicta. Tambi¨¦n constituir¨ªa un serio peligro para las instituciones p¨²blicas a causa del inmenso poder de corrupci¨®n que la caracteriza. Las circunstancias en las que se desarrolla la estancia del presunto narco Laureano Oubi?a en la c¨¢rcel son una muestra, que no convendr¨ªa minusvalorar, de este poder corruptor frente al que no hay que bajar la guardia si se quiere evitar que se instalen en estos pagos pr¨¢cticas y conductas que han hecho estragos en pa¨ªses de las dos riberas del Atl¨¢ntico.Seg¨²n el Ministerio de Justicia, el ingreso en prisi¨®n de este presunto jefe del narcotr¨¢fico en Galicia, al que la DEA norteamericana ha se?alado como uno de los individuos clave en el negocio del hach¨ªs en Europa, no ha sido obst¨¢culo para que pudiera seguir dirigiendo personalmente sus negocios. Ello ha sido posible por la situaci¨®n de privilegio -permanencia continuada en la enfermer¨ªa bas¨¢ndose en dudosos dict¨¢menes m¨¦dicos, correspondencia clandestina, contactos telef¨®nicos...que ha podido gozar en la c¨¢rcel desde el momento de su detenci¨®n, en junio de 1989, en el marco de la Operaci¨®n N¨¦cora, dirigida por el juez Garz¨®n contra los narcotraficantes gallegos.

El Ministerio de Justicia; por su parte, ha intentado poner coto a esta situaci¨®n expedientando a los funcionarios de prisiones sobre los que recaen las sospechas de haber ayudado al presunto narcotraficante e incomunicando a ¨¦ste, de acuerdo con el art¨ªculo 10 de la Ley General Penitenciaria, que contempla el aislamiento de presos¨ª de "peligrosidad extrema".

Precisamente, la aplicaci¨®n de este art¨ªculo -que ya fue utilizado cautelarmente en 1985 contra el grupo de maf losos que se hallaban presos entonces en Espa?a: Ochoa, Rodr¨ªguez Orejuela, Badalamenti, Bardellino, entre otros que, a la postre, todos ellos, han logrado burlar a la justicia- ha suscitado un contencioso entre ¨¦l Ministerio de Justicia y la juez de vigilancia peniteciaria n¨²mero 2 de Madrid que s¨®lo beneficia al presunto narcotraficante. La juez ha levantado por dos veces la incomunicaci¨®n de Oubi?a por considerar que no estaba suficientemente fundamentada, y el Ministerio de Justicia ha alertado al fiscal general del Estado sobre la posibilidad de que, gracias a la decisi¨®n judicial, el presunto narcotraficante vuelva a dirigir sus negocios desde la prisi¨®n.

Sin duda, un conflicto as¨ª ser¨ªa ininteligible desde la sola perspectiva de la aplicaci¨®n formal de la norma. Cuando est¨¢n por medio personajes tan poderosos como los acusados de manejar el narcotr¨¢fico, conviene extremar al m¨¢ximo las cautelas legales, aunque s¨®lo sea por criterios de eficacia. Pero al mismo tiempo habr¨ªa que huir en estos casos de una aplicaci¨®n ingenua de la norma que no tuviera en cuenta la capacidad econ¨®mica y social de tales personajes para defenderse ante la justicia con todos los medios legales e incluso no legales.

El caso del narcotraficante colombiano JorgeLuis Ochoa es un precedente que no debe olvidarse: la firme voluntad del Gobierno espa?ol de entregarlo a Estados Unidos en lugar de a Colombia, como era deseo del detenido, nada pudo frente a la bien montada y millonariamente engrasada m¨¢quina de expertos en derecho y en relaciones p¨²blicas que el narcotraficante puso en marcha cuando fue detenido en Espa?a en noviembre de 1984. A la postre, el jefe del cartel de Medell¨ªn fue entregado por la justicia espa?ola a Colomb¨ªa, y con ello se consum¨®, como se tem¨ªa, su impunidad frente a los cargos criminales que pesaban contra ¨¦l. La cultura de la droga, en su vertiente econ¨®mica, crea poderes paralelos cuya capacidad de influencia en los legalmente establecidos,no es exclusiva de un solo. pa¨ªs, ni siquiera del nivel de desarrollo nacional en el que se desenvuelven. El pasado viernes, un magistrado napolitano decidi¨® poner en libertad a seis maflosos de la Camorra, condenados a cadena perpetua, bas¨¢ndose en una escrupulosa y poco asumible interpretaci¨®n legalista.