El fiscal del Estado ordena perseguir con m¨¢s rigor las infracciones laborales

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres Boursault, ha dado instrucciones a todos los fiscales para perseguir infracciones contra el orden social, en coordinaci¨®n con las autoridades laborales, a fin de evitar accidentes de trabajo y terminar con la doble incriminaci¨®n que frecuentemente se produce con actuaciones administrativas y en v¨ªa penal. Para Torres Boursault, "no cabe la actitud fatalista o resignada de considerar los accidentes de trabajo el precio a pagar por el incremento de la riqueza y el progreso".El fiscal del Estado considera "una lamentable realidad" el alto nivel de siniestralidad laboral que viene produci¨¦ndose y asegura que los resultados da?osos para la vida y la integridad f¨ªsica de los trabajadores no deben atribuirse al riesgo impl¨ªcito de toda actividad laboral. "Si bien es cierto que el riesgo es inmanente a la prestaci¨®n de trabajo, a diferencia de otras actividades de ocio en las que el riesgo es asumido voluntariamente, en estos supuestos el riesgo es pr¨¢cticamente obligado para el trabajador".

Por ello, el fiscal general encarece a los fiscales que siempre que se produzcan resultados lesivos examinen detenidamente si obedecen a comportamientos negligentes por no realizarse la actividad laboral cumpliendo las medias de seguridad establecidas.

Seg¨²n el documento de la Fiscal¨ªa, cuando se produzcan infracciones laborales que puedan ser constitutivas de delito, la Administraci¨®n trasladar¨¢ el expediente al Ministerio Fiscal y se abstendr¨¢ de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia o el caso sea archivado.

Los fiscales deber¨¢n reunirse trimestralmente con las autoridades laborales estatales y auton¨®micas para dise?ar un plan que evite la doble incriminaci¨®n, administrativa y penal. Cuando los fiscales reciban los expedientes de las autoridades de Trabajo, iniciar¨¢n las investigaciones. En el caso de que se desvanezcan los indicios de delito y se produzca el archivo, lo notificar¨¢n a las autoridades laborales a fin de que ¨¦stas puedan continuar el expediente sancionador.

Semestralmente, las fiscal¨ªas deber¨¢n remitir al fiscal general la relaci¨®n de diligencias sobre delitos contra el orden social, especificando el estado de las mismas, as¨ª como la sentencia o resoluci¨®n que ponga fin al proceso. En 1990 se registraron en Espa?a 696.703 accidentes de trabajo, de ellos 1.446 con resultado de muerte.