Una meta posible con la colaboraci¨®n de todos

Durante las ¨²ltimas semanas se han producido en Espa?a diversas reacciones ciudadanas contra el peque?o tr¨¢fico de drogas y, m¨¢s concretamente, contra la impunidad del mismo. Dichas reacciones han revestido, unas veces, forma de manifestaciones pac¨ªficas, y otras, por desgracia, han exteriorizado preocupantes signos de violencia que deben ser evitados en todo Estado de derecho.Ello ha originado una fulminante reacci¨®n, si bien luego moderada, en algunos sectores de nuestra clase dirigente, que han fijado su atenci¨®n en lo peligroso de tales conductas, conect¨¢ndolas en muchos casos con los sentimientos de racismo y xenofobia.

Quiz¨¢s ser¨ªa bueno meditar con serenidad sobre un tema que preocupa tanto a los ciudadanos (probablemente el que m¨¢s), y que est¨¢ tan en el candelero que hasta el Congreso de los Diputados ha decido ocuparse monogr¨¢ficamente de ¨¦l.

En primer lugar, debe quedar claro que en un Estado de derecho nadie debe tomar la justicia por su mano, y mucho menos proceder a agresiones colectivas, a linchamientos, conductas en todo caso repudiables, y m¨¢s cuando muchas veces los agredidos no son sino v¨ªctimas; pero si queremos evitar la proliferaci¨®n de tales procederes, no basta con una descalificaci¨®n aprior¨ªstica de los mismos, sino que conviene profundizar en sus causas.

Por lo que respecta a las drogas, hay que decir que es un espect¨¢culo lamentable el comprobar la inmunidad, pr¨¢cticamente absoluta, con que los peque?os traficantes (que en muchas ocasiones, aunque, no en todas" son tambi¨¦n adictos) ejercen su actividad de modo cotidiano. Ello, unido al car¨¢cter ilegal de las sustancias con las que trafican, ha convertido a las mismas en un foco de inseguridad ciudadana, y con ello queremos decir que la padecen los ciudadanos y que la padecen continua y habitualmente. Parece claro que la seguridad de los ciudadanos es un presupuesto inexcusable para el ejercicio de la libertad (no s¨®lo libertad para votar, sino tambi¨¦n para pasear, para mandar con tranquilidad los ni?os a la escuela, etc¨¦tera). Por ello, es obligaci¨®n ineludible de los poderes p¨²blicos poner fin a esta situaci¨®n. Si no se hace, cabe presumir (las leyes sociales son casi tan inexorables como las leyes f¨ªsicas) que alguien, indebidamen te, sustituir¨¢ la labor que debieran realizar los poderes p¨²blicos.

Visi¨®n miope

Entiendo, pues, que, siendo recusables muchas de las manifestaciones ciudadanas que han tenido lugar estos d¨ªas, es una visi¨®n miope e incluso hip¨®crita limitarse a la condena de las mismas.

Indagando en sus razones podemos encontrar las v¨ªas de soluci¨®n. Una primera v¨ªa, que a mi juicio parte de un cierto reconocimiento impotencia, propone la liberalizaci¨®n de las drogas, de tal modo que al ser l¨ªcito su tr¨¢fico no incida negativamente en la seguridad ciudadana. En mi criterio particular, esta posici¨®n no es acertada, pues, si bien la seguridad ciudadana podr¨ªa mejorar, quedar¨ªa gravemente desatendido el fin de la salud p¨²blica.

Cuando en Estados Unidos se aboli¨® la ley seca, el n¨²mero de alcoh¨®licos, de consumo de alcohol y de enfermedades hep¨¢ticas causadas por el mismo se multiplic¨® por m¨¢s de tres. Quiere decirse que tenemos experiencia de los efectos que produce la legalizaci¨®n de sustancias que producen adicci¨®n. Incluso hoy el alcohol y el tabaco, drogas legales, son las que m¨¢s v¨ªctimas producen y las que m¨¢s gastos originan a los sistemas de Seguridad Social de los pa¨ªses occidentales.

?Quiere decirse con ello que por entender mejorar la seguridad ciudadana debemos tolerar que se multiplique (como poco por tres) el n¨²mero de drogodependientes, que se multiplique (como poco por tres) el n¨²mero de familias afectadas por esta epidem¨ªa moderna? A mi juicio, ello deber¨ªa ser tan s¨®lo el ¨²ltimo recurso. Y digo el ¨²ltimo porque antes deben arbitrarse otros que en Espa?a no existen, o que son extremadamente insuficientes, y que hace que la inseguridad ciudadana sea en nuestro pa¨ªs mayor que en otros de nuestro entorno. Y no se diga que el n¨²mero de denuncias es similar o parecido al de otros pa¨ªses, porque lo que sucede es que aqu¨ª la gente, hastiada, ha dejado de denunciar los delitos. Esta inseguridad ciu dadana es la ¨²ltima causa de las manifestaciones y no el racismo que, en alg¨²n caso, puede haber ido asociado a las mismas. Es cierto que, con independencia del problema de las drogas, en nuestro pa¨ªs ha habido recientemente rechazables manifestaciones de racismo, pero no lo es menos que, en la mayor¨ªa de los casos, la actuaci¨®n de los ciudadanos se ha centrado en el problema de las drogas y que la conexi¨®n con el racismo ha sido colateral. En cualquier caso, el racismo, como sentimiento latente en parte de la ciudadan¨ªa (que quiere integrarse y rechaza a los marginales), debe ser desterrado; pero ello exige la separaci¨®n cuidadosa de uno y otro problema.

Impunidad

En mi experiencia e?n la Fundaci¨®n de Ayuda contra la Droga dicci¨®n he tenido oportunidad de comprobar en numerosas ocasiones la convicci¨®n popular de que "el Gobierno est¨¢ a favor de las drogas". De otro modo, argumentan, no se entiende la impunidad y tranquilidad a la que me refer¨ªa al principio. Aunque estoy absolutamente convencido de que el Gobierno est¨¢ en contra de las drogas, lo cierto es que esa convicci¨®n existe en las capas populares de nuestra poblaci¨®n, y ello porque, aunque el Gobierno est¨¢ en contra de las drogas, el sistema no funciona. Y da la impresi¨®n que esa ineficacia es trasunto de desinter¨¦s. El esquema es el:Siguiente: la polic¨ªa ha detenido, y detiene, en numeros¨ªsimas ocasiones a los peque?os trafic¨¢ntes. (25.000, por a?o, seg¨²n la Memoria de la Fiscal¨ªa General del Estado), poni¨¦ndolos a disposici¨®n judicial. Los camellos aparecen ante los jueces (ante quienes comparecen con las garant¨ªas constitucionales propias de un Estado de derecho, garant¨ªas que no deben desaparecer) y se camuflan de consumidores, Y, mientras el consumo de drogas ilegales sea en nuestro pa¨ªs perfectamente legal, el juez no tiene m¨¢s remedio que dejarlos en libertad, con lo que queda consagrada la repetida impunidad.

A mi juicio, es esta la raz¨®n ¨²ltima por la que debe penalizarse no s¨®lo administrativamente el consumo de drogas ilegales y no s¨®lo el consumo p¨²blico, pues en este caso tambi¨¦n ser¨ªa posible el camuflaje a que me refiero. Se trata no tanto de perseguir al consumidor final, al drogodependiente, como de reprimir la actividad del traficante, impidi¨¦ndole que pueda disfrazarse de v¨ªctima (de consumidor) y as¨ª eludir la acci¨®n de la justicia. Es m¨¢s, Espa?a ha suscrito y ratificado el Convenio de Viena de diciembre de 1988, por el que se obliga a incluir en el ordenamiento penal toda la cadena por la que atraviesan estas sustancias, desde el cultivo y la producci¨®n hasta la "tenencia para el consumo". Es verdad que no dice literalmente "consumo", pero la discusi¨®n de la diferencia entre tenencia para el consumo y consumo propiamente dicho me parece un discurso bizantino del mismo jaez que el de discutir sobre el sexo de los ¨¢ngeles.

Si se sanciona todo consumo personal inteligentemente (como hacen otros pa¨ªses) con un abanico de medidas administrativas y penales que permitan distinguir la v¨ªctima del verdugo, la enfermedad del ¨¢nimo de lucro, la peligrosidad social de la individual, etc¨¦tera, podr¨ªa mejorarse sustancialmente la seguridad ciudadana.

En conclusi¨®n:

1. El racismo y la xenofobia son dos peligros¨ªsimos sentimientos que deben ser desarraigados a toda costa en nuestra sociedad, siendo conscientes de que son un sentimiento latente en una g ran parte de la poblaci¨®n. Aunque haya habido una cierta conexi¨®n, la pura apelaci¨®n al racismo para descalificarglobalmente la reacci¨®n de la ciudadama es, repito, una actitud miope.

2. La seguridad ciudadana es una obligaci¨®n inexcusable de los poderes p¨²blicos, y debemos ser conscientes de que si no la ejercitan ellos, si no cumplen con su obligaci¨®n, alguien vendr¨¢ a suplirlos. Para evitar esto, hay que exigir el cumplimiento por parte de aqu¨¦llos.

3. Las drogas, como una de las epidemias m¨¢s graves que padece nuestra sociedad, deben ser. erradicadas por todos los medios (no s¨®lo los represivos, pero tambi¨¦n los represivos), y cuando digo todos los medios me refiero a los asistenciales, a los sanitarios, a los educativos y tambi¨¦n a los penales.

Rehabilitaci¨®n

No hay que olvidar que las drogas son un problema que afecta no solamente a la seguridad ciudadana (aunque lo haga, y muy gravemente), sino que tambi¨¦n afecta a otros bienes jur¨ªdicos como son la salud p¨²blica y privada, el sosiego y la tranquilidad de las familias, etc¨¦tera. Por ello, son necesarias, muy necesarias, las otras medidas adem¨¢s de las penales. Me refiero a que hay que continuar en las tareas de rehabilitaci¨®n y reinserci¨®n de los toxic¨®manos, ampliando los recursos asistenciales, diversific¨¢ndolos y agiliz¨¢ndolos (para acabar con las, desmesuradas listas de espera) de modo que se incremente el n¨²mero de drogadictos en tratamiento y disminuya el n¨²mero de los que est¨¢n en la calle (que son una amenaza, al menos potencial, para el resto de los ciudadanos). Con ello, entiendo, haremos una sociedad no s¨®lamente m¨¢s segura, y por ello m¨¢s libre, sino tambi¨¦n una sociedad menos injusta y m¨¢s solidaria.

Por ¨²ltimo, aunque quiz¨¢s sean las fundamentales, hay que referirse a las medidas preventivas (la prevenci¨®n, ha reconocido recientemente las Naciones Unidas, es la medida m¨¢s importante): hay que informar a los ciudadanos; hay que explicarles con claridad cu¨¢l es la realidad de las drogas; hay que decirles que es infinitamente menos peligroso un drogadicto en tratamiento que un drogadicto que no lo est¨¦ (por ello es absolutamente imprescindible la apertura, con la adquiescencia de los ciudadanos, de m¨¢s y mejores centros de asistencia y tratamiento); hay que formar a nuestra juventud, devolvi¨¦ndoles a los valores la importancia y el puesto que deben tener en toda sociedad civilizada; hay que animar a los ciudadanos a que participen en la lucha contra las drogas, en su casa, en su lugar de trabajo y en el resto de sus actividades sociales, hacerlos llegar el convencimiento de que la erradicaci¨®n de las drogas es una meta que se puede alcanzar, pero que para ello es imprescindible la colaboraci¨®n de todos.