Debate menguante

LA DROGA es, seg¨²n las encuestas de opini¨®n, el problema que m¨¢s agobia a los espa?oles. Quiz¨¢ por ello el tan anunciado debate parlamentario hab¨ªa generado unas expectativas dif¨ªciles de cumplir. El Partido Popular plante¨® como cuesti¨®n previa la comparecencia del presidente del Gobierno. Felipe Gonz¨¢lez no acudi¨® al mismo y los conservadores se consideraron suficientemente legitimados para justificar sus paup¨¦rrimas y represivas propuestas resolutorias. Que el ponente fuese, adem¨¢s, un ministro de Sanidad en complicada situaci¨®n pol¨ªtica por alguna de sus actuaciones al frente de su anterior cargo como responsable de Renfe produjo un debate devaluado.Sin embargo, el movimiento popular surgido en los ¨²ltimos tiempos contra la droga y el cariz socialmente peligroso de algunas de sus manifestaciones hubieran exigido que Parlamento y Gobierno potenciaran al m¨¢ximo la discusi¨®n y que su resultado se hubiera traducido en propuestas efectivas sobre la forma de encarar la situaci¨®n. Pero, a la postre, el debate result¨® no ser tal, sino un mon¨®logo de cada grupo parlamentario. Se expusieron distintos diagn¨®sticos, se aportaron propuestas con vocaci¨®n de originalidad e incluso se aventuraron soluciones, pero no se articul¨® directriz alguna que sirviera de pauta de actuaci¨®n a las Administraciones p¨²blicas para encarar la tragedia de la droga. Y si nada de lo dicho va a tener una inmediata incidencia en la calle, hay que deducir que la discusi¨®n fue fallida y que se desaprovech¨® una ocasi¨®n de oro para tratar de racionalizar un problema proclive a la demagogia, la violencia o la ineficacia.

El debate ha sido tambi¨¦n un exponente del agotamiento de ideas que padecen las fuerzas pol¨ªticas en relaci¨®n con el problema. Y ello es especialmente notable en los casos del partido del Gobierno y del principal de la oposici¨®n. En este sentido llama la atenci¨®n el escaso inter¨¦s por debatir la alternativa de la despenalizaci¨®n, internacional y progresiva, del tr¨¢fico de drogas y el control por los Estados de su proceso productivo y de distribuci¨®n. S¨®lo Izquierda Unida abord¨® esta cuesti¨®n, pero fue una voz en el desierto. El PSOE y el PP parecen estar enzarzados en una espiral represiva, aunque este ¨²ltimo se lleva la palma. Su empe?o en castigar con la c¨¢rcel la adicci¨®n a la droga, imponer arbitrarias sanciones administrativas a los drogodependientes reacios a la rehabilitaci¨®n e, incluso, su propuesta de control judicial de las conductas de los ¨²ltimos -es imposible no ver en los jueces de drogadicci¨®n que propugna el PP un cierto paralelismo con los antiguos jueces de peligrosidad y rehabilitaci¨®n social- sit¨²an a la lucha contra la droga en unas coordenadas exclusivamente represivas.

Los socialistas, por su parte, y al parecer en aras de una rentabilidad electoral a corto plazo, han dado pasos importantes en la misma direcci¨®n. Las sanciones econ¨®micas previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana al consumo p¨²blico de drogas constituyen aut¨¦nticas penas, y si de lo que se trata es de endurecer m¨¢s las del tr¨¢fico de drogas -actualmente pueden llegar en alg¨²n supuesto hasta la reclusi¨®n mayor (entre 20 y 30 a?os de c¨¢rcel)-, ya han anunciado que est¨¢n en ello. La cuesti¨®n es saber si este talante tendr¨¢ alg¨²n efecto disuasorio sobre quienes saben de los riesgos que corren, pero tambi¨¦n de los beneficios que obtienen por su dedicaci¨®n al narcotr¨¢fico.