"Renfe no es m¨¢s que instrumento de ejecuci¨®n de la pol¨ªtica gubernamental"

El ministro de Sanidad, Juli¨¢n Garc¨ªa Valverde, defendi¨® ayer en la Com¨ªsi¨®n de Industria del Congreso la operaci¨®n de compra de terrenos en San Sebasti¨¢n de los Reyes cuando era presidente de Renfe. Estos son algunos de los firagmentos de su discurso, en el que responsabiliza de la operaci¨®n al antiguo Ministerio de Transportes, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de San Sebasti¨¢n de los Reyes y Alcobendas.:"Desde el primer momento que se cuestion¨® esta operaci¨®n solicit¨¦ al Gobierno la puesta en marcha y realizaci¨®n de investigaciones destinadas a aclarar las dudas que pudieran haber surgido sobre los procedimientos utilizados para llevar a cabo ese acuerdo.

Renfe no es m¨¢s que instrumento de ejecuci¨®n de la pol¨ªtica gubernamental, con sujeci¨®n a los recursos puestos a su disposici¨®n.

Se inscriben aqu¨ª las m¨²ltiples actuaciones de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid en el ¨¢mbito de sus competencias, plasmadas en diferentes documentos p¨²blicos, preferentemente de pol¨ªtica territorial y grandes infraestructuras, como el Avance del Plan Estrat¨¦gico de la Zona Norte, de agosto de 1989, y la Propuesta Sindical Prioritaria. Concretamente, en el documento de la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial de esta comunidad, llamado exactamente "Estrategia territorial. Norte Metropolitano", se incluye el acceso a Alcobendas y San Sebasti¨¢n de los Reyes del servicio de cercan¨ªas, con m¨²ltiples explicaciones acerca de la estrategia para su real¨ªzaci¨®n.

Este planteamiento de las instancias auton¨®mica y municipal es, en efecto, el que posibilita la celebraci¨®n de contactos entre las mismas y la Administraci¨®n del Estado, al m¨¢s alto nivel. Pues bien, los referidos contactos culminaron a principios de 1990 en un acuerdo entre la Administraci¨®n del Estado-Ministerio a la saz¨®n de Transportes, Turismo y Comunicaciones, la Administraci¨®n de la Comunidad Aut¨®noma de Madrid y los ayuntamientos, con asistencia tambi¨¦n de m¨ª mismo como presidente de Renfe.

La operaci¨®n urban¨ªstica a desarrollar consist¨ªa, conforme a la estrategia auton¨®mica y municipal, en la compra por Renfe (la cual, por la posibilidad de actuaci¨®n en r¨¦gimen de derecho privado y en las condiciones del mercado inmobiliario, estaba en mejores condiciones para hacerlo) de un cierto volumen de terrenos en el entomo de la futura ubicaci¨®n de las estaciones, a fin de situar al sector p¨²blico en condiciones de conducir la gesti¨®n urban¨ªstica posterior; Renfe, en su momento, ceder¨ªa tales terrenos al municipio para su incorporaci¨®n al patrimonio municipal con destino a la construcci¨®n de viviendas sociales, seg¨²n el programa establecido al efecto; a cambio, Renfir recibir¨ªa del Ayuntamiento los terrenos situados entre la N-I y la nueva variante, con destino urban¨ªstico ya previsto, consistente en usos terciarios, comerciales y de servicios, de equipamiento metropolitano, cuya materializaci¨®n y puesta en mercado habr¨ªa de proporcionar a Renfe los recursos necesarios para completar la inversi¨®n en las obras e instalaciones ferroviarias.

La legitimidad de esta construccion no me parece dudosa y debo suponer que esta C¨¢mara ha de compartir esta posici¨®n. De otro lado, la forma de operar descrita no es musual en modo alguno en el actual panorama de la actuaci¨®n del sector p¨²blico, incluidas las Administraciones.

No estuve al corriente de cada uno de los pasos y de las acciones dirigidos a ejecutar la operaci¨®n, tambi¨¦n lo es que hoy, como consecuencia del debate p¨²blico surgido sobre la cuesti¨®n, est¨¦ informado de los mismos como consecuencia de la reconstrucci¨®n que he efectuado de los hechos. Y, en todo momento, antes, durante y despu¨¦s de las operaciones las aludidas Administraciones no s¨®lo tuvieron informaci¨®n, sino que aprobaron lo hecho.

Esta primera conclusi¨®n permite formularnos ya una primera pregunta: ?C¨®mo es posible que se acuse a Renfe y a su entonces presidente de utilizar informaci¨®n privilegiada o de proceder a la reclasificaci¨®n de terrenos con fines especulativos?

No puede haber uso de informaci¨®n privilegiada alguno, cuando todos los planteamientos que estaban haciendo tanto la Comunidad de Madrid, como los ayuntamientos, eran p¨²blicos desde mucho antes del comienzo de la operaci¨®n de compra de terrenos.

La acusaci¨®n de reclasificaci¨®n no merece distinta o m¨¢s ben¨¦vola calificaci¨®n. Pues es claro para cualquiera que la reclasificaci¨®n es una potestad p¨²blica administrativa, que el ordenamiento s¨®lo atribuye a los municipios y, en alguna medida tambi¨¦n, a las comunidades aut¨®nomas. Renfe carece de cualquier competencia en la mater¨ªa, por lo que mal puede reclasificar; puede, eso s¨ª, pedir que se reclasifique, como lo puede hacer cualquier otro su- jeto de derecho. Consecuentemente, no acierto a comprender c¨®mo se me puede hacer imputaci¨®n alguna, directa o indirecta, relacionada con la reclasificaci¨®n. Equidesa, en cuanto empresa mercantil, pod¨ªa leg¨ªtimamente aspirar, es m¨¢s, deb¨ªa hacerlo, a postular, incluso formalmente, la consecuci¨®n del m¨¢ximo aprovechamiento de su suelo legalmente posible.

En suma, la operaci¨®n no s¨®lo fue plenamente legal, sino perfectamente congruente con los valores y los fines se?alados por la Constituci¨®n al poder p¨²blico. En ella s¨®lo se ha perseguido la mejor y m¨¢s r¨¢pida satisfacci¨®n del inter¨¦s p¨²blico, conforme a demandas sociales reiteradas. Y, desde el punto de vista de la transparencia y de la limpieza de la operaci¨®n, es evidente, por los datos que antes he aportado, que ninguna duda puede empa?arlas, si se la enjuicia retrospectivamente. Cuesti¨®n distinta es la de la conducta de otras terceras personas o empresas, completamente jur¨ªdico-privadas, que intervinieron en las transacciones; conducta que en modo alguno yo puedo prejuzgar, ni en ning¨²n caso puede conducir, retrospectivamente y por contagio, a imputaciones de clase alguna a Renfe o a su empresa filial.

A este respecto me parecen oportunas las siguientes precisiones:

Como resultado de la acci¨®n de la empresa p¨²blica, no se han producido plusval¨ªas injustificadas e ileg¨ªtimas en favor de los particulares-propietarios, ni en las cuant¨ªas que han venido manej¨¢ndose en el debate p¨²blico.

La apariencia de exceso en la plusval¨ªa deriva s¨®lo de la artificial comparaci¨®n entre los ahora conocidos irreales precios consignados por los particulares en sus transacciones previas con el precio real escriturado, cuya consignaci¨®n fue impuesta precisamente por Equidesa.

Los precios medios pagados por Equidesa se mantuvieron siempre dentro de las referencias fijadas por las valoraciones externas, por lo que no hubo un enriquecimiento injustificado de los vendedores.

Las resoluciones de los contratos de arrendamiento se formalizaron siempre en escritura p¨²blica, a pesar de no ser ello necesario, ni habitual, para facilitar m¨¢s todav¨ªa la informaci¨®n de inter¨¦s fiscal sobre las operaciones.

Equidesa, mucho menos a¨²n Renfe, no tiene nada que ver con el comportamiento fiscal de los particulares con los que contrata; comportamiento condenable en su caso, pero incontrolable.

Siempre he defendido, y pienso seguir haci¨¦ndolo, que Administraci¨®n y empresa p¨²blica no tienen y no deben ser sin¨®nimos de burocratismo.e ineficacia. Tambi¨¦n he defendido, y lo seguir¨¦ haciendo, que los gestores con responsabilidad en el sector p¨²blico debemos extraer la m¨¢xima rentabilidad para los ciudadanos de unos recursos que son necesariamente limitados.

Dotar a Alcobendas y San Sebasti¨¢n de los Reyes de transporte ferroviario era y es un objetivo p¨²blico que intentamos alcanzar con el m¨ªnimo coste para el contribuyente,

Desde mi responsabilidad como gestor p¨²blico no puedo, sin embargo, terminar sin se?alar que el juicio que ustedes formulen ser¨¢ sin duda una referencia obligada para todos los gestores p¨²blicos, enfrentados hoy, m¨¢s que en ning¨²n otro momento, al reto de la satisfacci¨®n de demandas sociales acumuladas con recursos p¨²blicos limitados".