Los camioneros y la gente

LOS TRANSPORTISTAS tienen problemas. Pero ni es el suyo el ¨²nico sector que los padece ni su naturaleza es tal que puedan resolverse mediante acuerdos con el Gobierno que ignoren la situaci¨®n del conjunto de la econom¨ªa y los derechos de los consumidores. Si su anunciada protesta produce efectos comparables a los del paro del a?o pasado (y la convocatoria de ahora es m¨¢s extensa) se perjudicar¨¢ gravemente a otros, sectores que tambi¨¦n est¨¢n en delicada situaci¨®n, lo cual dificultar¨¢ a¨²n m¨¢s la posibilidad de un acuerdo razonable. Por ello, y antes de que la din¨¢mica de los acontecimientos se torne incontrolable para las patronales convocantes del paro, se impone una reconsideraci¨®n global de ¨¦ste. El Gobierno ha demostrado su voluntad negociadora moderando el previsto incremento del precio final del combustible, y la patronal CEOE ha realizado un razonable llamamiento p¨²blico a favor de la desconvocatoria. Los responsables del sector adquirir¨¢n una pesada carga ante la sociedad espa?ola y ante sus representados si no son capaces de aprovechar esos factores para organizar una retirada ordenada del peligroso terreno en que est¨¢n a punto de entrar.Y ello porque las cosas no podr¨ªan ser ahora como en 1990. Pocas veces una acci¨®n corporativa suscit¨® una tan un¨¢nime y cerrada animosidad del resto de la sociedad. Aquel paro produjo a la econom¨ªa espa?ola p¨¦rdidas por un importe de 50.000 millones de pesetas. Los problemas de desabastecimiento de mercados como los de Barcelona, Bilbao, Pamplona y otras ciudades, m¨¢s los fen¨®menos de acaparamiento y desorden en la distribuci¨®n, determinaron en buena parte un incremento del ¨ªndice de precios en octubre de 1990 superior en un 100% al del mismo mes del a?o anterior (y en un 50% al de 1991). El retraso en el suministro de combustible y de materias primas oblig¨® a cerrar algunas importantes f¨¢bricas, singularmente del sector de automoci¨®n. Y millones de personas se vieron afectadas por los cortes de carretera, que impidieron circular con normalidad durante 11 d¨ªas.

Todo ello fue soportado, con desconcierto primero y sorda irritaci¨®n despu¨¦s, por unos ciudadanos impotentes ante el abuso cometido. Esa irritaci¨®n no disminuy¨®, sino todo lo contrario, cuando, tras el acuerdo que puso fin al paro, los convocantes difundieron un escrito en el que solicitaban que las "autoridades competentes consideren con la adecuada comprensi¨®n los efectos no deseados del paro".

Justificada indignaci¨®n ante esa hipocres¨ªa que finge ignorar que lo que se buscaba era justamente lo que ocurri¨®: unos "efectos no deseados" que implicasen contra su voluntad al mayor n¨²mero posible de personas con la esperanza de que ello obligase al Gobierno a ceder en los aspectos m¨¢s controvertidos. Pero dif¨ªcilmente las cosas ser¨¢n ahora como entonces. Una de las consecuencias de aquel desastre fue la inclusi¨®n en la legislaci¨®n de normas espec¨ªficamente dirigidas a sancionar a las personas o asociaciones "que provoquen incidentes o alteraciones graves en el funcionamiento de los servicios p¨²blicos". Las asociaciones de consumidores, alertadas por lo que ocurri¨® en 1990, ya han comenzado a reaccionar y plantean que o bien se trata de una huelga, en cuyo caso han de establecerse servicios m¨ªnimos, o de un ?legal cierre patronal, lo cual obligar¨ªa a una intervenci¨®n eficaz de las fuerzas de seguridad.

Los problemas del transporte en Espa?a est¨¢n identificados hace a?os, comenzando por el de su excesiva atomizaci¨®n. De ella deriva su escasa productividad -costes de explotaci¨®n superiores en el 18% a la media de la CE-, y, por tanto, su vulnerabilidad ante la competencia exterior en la perspectiva de la Europa de 1993. El Ministerio de Transportes ha anunciado un plan de reconversi¨®n a negociar con el sector el pr¨®ximo a?o. El hecho de que un porcentaje significativo de los transportistas aut¨®nomos -que suponen a su vez m¨¢s del 85% del total de empresas- se hayan agrupado en una patronal espec¨ªfica (una de las dos convocantes del paro) favorece la posibilidad de un acuerdo. Pero para ello resulta imprescindible la previa aceptaci¨®n de unas reglas del juego civilizadas. Lo cual excluye actuaciones destinadas a forzar la repetici¨®n de una situaci¨®n como la de 1990.