La nueva ley del servicio militar

El servicio militar no es un fin en s¨ª mismo, se trata de un medio para dotar a los ej¨¦rcitos del volumen de tropa marcado por sus exigencias; es s¨®lo un medio de otro medio, los ej¨¦rcitos, herramientas de la pol¨ªtica de los Estados. Si alguna raz¨®n de ser ten¨ªa una nueva ley del servicio militar ahora en Espa?a era, por un lado, recomponer la imagen p¨²blica del servicio militar, en dram¨¢tica erosi¨®n en los ¨²ltimos a?os, y, por otro, intentar mejorar la eficacia de las Fuerzas Armadas mediante la adecuaci¨®n de los mecanismos de reclutamiento y una mejor disposici¨®n del recluta forzoso a cumplir con sus tareas. El texto que ha presentado el Gobierno socialista al Parlamento para su discusi¨®n y aprobaci¨®n dif¨ªcilmente puede mejorar la imagen del servicio militar y, desde luego, no contribuye en nada al incremento de la eficacia operativa de nuestros ej¨¦rcitos.

En primer lugar, se trata de una ley condenada al fracaso. A pesar de que el Gobierno ha querido presentar su propuesta como un modelo innovador y de cambio, el proyecto de ley resulta, por contra, esencialmente continuista en sus presupuestos y no da satisfacci¨®n a las expectativas de cambio profundo extendidas por toda la sociedad. As¨ª, la aireada idea de una mili a la carta ha resultado, al final, ser una falacia. La ¨²nica innovaci¨®n significativa es la reducci¨®n del tiempo de prestaci¨®n en filas a nueve meses. Todo lo dem¨¢s, o bien estaba ya recogido en distintas normas, aunque de manera dispersa (tal es el caso del cap¨ªtulo 4: derechos y deberes de los militares de reemplazo), o bien queda a la discreci¨®n de las autoridades del ministerio. De esa forma, por ejemplo, las posibilidades de elecci¨®n por parte del interesado respecto al momento de la incorporaci¨®n, el ej¨¦rcito en el que servir, el lugar de prestaci¨®n y el ¨¢rea de actividad que mejor se ajuste a su formaci¨®n y aptitudes personales quedan en suspenso a tenor del punto 4 del art¨ªculo 12, seg¨²n el cual: "La manifestaci¨®n de estas preferencias tendr¨¢ car¨¢cter de simple manifestaci¨®n de opciones, no de terminar¨¢ derechos subjetivos, y ser¨¢ atendida en la medida en que lo permitan las necesidades de reclutamiento".

En segundo lugar, se trata de una ley de imposible aplicaci¨®n.

Efectivamente, esta ley podr¨ªa funcionar en el caso de que se viese complementada con un costoso programa de modernizaci¨®n de las Fuerzas Armadas que atendiera a la mejora de la calidad de vida durante la prestaci¨®n, la mejora de los programas de formaci¨®n y adiestramiento de la clase de tropa, el incremento de la operatividad de las unidades mediante el aument¨® del n¨²mero de ejercicios y maniobras, la modernizaci¨®n del mate rial y la reestructuraci¨®n de unidades a tenor de los cambios en el entorno estrat¨¦gico. No es imposible en teor¨ªa. Al fin y al cabo, las personas est¨¢n normalmente dispuestas a pagar por conseguir aquello que quieren, incluso, a veces, con notables sacrificios. Desgraciadamente, en materia presupuestaria el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez ha dado muestras suficientes de que la defensa le interesa bien poco.

Efectivamente, satisfacer estos requerimientos choca directamente con la actual pol¨ªtica presupuestaria del Gobierno, que, habiendo llevado durante su mandato los gastos de defensa del 2% al 1, 5% del PNB, recorta una vez m¨¢s su presupuesto de defensa para el a?o 1992. En contra, incluso, de lo aceptado por los diputados que durante m¨¢s de un a?o han trabajado en la ponencia sobre El modelo de Fuerzas Armadas en conexi¨®n con el servicio militar, quienes subrayaban en su dictamen parlamentario la necesidad de estabilizar el gasto en defensa espa?ol en el 2%, porcentaje por debajo del cual no tiene mucho sentido el gasto en defensa. Parad¨®jicamente, pocos d¨ªas despu¨¦s de hacer p¨²blico el dictamen, el Gobierno anunci¨® los recortes del ministro Solchaga, en los que Defensa resultaba ser uno de los departamentos que m¨¢s ahorro absorb¨ªa (108.000 millones).

Impacto negativo

En tercer lugar, la nueva ley augura un impacto negativo en la eficacia de los ej¨¦rcitos. Por un lado, la imposibilidad de limitar los tiempos de instrucci¨®n b¨¢sica por debajo de los l¨ªmites actuales, as¨ª como la de reducir los d¨ªas perdidos por muy diversos motivos (permisos especiales, in corporaci¨®n, licenciamiento, etc¨¦tera), hace que el recorte temporal afecte esencialmente al periodo de adiestramiento y formaci¨®n espec¨ªfica del soldado. Reducir el tiempo conlleva disminuir sustancialmente el contingente operativo de las Fuerzas Armadas, cuyas unidades ver¨¢n reducir en un 10% o 15% su ¨ªndice de cobertura de personal, que ahora se sit¨²a, para las mejores unidades del Ej¨¦rcito de Tierra, en torno al 70% solamente.

En fin, que el Gobierno crea que su ley cierra el debate sobre el futuro del servicio militar es loable, pero dudoso. Ninguna ley del servicio militar, por blanda y a la carta que se quiera presentar, tiene su futuro garantizado. Es verdad que un servicio mi litar m¨¢s corto, mejor pagado, m¨¢s confortable en su cotidianidad, estar¨¢ mejor considerado que otro donde los soldados no encuentren m¨¢s que la penuria mental y material. Pero no dejar¨¢ de ser eso, una prestaci¨®n forzada durante nueve meses. Es verdad que el Gobierno siempre puede prometer mayores reducciones y una vida cuartelera menos militar. Pero todo tiene un l¨ªmite, pues de nada vale una c¨®moda prestaci¨®n individual que no mejora la seguridad colectiva.

El Gobierno, como tantas otras veces, se equivoca. Primero pensando que sus tibias reformas pueden contentar a los j¨®venes hartos de perder un a?o de su vida, la m¨¢s de las veces vegetando en los cuarteles, y, segundo, intentando conservar sus votos a costa de la cohesi¨®n y eficacia de nuestras Fuerzas Armadas, al fin y al cabo, los ¨²ltimos garantes de nuestra tranquilidad.

El autor se?ala que la llamada mili a la carta no deja de ser una falacia de dif¨ªcil aplicaci¨®n. Ante la pr¨®xima entrada en vigor de la nueva ley del servicio militar, el autor subraya que el texto no resuelve la reforma de las Fuerzas Armadas. Rafael L. Bardaj¨ª es director del Grupo de Estudios Estrat¨¦gicos.