Judicializaci¨®n

SE QUEJA el presidente del Congreso de los Diputados, F¨¦lix Pons, al hilo de la solicitud del Supremo para que acredite su condici¨®n de diputado, de una excesiva judicializaci¨®n de la vida pol¨ªtica espa?ola. Pons sale as¨ª al paso de la denuncia de tres ciudadanos contra la votaci¨®n que dio luz verde, el pasado 25 de abril, a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que extendi¨® a los parlamentarios el privilegio de declarar por escrito ante los jueces.Aquel tr¨¢mite result¨® harto pol¨¦mico, no s¨®lo por el contenido de la ley que se votaba, sino por el acto mismo de la votaci¨®n: el diputado socialista Jos¨¦ Mar¨ªa Benegas vot¨® desde el esca?o de su compa?ero de partido Francisco Arnau, que se encontraba en aquellas fechas de viaje en Libia, y dos de los votos emitidos como negativos por diputados del PP se reflejaron en el registro electr¨®nico como afirmativo uno y como abstenci¨®n el otro.

El diagn¨®stico global que hace el presidente del Congreso tiene consistencia, pero no precisamente .en relaci¨®n con el caso concreto que lo motiva. El recurso torticero a los tribunales, con fines absolutamente ajenos a los de la justicia, es un mal que, desgraciadamente, cabe imputar a algunos ciudadanos. Pero tambi¨¦n caen en ¨¦l los poderes p¨²blicos, demasiado propensos a veces a poner en manos de los jueces, conflictos sociales e incluso pol¨ªticos que a ellos s¨®lo corresponde resolver. El exceso de judicializaci¨®n denunciado no se deber¨ªa, pues, tanto al poder tutelador de los jueces y al control de legalidad que la Constituci¨®n les encomienda -funciones esenciales al Estado de derecho- como al mal uso, en ocasiones incluso fraudulento, que algunos hacen de los mecanismos legales que activan tales funciones.

Para corregir esta situaci¨®n, nada beneficiosa para la justicia y causante de un perjuicio evidente para las personas afectadas, el presidente del Congreso propone que se arbitren medidas que imposibiliten las denuncias infundadas o maliciosas. La propuesta es atendible a condici¨®n de que no se coarte la iniciativa ciudadana en defensa de la legalidad -a veces preterida por las instancias que tienen encomendada institucionalmente esta tarea- y de que tales medidas se contemplen como garant¨ªas de todos los ciudadanos y no como un privilegio procesal m¨¢s de los estamentos pol¨ªtico e institucional.

El caso concreto que ha motivado la queja del presidente del Congreso hace sospechar que su propuesta busca m¨¢s la impunidad de los actos del poder legislativo frente al control de legalidad por parte de los jueces que la resoluci¨®n de un problema real que puede afectar a la generalidad de los espa?oles. La acusaci¨®n de falsedad presentada por tres ciudadanos contra la votaci¨®n parlamentaria del 25 de abril no es "una nimiedad", como afirma el presidente del Congreso.

Delictiva o no, tal votaci¨®n constituy¨®, al menos, un espect¨¢culo bochornoso, del que el Parlamento debe dar cuenta en virtud de su sometimiento, como el resto de los poderes p¨²blicos, "a la Constituci¨®n y al resto del ordenamiento jur¨ªdico".