S¨®lo el principio

LAS COMUNIDADES aut¨®nomas de r¨¦gimen com¨²n -todas excepto el Pa¨ªs Vasco y Navarra- alcanzaron en la madrugada del viernes un principio de acuerdo con el Gobierno sobre el nuevo sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, que deber¨¢ ser ratificado en el plenario del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera el pr¨®ximo d¨ªa 20.Aunque los t¨¦rminos del pacto todav¨ªa no se conocen, con detalle, el hecho de que catalanes y extreme?os hayan mostrado su inicial satisfacci¨®n por el desenlace es un primer ¨¦xito, por m¨¢s que la decepci¨®n adelantada por el representante de Canarias siga impidiendo un consenso total. Catalu?a y Extremadura llegaron a erigirse en s¨ªmbolos de las comunidades ricas y pobres, respectivamente, y de ah¨ª el inter¨¦s del Ministerio de Hacienda en evitar una polarizaci¨®n.

En el caso de Catalu?a, por el propio peso espec¨ªfico del Principado, con el delicado a?adido de la inminente convocatoria de elecciones auton¨®micas. En el de Extremadura, porque un resultado percibido como discriminatorio para esa comunidad hubiera reforzado el discurso populista de oposici¨®n al equipo econ¨®mico del Gobierno de su presidente regional, Rodr¨ªguez Ibarra. Al margen de este ¨¦xito inicial, lo que se acord¨® en la noche del viernes no es m¨¢s que la primera parte de la reforma, la referida al reparto de los fondos de la llamada financiaci¨®n no condicionada, que afecta a cerca de dos billones de pesetas.

Quedan ahora los aspectos m¨¢s pol¨¦micos en t¨¦rminos pol¨ªticos y m¨¢s espinosos en materia econ¨®mica: la discusi¨®n de la corresponsabilidad fiscal, la reforma de la financiaci¨®n de la sanidad y la puesta en marcha de los fondos de nivelaci¨®n de servicios. Sin olvidar la incidencia que sobre todas estas cuestiones ha de tener la discusi¨®n del llamado pacto auton¨®mico, a trav¨¦s del cual las comunidades pueden ver ampliadas sus competencias al tiempo que deber¨¢n ceder la gesti¨®n de una parte de sus atribuciones a las corporaciones locales. ?stas siguen siendo las grandes perdedoras de la descentralizaci¨®n implantada en Espa?a a trav¨¦s del Estado de las autonom¨ªas.

El Gobierno se ha comprometido a introducir la corresponsabilidad fiscal en el sistema de financiaci¨®n. En este primer semestre se ha de discutir el como, pero el cu¨¢ndo ya se sabe: el 1 de enero de 1993. Comunidades como Catalu?a, Valencia o Madrid van a exigir la creaci¨®n de alg¨²n tipo de tramo auton¨®mico en el impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF), de forma que alrededor del 15% de la recaudaci¨®n de cada comunidad se ingrese autom¨¢ticamente en las arcas del Gobierno aut¨®nomo. Los creadores de esta f¨®rmula -que sigue siendo vista con grandes reticencias por el ministro de Econom¨ªa, Carlos Solchaga, aunque defendida por el vicepresidente, Narc¨ªs Serra- sostienen que as¨ª se incentivar¨¢ a las comunidades a aumentar las recaudaciones por renta de su territorio, al tiempo que se aliviar¨¢n en parte los problemas de tesorer¨ªa que sufren por los constantes retrasos con que llegan las transferencias de fondos procedentes de Madrid.

Pero este ¨²ltimo aspecto s¨®lo quedar¨¢ completamente solucionado, con la reforma del sistema sanitario, causante de las mayores desviaciones presupuestarias y de las m¨¢s angustiosas tensiones de tesorer¨ªa de las comunidades.

Queda tambi¨¦n para este a?o la implantaci¨®n de los llamados fondos d e nivelaci¨®n de servicios esenciales, una figura de la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) que todav¨ªa no se ha desarrollado y que pretende ayudar de forma transitoria a las comunidades m¨¢s pobres con transferencias extraordinarias de recursos que permitan mejorar aquellos servicios p¨²blicos que no tienen un nivel de prestaciones pr¨®ximo a la media del conjunto del Estado.