El secretario de Alfonso Guerra se neg¨® a ampliar declaraciones sobre el uso del despacho andaluz

Rafael Delgado, secretario del ex vicepresidente del Gobierno, y el actual delegado del Ejecutivo en Andaluc¨ªa, Alfonso Garrido, se remitieron ayer constantemente a lo que declararon inicialmente en Sevilla, incluso cuando les fueron planteadas preguntas nuevas, durante su comparecencia como inculpados ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA). Este tribunal instruye las diligencias por la ocupaci¨®n an¨®mala por parte de Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, de un despacho de la delegaci¨®n del Gobierno en Sevilla.

El abogado de Rafael Delgado, Horacio Oliva, calific¨® de "inconstitucional" el auto del martes de la Sala de lo Civil para no archivar la causa, al considerar que dilata el proceso.Rafael Delgado, quien, como Alfonso Garrido, se neg¨® a hacer cualquier tipo de comentario, se remiti¨® frente a cualquier pregunta a lo que declar¨® ante el juez ?ngel M¨¢rquez en Sevilla, incluso cuando fue advertido de que determinadas cuestiones no le fueron planteadas entonces. Alfonso Garrido adopt¨® una actitud similar y dijo que todas sus manifestaciones ya las hizo ante el fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, o mediante oficios enviados desde la delegaci¨®n del Gobierno. Para los abogados de la acusaci¨®n, que representan a Izquierda Unida (IU) y el Partido Andalucista (PA), ambos confirmaron ante el magistrado Jos¨¦ Cano Barrero declaraciones anteriores que han supuesto su comparecencia como inculpados, por lo que estiman que, aunque ninguno de los cuatro cargos p¨²blicos del PSOE agregue datos nuevos a lo que ya depusieron, el instructor no archivar¨¢ las actuaciones. El hecho de que Jos¨¦ Cano Barrero los haya citado como inculpados, es un dato indicativo de que el magistrado ha apreciado en sus primeras declaraciones. alg¨²n indicio delictivo.

"Inconstitucionalidad"

El abogado Horacio Oliva, defensor de Rafael Delgado, dijo que el auto de la Sala de lo Civil y Penal que se amparaba en la Constituci¨®n para que los cargos p¨²blicos declararan como imputados supone "una aplicaci¨®n paternalista" de la Carta Magna e incluso una "inconstitucionalidad". Oliva dijo que la comparecencia es, seg¨²n deduce ¨¦l del auto judicial, un aspecto meramente formal ya que la conducta de sus clientes no es constitutiva de delito, por lo que una vez que concluyan las declaraciones -hoy declarar¨¢n los ex delegados del Gobierno en Andaluc¨ªa, Leocadio Mar¨ªn y Tom¨¢s Azorin, y ma?ana Juan Guerra- volver¨¢ a exigir el archivo de las actuaciones.

Es previsible, por tanto, que hoy tanto Leocadio Mar¨ªn como Tom¨¢s Azor¨ªn no agreguen nada a sus declaraciones anteriores con idea de que el instructor decida si archiva o no las diligencias bas¨¢ndose s¨®lo en lo ya actuado.

Oliva reiter¨® que la sala, al obligar a los cargos socialistas a acudir ante el instructor, est¨¢ "dilatando indebidamente" el proceso, que deber¨¢ archivarse una vez que los citados se personen ante el juez. El defensor de Garrido, Alfonso Mart¨ªnez del Hoyo, a?adi¨® que el auto "ha cercenado nuestro derecho a un proceso sin dilaciones indebidas". Mart¨ªnez del Hoyo admiti¨® que el auto no entraba a analizar si exist¨ªan hechos delictivos en la conducta de los cuatro cargos. "Estamos en el mismo sitio que antes", dijo.

Rafael Delgado declar¨® en su d¨ªa ante el juez M¨¢rquez que ¨¦l orden¨® al delegado del Gobierno la creaci¨®n del despacho que ocup¨® Juan Guerra. Por su parte, Alfonso Garrido dijo al fiscal Alfredo Flores que Juan Guerra hab¨ªa trabajado en la delegaci¨®n por cuenta del PSOE en un per¨ªodo que coincide con el tiempo en que se cometieron las supuestas irregularidades. Seg¨²n los acusadores, el hecho de que ambos confirmaran ayer estos extremos deja en pie las acusaciones de prevaricaci¨®n que les imputan a los delegados del Gobierno y al secretario de Alfonso Guerra.

Fern¨¢ndez del Pozo dijo que, seg¨²n una diligencia practicada en Granada solicitada infructuosamente en Sevilla, se sabe que en el decreto regulador de las competencias de altos cargos no aparece ninguna referencia a que los secretarios personales de los vicepresidentes del Gobierno tengan potestad para ordenar la apertura de un despacho en una delegaci¨®n del Ejecutivo, como hizo Rafael Delgado. "Crear ese despacho constituye, un delito de prevariaci¨®n, igual que su mantenimiento por los sucesivos delegados del Gobierno

El abogado del Estado, que no se hab¨ªa personado hasta ahora en las diligencias, ha remitido al instructor un documento coincidiendo con la petici¨®n de la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa para que se archivaran las actuaciones, en el que afirma que el Estado "no se siente perjudicado por el uso del despacho por parte de Juan Guerra".

El abogado del Estado, Fern¨¢ndez del Pozo, dijo: "Siempre que planteamos alguna responsabilidad a un alto cargo encontramos una gran barrera por parte del fiscal, de la Administraci¨®n y del abogado del Estado. En cambio, cuando Juan Guerra es el ¨²nico responsable hay v¨ªa libre".

Por otro lado, Juan Jos¨¦ Ruiz Rico, instructor de caso Juan Guerra relativo a la empresa Comasa, declar¨® ayer a Efe: "He comenzado ya a ordenar el curso de las primeras citaciones relativas al caso, despu¨¦s de estudiar al sumario".