Las querellas

EL ECO que todav¨ªa obtiene Herri Batasuna (HB) se debe al atractivo que para una parte de la poblaci¨®n tiene todo discurso tajante y maniqueo. Pero ese discurso es inseparable de la seguridad que da a sus seguidores el saberse a resguardo de ETA (frente al temor que esas siglas suscitan en la mayor¨ªa). Ello se manifiesta en comportamientos desafiantes para con casi todo el mundo: los dem¨¢s partidos, la judicatura, los informadores. El mensaje ya no es "tenemos raz¨®n", sino "ETA est¨¢ m¨¢s fuerte que nunca". Esa actitud, transmitida en cascada, es la de los portavoces, pero tambi¨¦n la de los manifestantes que piden m¨¢s muertes o los alevines que rompen escaparates. As¨ª, a la dificultad objetiva de evitar los golpes criminales de ETA se a?ade el agravio de ver c¨®mo los amigos de los terroristas campan por sus respetos sin que aparentemente nadie les ponga coto.Tal vez el empleo de la palabra impunidad sea exagerado: abundantes querellas y denuncias han sido tramitadas estos a?os. Pero, aparte de que acabar con esa sensaci¨®n de impunidad no s¨®lo depende de los jueces, es cierto que la falta de respuesta visible a ciertos desarios tiene un demoledor efecto sobre la moral ciudadana. Algo que tenazmente buscan los terroristas: que la gente considere que no hay nada que hacer. O bien, que el desconcierto civil -tan gr¨¢ficamente manifestado estos d¨ªas en las opiniones recogidas por las emisoras de radio- les proporcione la coartada con la que siempre so?aron: los espa?oles odian a los vascos, la convivencia es imposible.

Pero tales reacciones emocionales ser¨¢n dific¨ªlmente evitables Mientras subsista esa impresi¨®n de impotencia de los poderes p¨²blicos para poner freno a los desmanes y provocaciones de la parte visible del tinglado ETA-HB. Y aunque deber¨¢n ser los jueces quienes resuelvan qu¨¦ actuaciones son delictivas y cu¨¢les no, es responsabilidad de los gobernantes impulsar cuantas iniciativas leg¨ªtimas est¨¦n en sus manos para hacer frente a esa pretensi¨®n de impunidad. Nadie ha puesto en duda que hay que ir hasta el final, cualquiera que sean los efectos que de ello se deriven, en la investigaci¨®n de la red de extorsionadores. Seguramente habr¨ªa tambi¨¦n acuerdo para multar a los convocantes de mani festaciones en las que no se respeten los requisitos establecidos. Han surgido reticencias, en cambio, sobre las querellas presentadas contra varios portavoces de HB acusados de amenazas, desacato o apolog¨ªa del terrorismo.

Los argumentos principales son que las actuaciones que dan pie a las acusaciones est¨¢n amparadas por el derecho a la libertad de opini¨®n, especialm¨¦nte protegido en el caso de los pol¨ªticos; que, por ello mismo, no tienen encaje claro en el C¨®digo Penal, por lo que dificilmente dar¨¢n motivo, a condenas, lo cual, dadas lag expectativas levantadas, ser¨ªa muy desmoralizador (y deseducador respecto al papel de los jueces en un Estado de derecho); que permitir¨ªa a HB desviar la atenci¨®n de lo verdaderamente importante, la red descubierta, e incluso jugar la baza del victimismo, a fin de reagrupar fuerzas y contener movimientos disgregadores que ahora podr¨ªan surgir.

Son razones de peso, aunque objetables en parte. Por ejemplo, no es lo mismo opinar que amenazar. Y no es lo mismo la amenaza de cualquiera que la de alguien cuyas espaldas cubre un pistolero. Si el l¨ªmite penal debe ser inexistente, o en todo caso muy tenue, para lo primero, no ocurre lo mismo en lo dem¨¢s: su grosor aumenta de conformidad a la gravedad de la amenaza. Es tarea, en todo caso, de los jueces dilucidar qu¨¦ parte hay de opini¨®n pol¨ªtica y qu¨¦ de otros posibles componentes en las expresiones investigadas. Si la desestimaci¨®n de las querellas podr¨ªa ser mal interpretada, lo mismo puede decirse de una actitud que diera la impresi¨®n de indiferencia ante la sensibilidad de los ciudadanos. Finalmente, transmitir la sensaci¨®n de que se supeditala aplicaci¨®n de la ley a criterios de oportunidad, como el de evitar la explotaci¨®n del victimismo, es bastante arriesgado.

Parece razonable, en todo caso, evitar iniciativas que puedan poner en peligro el consenso existente. Si hab¨ªa dudas sobre las querellas, la prudencia hubiera aconsejado plantear el asunto a los firmantes de los pactos antiterroristas. Del mismo modo que si las hay sobre el cumplimiento ¨ªntegro de las penas por los terroristas o sobre, la forma de institucionalizar las indemnizaciones a las v¨ªctimas. La discusi¨®n en ese marco deber¨ªa ser previa a la disputa p¨²blica. Por id¨¦nticos motivos, habr¨ªa que evitar transmitir a la ciudadan¨ªa cualquier sensaci¨®n de nerviosismo por parte de los responsables pol¨ªticos. S¨®lo a ese factor psicol¨®gico cabr¨ªa atribuir las insinuaciones de Felipe Gonz¨¢lez, remachad¨² por el ministro del Interior, sobre una supuesta falta de diligencia de los jueces en la persecuci¨®n de ciertos delitos. La energ¨ªa tiene poco que ver con los arrebatos.