Fiscal de Consumo

LA INICIATIVA de la Fiscal¨ªa de Sevilla de crear la figura del Fiscal de Consumo en su ¨¢mbito jurisdiccional es muy significativa tanto en s¨ª misma como por lo que representa. Lo es en s¨ª misma porque parece responder a un esfuerzo de organizaci¨®n interna por parte del ministerio p¨²blico para potenciar su presencia de manera eficaz en uno de los frentes m¨¢s necesitados de su actuaci¨®n: la protecci¨®n penal de los consumidores. Y lo es tambi¨¦n porque iniciativas de este tipo hacen perceptible a la sociedad la adaptaci¨®n paulatina -que ser¨ªa de desear m¨¢s r¨¢pida- del funcionamiento del ministerio fiscal al marco constitucional.Con igual o mayor ¨¦nfasis que la defensa del inter¨¦s p¨²blico en general, misi¨®n tradicional del ministerio fiscal, la Constituci¨®n de 1978 le atribuye tambi¨¦n, por primera vez en Espa?a, la concreta defensa de los derechos de los ciudadanos, que son, en definitiva, los directos beneficiarios del orden jur¨ªdico que comporta el respeto de la legalidad en un Estado de derecho.

La actual sociedad de consumo se caracteriza en gran medida, por extra?o que parezca, por la desprotecci¨®n de los derechos del consumidor. Seg¨²n se ha ido extendiendo el fen¨®meno del consumo, como hecho econ¨®mico y como costumbre social, los riesgos para el consumidor se han hecho potencialmente m¨¢s peligrosos: riesgos graves para su vida y su salud, y riesgos econ¨®micos, que pueden afectar de forma m¨¢s o menos soportable a su patrimonio. La protecci¨®n frente a tales riesgos no s¨®lo debe ser individual de los consumidores, organizados o no, sino legal e institucional. En un pa¨ªs como Espa?a, en el que hace s¨®lo 10 a?os la venta criminal como comestible de aceite lubricante industrial produjo centenares de muertos y miles de intoxicados, tal apreciaci¨®n no es una mera hip¨®tesis, sino una triste realidad. Hoy d¨ªa, casos como el engorde artificial de ganado vacuno, el desv¨ªo al consumo humano de carne de vacas enfermas de perineumon¨ªa, las abundantes intoxicaciones por salmonella, la publicidad comercial enga?osa o los contratos abusivos muestran algunos de los frentes en los que se dan cita desde el desaprensivo que no tiene en cuenta las normas m¨¢s elementales hasta el aut¨¦ntico delincuente social al que no le repugna hacer negocio con la chapuza y a costa de la salud del ciudadano.

No puede decirse, pues, que la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa de Sevilla no est¨¦ a la altura de los tiempos. Se compagina con otras decisiones adoptadas ¨²ltimamente por los poderes p¨²blicos para subsanar su hist¨®rica dejadez por los derechos de los consumidores; por ejemplo, la constituci¨®n del Consejo General de Consumidores y Usuarios, que habr¨¢ de ser necesariamente consultado por la Administraci¨®n ante cualquier disposici¨®n legal relacionada con la pol¨ªtica de consumo. Lo que ser¨ªa deseable es que se extendiera al resto del ministerio fiscal y que fuera un anticipo de una mayor beligerancia de esta instituci¨®n frente a las vulneraciones de los derechos del ciudadano en la esfera de la econom¨ªa, de la salud p¨²blica y del medio ambiente. Claro que actuaciones de este tipo, para que sean eficaces y no se queden en mera propaganda, exigir¨ªan un cambio radical en la organizaci¨®n y el sistema de trabajo tradicionales del ministerio p¨²blico: pasar justamente del burocratismo y del centralismo institucional a una mayor iniciativa y a una actuaci¨®n m¨¢s cercana a la realidad del conflicto.

La cuesti¨®n, en definitiva, consiste en saber si el ministerio Fiscal tiene voluntad de tal cambio y si su estructura es capaz de adaptarse a las exigencias de una sociedad cada vez m¨¢s civil y menos estatalizada.