El pluriling¨¹ismo de Espa?a

La Constituci¨®n espa?ola de 1978 rompi¨® con una larga tradici¨®n centralista de monoling¨¹ismo oficial, reconociendo la existencia de distintos pueblos y lenguas en su seno. No enumer¨® ni las "nacionalidades" ni "Ias otras lenguas espa?olas" (y esa ambig¨¹edad es causa de muchos males), pero constituye un cambio enormemente positivo respecto del r¨¦gimen dictatorial anterior, a condici¨®n de que un gran cambio paralelo de mentalidad colectiva permita ponerlo efectivamente en pr¨¢ctica. Ese cambio hasta ahora no se ha producido, y mientras en el extranjero se admira la construcci¨®n del "Estado de las autonom¨ªas" y la pac¨ªfica progresi¨®n de los procesos de normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica en las comunidades con lengua propia no castellana, la inercia del r¨¦gimen dictatorial y de la mentalidad digl¨®sica sigue actuando entre nosotros.Quedan muchas r¨¦moras del pasado: recelos, prejuicios..., incomprensi¨®n, en suma, entre las diferentes comunidades aut¨®nomas, especialmente entre las de lengua castellana y las otras. Ciertas palabras se cargan de connotaciones, a menudo contradictorias. As¨ª, quien dice Espa?a, y no su suced¨¢neo Estado espa?ol, puede ser un centralista nost¨¢lgico del franquismo o un independentista catal¨¢n, vasco o gallego que, aunque se reconoce -pasajeramente y porque no tiene otro pasaporte- "s¨²bdito del Estado espa?ol", se considera ajeno a Espa?a. La expresi¨®n pa¨ªses catalanes, que no corresponde a ninguna realidad pol¨ªtico-administrativa, pero s¨ª a una realidad hist¨®rico-cultural y ling¨¹¨ªstica (nacional) bien definida, resulta igualmente tab¨² para los independentistas radicales que quieren llamarla "simplemente Catalunya" (aunque nunca se haya llamado as¨ª) y para los espa?olistas que la identifican con el "rojo-separatismo" como en los mejores tiempos del r¨¦gimen anterior. Si alguien da a la lengua oficial del Estado el nombre de espa?ol, y propone enf¨¢ticamente imitar a Puerto Rico, la propuesta puede consistir en "liberarse del espa?ol y declarar lengua oficial ' ¨²nica el catal¨¢n" o, al contrario, y por mucho que nos sorprenda a los catalanes, "defender la lengua com¨²n de todos los espa?oles contra cualquier otra lengua".

No es raro que una misma persona declare indignada que la Universidad de Valencia "no tiene derecho a llamar catal¨¢n" al valenciano porque ¨¦se es el nombre que el Estatuto le da al declararlo oficial en la Comunidad Valenciana, y pretenda con la misma contundencia que el Ministerio de Asuntos Exteriores "debe llamar espa?ol" a la lengua oficial del Estado, pasando ol¨ªmpicamente por alto que la Constituci¨®n le da el nombre de castellano y habla claramente de otras lenguas espa?olas.

Ese di¨¢logo de sordos se ha venido produciendo desde el momento de la transici¨®n. frenando la normalizaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas de lengua no castellana, pero sin llegar a alterar la paz social en que se desenvuelve. Parlamentos y gobiernos aut¨®nomos han dictado y aplicado leyes de normalizaci¨®n ling¨¹¨ªstica y disposiciones complementarias, sin salirse del marco de la Constituci¨®n y de los estatutos de autonom¨ªa. Cierto es que a menudo hemos tenido que recurrir contra leyes estatales que habr¨ªan frustrado el proceso, o defendemos de recursos del Gobierno central contra disposiciones auton¨®micas y esperar tres o cuatro largu¨ªsimos a?os a que el Tribunal Constitucional nos diera la raz¨®n; pero se ha ido avanzando en paz y concordia... con lentitud desesperante.

En el caso de Catalu?a, el consenso y la colaboraci¨®n entre todas las fuerzas pol¨ªticas en cuanto ata?e a la cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica ha sido ejemplar. Desde el primer momento, el catal¨¢n fue "cosa de todos", y las instituciones auton¨®micas y locales actuaron en estrecha colaboraci¨®n, que culmin¨® en el Consorci per a la Normalitzaci¨® Ling¨¹¨ªstica,_ que actualmente gestiona las actividades conjuntas. En Baleares existe desde octubre de 1989 el Acord Institucional per a la Normalitzaci¨® Ling¨¹¨ªstica, firmado por los presidentes del Gobierno balear y los tres consejos insulares y el alcalde de Palma, y al que posteriormente se adhirieron el Ministerio de Educaci¨®n y Ciencia (que tiene todav¨ªa las competencias de ense?anza en Baleares), la Universidad y, pr¨¢cticamente sin excepci¨®n, ayuntamientos, partidos pol¨ªticos, sindicatos y colegios profesionales y un largo etc¨¦tera de entidades c¨ªvicas y culturales; se podr¨¢ discutir si las instituciones adheridas cumplen el acuerdo en el campo de sus competencias, o si su acci¨®n conjunta en la Campanya de normalitzaci¨® ling¨¹¨ªstica de les illes Balears, que tengo el honroso encargo de coordinar, es acertada o no; pero es evidente que el proceso avanza sin conflictos, En ambos casos, las quejas m¨¢s justificadas y m¨¢s dif¨ªciles de satisfacer afectan a la situaci¨®n de clara inferioridad de la lengua propia frente a la oficial del Estado y a la lentitud de su avance, y no al rev¨¦s. Tengo entendido que en otras comunidades ocurre lo mismo.

Por eso resulta indignante -y favorece sin duda la radicalizaci¨®n de los grupos nacionalistas- la reciente proliferaci¨®n de voces que, desde altas instancias acad¨¦micas o pol¨ªticas, "centrales", claman contra la normalizaci¨®n de las comunidades no castellanas y, con argumentos claramente inconstitucionales, invocan a su favor la Constituci¨®n ante un supuesto peligro de desaparici¨®n del castellano en Catalu?a o Baleares.

Hay que proclamar bien alto que la Generalitat en Catalu?a y el Gobierno balear y el MEC en las islas Baleares no hacen m¨¢s que cumplir con la Constituci¨®n y el Estatuto al establecer la ense?anza obligatoria de las dos lenguas e implantar progresivamente la propia como veh¨ªculo de ense?anza; que su actuaci¨®n no ha producido rechazo social y que el rendimiento de los alumnos en castellano no mengua por el hecho de recibir la ense?anza en catal¨¢n, mientras que si s¨®lo se estudia el catal¨¢n como asignatura no se consigue su pleno dominio oral y escrito. De ah¨ª la fuerte demanda de ense?anza en catal¨¢n, sobre todo por parte de las familias castellano-hablantes.

Es preciso que se acepte sin reservas el derecho de las comunidades aut¨®nomas a su lengua propia, y se reconozca la necesidad de su conocimiento por parte de los servidores p¨²blicos y, al menos en cuanto a comprensi¨®n, tambi¨¦n de los ciudadanos: el deber constitucional de conocer el castellano no afecta a su uso, que es simplemente un derecho, como el, de la lengua propia, y por tanto no es exigible. Todos tenemos derecho a formular nuestro propio proyecto para Espa?a y los pueblos que la componen (desde el centralismo espa?ol hasta el independentismo -?de Catalu?a?, ?de los Pa?sos Catalans?, ?de cada una de las islas baleares?-), y a luchar democr¨¢ticamente por verlo plasmado en el ordenamiento legal. Pero mientras ¨¦ste no cambie, la Constituci¨®n y los estatutos de autonom¨ªa son, nos gusten o no, el ¨²nico marco leg¨ªtimo de nuestra convivencia. Y no vale deformarlo.