La pugna para renovar el Constitucional crea inquietud jur¨ªdica por el deterioro del tribunal

Las pugnas entre las fuerzas pol¨ªticas para la renovaci¨®n de cinco de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional -que correspond¨ªa realizar antes del 22 de febrero ¨²ltimo est¨¢n causando profundo malestar en medios jur¨ªdicos por el deterioro que causan al ¨®rgano m¨¢ximo int¨¦rprete de la Constituci¨®n. Ayer mismo, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala, consider¨® "negativo" tanto "el sistema puro de cuotas" como "las profundas discrepancias sobre ellas entre las fuerzas pol¨ªticas parlamentarias".

Sala tambi¨¦n se manifest¨® "sensible" ante el desacuerdo parlamentario para la renovaci¨®n parcial del alto tribunal, a pesar de los meses transcurridos desde que se inici¨® el periodo para la designaci¨®n. "Las instituciones deben ser respetadas incluso en las fechas", dijo. Respecto al sistema de negociaci¨®n, estim¨® negativo el de cuotas y afirm¨® que los grupos parlamentarios, al negociar sobre personas, deben tener en cuenta "el curr¨ªculo, la ejecutoria y la reconocida competencia de los juristas a elegir".El ex ministro centrista Juan Antonio Ortega y D¨ªaz-Ambrona -que negoci¨® en 1980 con el socialista Gregorio Peces-Barba los 10 primeros jueces del alto tribunal- expres¨® ayer su preocupaci¨®n ante el riesgo de que el "clientelismo lleve al Tribunal Constitucional, en lugar de juristas de especial relevancia, personas de especial irrelevancia y jur¨ªdicamente desconocidas".

'Auctoritas' y eficacia

Ortega record¨® que el alto tribunal "debe de tener auctoritas suficiente para que cuando falle en contra de un sector, su criterio sea aceptado por su prestigio". A?adi¨® que el Constitucional ha tenido "un nivel de eficacia muy superior al de otras instituciones y, como m¨¢xima instancia de arbitraje, no debe ser un premio de consolaci¨®n y ha de salir de la ¨®rbita del clientelismo pol¨ªtico".

Ortega y D¨ªaz-Ambrona evoc¨® la negociaci¨®n realizada con Peces-Barba en 1980, en la que "yo acept¨¦", dijo, "candidatos que me sugiri¨® Gregorio y alguno de ellos, como Francisco Rubio Llorente [actual vicepresidente], nunca supimos si lo propuso uno u otro".

De aquellos primeros magistrados sali¨® un presidente no previsto por el entonces jefe del Gobierno, Adolfo Su¨¢rez, quien deseaba que fuera elegido el ex ministro de Educaci¨®n y Ciencia Aurelio Men¨¦ndez. Sin embargo, result¨® elegido Manuel Garc¨ªa-Pelayo, ya que ni los propuestos hubieran aceptado ni los negociadores trataron de imponer un condicionamiento del voto futuro. Fuentes jur¨ªdicas resaltaron el contraste entre aquella elecci¨®n de presidente y la que llev¨® a la c¨²pula del poder judicial tanto a Antonio Hern¨¢ndez Gil en 1985, como a Pascual Sala en 1990, previo compromiso de la mayor¨ªa de los vocales.

Un estudio realizado por el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Francisco Fern¨¢ndez Segado destaca que los primeros magistrados elegidos por el Parlamento superaron con creces los votos m¨ªnimos exigidos. Asimismo, recoge "dos actitudes antag¨®nicas": la del Gobierno de UCD, que en 1980 "incluy¨® en el paquete pactado con el PSOE los dos magistrados que le correspond¨ªa proponer [Jer¨®nimo Arozamena y Rafael G¨®mez-Ferrer], mientras que en 1986, "el Gobierno socialista de Felipe Gonz¨¢lez no iba a someter a ning¨²n tipo de negociaci¨®n la propuesta de Miguel Rodr¨ªguez-Pi?ero y Luis L¨®pez Guerra".

La "quiebra del consenso"

A la "quiebra del consenso", se?alada por este jurista, a?aden otros la escasa relevancia jur¨ªdica y excesiva vinculaci¨®n pol¨ªtica de algunos de los candidatos de los grupos parlamentarios. As¨ª, mientras desde el PP se ha se?alado que el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Pedro de Vega -hasta octubre de 1991 editor del diario El Sol- est¨¢ demasiado marcado por su vinculaci¨®n al sector guerrista del PSOE, el grupo conservador propon¨ªa al catedr¨¢tico de Derecho Administrativo Juan Luis de la Vallina, fundador de Alianza Popular y actual diputado del PP, al declinar la propuesta el catedr¨¢tico de la misma disciplina Fernando Garrido Falla. Fuentes parlamentarias reprochan a algunos juristas insignes que, a pesar de la importancia del alto tribunal, prefieran dedicaciones m¨¢s lucrativas.

Por su parte, el PNV y EA no participar¨¢n en la renovaci¨®n del alto tribunal, si no se reforma la Constituci¨®n para que en la elecci¨®n de los magistrados sean tenidas en cuenta las comunidades aut¨®nomas, seg¨²n inform¨®. a Efe Emilio Olabarr¨ªa (PNV) y a Europa Press Joseba Azkarraga (EA).