El juez Bueren reactiva el 'sumario de altos cargos' de la colza para que los afectados cobren
El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren ha reactivado el segundo sumario de la colza o sumario de los altos cargos, y ha llamado a declarar como inculpados, a partir del 9 de marzo, a siete antiguos cargos pertenencientes a la Administraci¨®n de UCD cuando se produjo el envenenamiento por aceite de colza. Una eventual condena de los mismos es la ¨²nica v¨ªa judicial para que los afectados por el s¨ªndrome t¨®xico pudieran cobrar las indemnizaciones que les fueron reconocidas tras el juicio de la Casa de Campo de Madrid y que ascienden a unos 510.000 millones de pesetas.
Los afectados de la colza han percibido hasta la fecha, en concepto de ayudas del Plan Nacional del S¨ªndrome T¨®xico, unos 60.000 millones de pesetas, alrededor de un 10% del total de las indemnizaciones. La sentencia del Tribunal Supremo, que tendr¨¢ que dictarse antes del 25 de abril, no servir¨¢ para cobrarlas, ya que el Estado no puede ser declarado responsable civil subsidiario.A 11 a?os del inicio de la intoxicaci¨®n, los afectados se siguen preguntando cu¨¢ndo cobrar¨¢n las indemnizaciones. En los despachos de sus abogados se reciben estos d¨ªas entre 40 o 50 llamadas diarias. "El juicio en el Supremo ha terminado ya, ?no?. Entonces, ?la semana que viene cobramos?".
Antonio Garc¨ªa Pablos e Ignacio Uriarte, dos veteranos abogados que llevan 11 a?os a vueltas con la colza, tienen que explicarles, una vez m¨¢s, que deben tener paciencia y que la sentencia del Supremo no es la soluci¨®n definitiva. Ayer reiteraron que sus principales expectativas se centran en que el Supremo ampl¨ªe el censo de fallecidos y afectados por la enfermedad, para que, al menos, los no incluidos puedan beneficiarse en el futuro del sistema de ayudas a los afectados.
Ayudas de la Administraci¨®n
Estas ayudas se concretan en unos cuatro millones de pesetas por fallecimiento, prestaciones farmac¨¦uticas en la totalidad de su importe, 2.500 pesetas en caso de lactancia artifical para madres afectadas, ayudas domicillarias de hasta 50.000 pesetas para realizar tareas del hogar, etc. Pero el grueso de las cantidades corresponde a las prestaciones por incapacidad o invalidez en sus diversos grados, viudedad, orfandad y diversas ayudas suplemantarias. El montante de estas ayudasque , en torno a unos 5.000 millones anuales, subvenciona la Administraci¨®n desde que se inici¨® el envenenamiento hasta la fecha, se sit¨²a en unos 60.000 millones de pesetas.
Los abogados han pedido al Supremo, adem¨¢s de mayores penas para los condenados, que se revise el censo de fallecidos y de enfermos. La sentencia de la Audiencia Nacional dictada tras el juicio de la Casa de Campo reconoci¨® oficialmente 330 muertos a causa del s¨ªndrome. En la actualidad, el n¨²mero de fallecidos cuyos familiares han recibido ayuda asciende a 441. Pero en realidad, el n¨²mero de fallecidos censados asciende a 955.
"En muchos hospitales de provincias" explicaron los letrados Garc¨ªa Pablos y Uriarte 11 no se han hecho las autopsias a los fallecidos. Los forenses del s¨ªndrome t¨®xico, si falta la autopsia, no se atreven a certificar la muerte a causa de la colza. En otros casos, los censados por el s¨ªndrome pueden haber muerto por un accidente de tr¨¢fico, pero hay que revisar las situaciones una por una, tanto de fallecidos como de enfermos".
Tal decisi¨®n implicar¨ªa revisar m¨¢s de 20.000 carpetas de fallecidos y afectados por al enfermedad. Antes de que se dicte la sentencia del Supremo ser¨ªa imposible, porque es una labor de a?os y el Supremo se ha dado de plazo para dictar sentencia hasta el 25 de abril. "Pero podr¨ªa hacerse en un simple p¨¢rrafo que ordenase hacerlo en el per¨ªodo de ejecuci¨®n de sentencia", a?adi¨® Garc¨ªa Pablos. As¨ª, tras la sentencia, se abrir¨ªa un per¨ªodo de ejecuci¨®n indeterminado en el quepodr¨ªan revisarse todos los casos dudosos.
De la sentencia del Supremo, en cualquier caso, no saldr¨¢n las indemnizaciones de.cretadas por la Audiencia Nacional. Estas indemnizaciones abarcaban un amplio baremo, seg¨²n el tipo de lesiones. Por cada fallecido se estipularon 15 millones de pesetas (de los que sus familiares han percibido cuatro) y el tope m¨¢ximo qued¨® fijado en 90 millones para los casos de gran invalidez. El montante total no se ha podido evaluar, pues depende de la evoluci¨®n de la enfermedad en cada caso, pero los c¨¢lculos de los letrados lo sit¨²an en unos 510.000 millones de pesetas.
De ese medio bill¨®n de pesetas s¨®lo hay en caja unos 1.500 millones, cantidad equivalente a los bienes embargados a los aceiteros condenados.
Objetivo, que pague el Estado
Para que el Estado se hiciese cargo de las indemnizaciones primero tendr¨ªa que ser condenado. Este es precisamente el objetivo de las acusaciones en el segundo sumario, el de los altos cargos, que el juez Bueren acaba de reactivar y en el que ha citado a declarar "como inculpados" para los d¨ªas 9, 10, 11 y 12 de marzo a siete ex altos cargos de la Administraci¨®n de la etapa de UCD.La precisi¨®n "como inculpados" deriva de que el sumario cay¨® por tierra cuando se decret¨® la apertura de juicio contra ellos en mayo de 1990, tras citarles "como testigos". En su anterior resoluci¨®n de 1990, el juez Bueren, al decretar la apertura del juicio, declar¨® responsable civil al Estado en caso de insolvencia de los acusados. ?stos, que fueron inculpados por el juez con un dictamen fiscal que ped¨ªa el sobreseimiento por no apreciar delito, recurrieron alegando defectos formales al haber declarado sin abogado, como simples testigos, y ganaron. La Audiencia Nacional revoc¨® el auto de apertura del juicio.
Para el 9 de marzo han sido citados las personas cuyos cargos, en 1981, eran los siguientes: Manuel Hern¨¢ndez Bola?os, director del Laboratorio Central de Aduanas; Antonio Bad¨®n Artacho, jefe de Defensa contra Fraudes del Ministerio de Agricultura; Miguel Casado Palomero, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Valladolid; Roberto Conty Larraz, subdirector de Higiene de los Alimentos; Casimiro Palacios Rodr¨ªguez, concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alcorc¨®n; Francisco Mayo Jim¨¦nez, concejal de Abastos del ayuntamiento de Alcorc¨®n y Jos¨¦ Guill¨® Fern¨¢ndez, director general de Competencia y Consumo y Comisario General de Abastecimientos y Transportes. Ahora hay que comenzar por el principio, volvi¨¦ndoles a llamar para que declaren 11 como inculpados". Con todo, una eventual condena por esta v¨ªa parece incierta y a¨²n distante.
Pero si en su d¨ªa algunos delos ex altos cargos resultan condenados, el Estado, como responsable civil subsidiario, tendr¨ªa que hacer frente a las cuantiosas indemnizaciones.
Queda una tercera posibilidad, que los abogados han empezado a explorar y en la que profundizar¨¢n a partir de que la sentencia de la colza se dicte por el Supremo y sea firme. Se trata de excitar el inter¨¦s de los partidos pol¨ªticos para, mediante una ley, atender a las indemnizaciones.
Los abogados recuerdan que en algunos casos se han alcanzado acuerdos indemnizatorios con distintas administraciones y citaron los casos de Ortuella, Alcal¨¢-20 y Almacenes Arias.
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