El Estado no consigue cobrar ni la tercera parte del canon por contaminaci¨®n de aguas

En cinco a?os de funcionamiento del canon por verter sustancias contaminantes a r¨ªos y mares s¨®lo se han recaudado 7.300 millones de pesetas. Esta cifra no llega ni a la tercera parte de lo que industrias y ayuntamientos deb¨ªan haber pagado. Francisco Gil, director general de Calidad de Aguas, es pesimista. Apunta la preocupante provisionalidad de todo y ve como mejor salida cambiar de sistema. "El canon es una figura paniaguada, que en la pr¨¢ctica no sirve para casi nada".

Desde que en 1987 se puso en marcha el canon de vertidos creado por la Ley de Aguas de 1985 como uno de los pilares para poner freno al deterioro medioambiental en Espa?a, las industrias deb¨ªan haber pagado 8.234 millones de pesetas y los ayuntamientos 14.645 millones. En realidad, s¨®lo han abonado 4.000 y 3.340 millones, respectivamente. Para el Ministerio de Obras P¨²blicas y Transportes (MOPT), lo preocupante no es s¨®lo eso, sino que la tendencia no es a aumentar. El porcentaje de los que pagan se ha estancado en el 48% de las industrias y el 23% de los ayuntamientos.Francisco Gil, director general de Calidad de Aguas del MOPT, es tajante: "El canon actual sigue el modelo italiano; pero como nuestra dotaci¨®n de guardas es rid¨ªcula, todo se convierte en un juego del rat¨®n y el gato, entre infractores y polic¨ªas. La experiencia y los datos, y eso que yo llevo en este cargo s¨®lo cinco meses, dicen que este tributo no cumple ni su papel disuasorio ni su finalidad, que es recaudar los fondos necesarios para proteger y mejorar el equilibrio ecol¨®gico de las zonas da?adas". "Con el sistema de ahora", concluye Gil, "tenemos estudios que demuestran que por mucho que suba el canon nunca se recaudar¨¢n cantidades significativas para la depuraci¨®n de las zonas contaminadas".

Sobre la pol¨¦mica creada en torno a SNIACE, cuyo canon asciende a 525 millones anuales y que poco antes de presentar suspensi¨®n de pagos fue obligada por los tribunales a ejecutar un aval de 625 millones, Francisco Gil explica que la Administraci¨®n fue tolerante con la empresa y le impuso ese canon provisional hasta que presentara un plan de saneamiento. "En realidad, la contaminaci¨®n es tan fuerte que por ley se le deb¨ªa haber prohibido seguir produciendo en esas condiciones, pero tampoco se quer¨ªa forzar el cierre de SNIACE, por lo que supone para muchos trabajadores de Cantabria. Ya se sabe que cuando corren tiempos de aumento del paro, la conciencia ecologista baja".

Nunca lo suficiente

Francisco Gil compara lo recaudado -cuya gesti¨®n corresponde a las Confederaciones Hidrogr¨¢ficas de cada cuenca- con lo que cuesta reparar lo da?ado, y las cuentas se le vienen abajo: "Estamos pensando subir la unidad del canon de medio mill¨®n a un mill¨®n de pesetas. Todos pasar¨ªan a tener que pagar el doble, y se les puede obligar con los mismos procedimientos que se siguen contra quien no paga el impuesto de la renta. Pero, ?de qu¨¦ me sirve conseguir 14.000 millones de pesetas, si, por ejemplo, el Plan de Saneamiento de las cuencas del Saja y Besaya, en Cantabria, supone 8.000 millones de pesetas, y una depuradora en Valladolid puede salir por 10.000 millones? Hay que cambiar el actual sistema, que no me agrada nada, y apostar por el modelo franc¨¦s de corresponsabilidad".

Seg¨²n ese principio, se cambiar¨ªa el concepto de "quien contamina paga" por el de "quien ha contaminado, paga lo necesario para dejar la zona limpia". En el caso de SNIACE, por ejemplo, no habr¨ªa que partir del medio mill¨®n de la unidad del canon multiplicado por la cantidad de litros de lej¨ªas bisulf¨ªticas que suelta, sino de su 90% de culpa en el deterioro de la cuenca del Besaya y la playa de Suances, cuya limpieza ha agudizado estos d¨ªas las tensiones entre el Gobierno c¨¢ntabro y la Administraci¨®n central.