El fiscal pide prisi¨®n para un alcalde de Granada y 13 jornaleros por el fraude de las peonadas

La Fiscal¨ªa de Granada ha solicitado 10 a?os y cuatro meses de prisi¨®n para el alcalde de Iznalloz (Granada), el socialista Antonio Mata Hita, y un a?o para 13 peceptores del subsidio agrario, por su implicaci¨®n en el fraude de las peonadas. El fiscal estima que el alcalde cometi¨® un delito continuado de falsedad al certificar a los jornaleros peonadas ficticias y otro continuado de estafa a la Seguridad Social al cotizar en el r¨¦gimen agrario trabajos que pertenecen al r¨¦gimen general

Antonio Mata deber¨¢ indemnizar por este motivo con cerca de 30 millones a la Seguridad Social, mientras que los peceptores del subsidio tendr¨¢n que devolver el dinero cobrado ileg¨ªtimamente.La calificaci¨®n del fiscal aclara cu¨¢les ser¨¢n los criterios que en ¨¦ste, y en otros casos parecidos, utilizar¨¢ el ministerio p¨²blico para hallar a los responsables del fraude de las peonadas. De los cerca de 300 jornaleros que prestaron declaraci¨®n ante el juez por percibir el subsidio mediante la firma de peonadas sin trabajar, s¨®lo han sido acusados los 13 que por la cuant¨ªa de su patrimonio -que incluye viviendas, fincas y varios veh¨ªculos en algunos casos- o por su calidad de empresarios no ten¨ªan derecho -reunieran o no las 60 peonadas necesarias- a cobrar la paga por desempleo. En el caso del alcalde, el fiscal destaca que el secretario municipal le advirti¨® mensualmente mediante una certificaci¨®n de la irregularidad que estaba cometiendo, pero que continu¨® a sabiendas de la ilegalidad concediendo firmas de favor.

Advertencias

En el escrito de acusaci¨®n, el fiscal se?ala que Antonio Mata, en el periodo de mayo a diciembre de 1988, cotiz¨® al r¨¦gimen agrario de la Seguridad Social 3.202 jornales correspondientes a 302 vecinos de Iznalloz. El secretario del municipio advirti¨® al alcalde en varias ocasiones que muchos jornaleros que el Ayuntamiento hac¨ªa constar en la relaci¨®n de trabajadores "por jornadas reales" no constaba que hubieran prestado al Ayuntamiento ning¨²n tipo de servicio. Los municipios andaluces y extreme?os dispon¨ªan entonces de fondos mensuales con cargo al Plan de Empleo Rural (PER) para la promoci¨®n de trabajos con los que disminuir el paro en el sector y permitir a los braceros reunir las 60 jornadas que dan derecho al subsidio de desempleo.

Sin embargo, muchos alcaldes firmaron indiscriminadamente jornadas a los braceros sin que ¨¦stos llegaran realmente a trabajarlas. No obstante, los ayuntamientos cotizaron por los trabajadores ficticios al r¨¦gimen especial agrario de la Seguridad Social, cuya cuota es sensiblemente m¨¢s barata que la del r¨¦gimen general, pese a que muchos de los trabajos en verdad realizados -barrido de calles, encalado de casas o construcci¨®n de viviendas- no eran por naturaleza trabajos agr¨ªcolas. Los trabajadores que se beneficiaron de las peonadas falsas entregaban al Ayuntamiento la cantidad correspondiente a la cotizaci¨®n en el r¨¦gimen agrario para que los municipios no tuvieran que detraerla de sus arcas. En el caso de Iznalloz, el secretario advirti¨® al alcalde que los mandamientos de pago a la Seguridad Social no se correspond¨ªan con las n¨®minas, "ya que en aqu¨¦llos figuran m¨¢s personas que en ¨¦stas".

Antonio Mata, no obstante, mediante "un plan preconcebido", orden¨® el "gasto y pago" para posibilitar de esta forma que "numerosas personas pudieran acreditar la realizaci¨®n de 60 jornadas de trabajo anuales, cada una, exigidas como periodo de carencia para la solicitud y obtenci¨®n del subsidio".

Respecto a los jornaleros, el fiscal ha eliminado la acusaci¨®n contra todos aquellos que, aunque se beneficiaron de firmas falsas, pudieran alegar estado de necesidad para justificar su conducta. Las personas para las que la fiscal¨ªa pide un a?o de prisi¨®n y la devoluci¨®n de la prestaci¨®n -que gira en torno a las 240.000 pesetas- tienen patrimonio suficiente e incluso otros ingresos para no tener que acogerse al subsidio.

Entre ellos figura Mar¨ªa C¨®rdoba, de 43 a?os, a cuyo nombre, o al de su unidad familiar, figuran dos veh¨ªculos, una finca, un solar urbanizable, la vivienda donde reside y que adem¨¢s explota el caf¨¦ restaurante La Cueva, valorado en 20 millones de pesetas. Otro de los supuestos jornaleros acusados es Juan Moreno Ma?as, de 37 a?os, due?o de una vivienda y de un caf¨¦-bar con discoteca que tiene arrendado para su explotaci¨®n. Asimismo figura Antonio Molina Acebes, due?o de fincas de secano, riego y olivar, as¨ª como de una furgoneta. Tiene dos cuentas bancarias con dep¨®sitos a plazo fijo por cantidades superiores a los cinco millones de pesetas.