Los jueces de Madrid permiten que la polic¨ªa elija magistrados favorables para autorizar registros

Los polic¨ªas ya no depender¨¢n de la loter¨ªa en el reparto de casos entre los jueces para que uno inclinado a autorizar registros les caiga en suerte. "Se lo hemos puesto a huevo", ironiza un magistrado. Es uno de los ocho que, en la ¨²ltima Junta de Jueces de Instrucci¨®n, apoyaron -sin ¨¦xito- que se mantenga la normativa actual: la que establece que todos los registros que demande la polic¨ªa (con excepci¨®n de los urgentes) pasen antes por la oficina de reparto. La mayor¨ªa de los jueces vot¨® a favor de que no haya reparto, y que sea el juez de guardia quien decida. De este modo, a la polic¨ªa le basta con esperar a que est¨¦ de guardia el m¨¢s predispuesto.

Lo que a algunos magistrados les llama m¨¢s la atenci¨®n es que se haya optado por esta v¨ªa; m¨¢xime cuando casi todos sospechan que en algunas comisar¨ªas hay listas negras de magistrados reacios a autorizar registros; tambi¨¦n las hay de los favorables. "La experiencia lo avala: la polic¨ªa tiene sus preferencias", asegura otro magistrado, tambi¨¦n contrario al acuerdo, que fue adoptado por 14 votos a favor y 8 en contra. Parad¨®jicamente, esa reuni¨®n de la Junta ha sido de las pocas celebradas que han contado con qu¨®rum, aunque a ¨²ltima hora hubo que avisar a jueces para que la votaci¨®n surtiera efecto. "Estamos hablando de un derecho fundamental, y no todos los jueces son igual de estrictos a la hora de exigir que la petici¨®n policial est¨¦ debidamente fundamentada".

No hace mucho, un juez autoriz¨®, durante su guardia, nueve de los 11 registros de domicilios que le pidi¨® la polic¨ªa. Al final, s¨®lo dos resultaron positivos; es decir, se hall¨® droga y hubo detenidos, comenta un funcionario judicial. No ha sido ¨¦se el ¨²nico caso de excesos. Las llamadas de agentes preguntando qu¨¦ juez est¨¢ de guardia determinado d¨ªa han sido frecuentes en los ¨²ltimos a?os, sobre todo antes de la ley Corcuera. Revelan que la polic¨ªa conoce bien el percal. "Yo, casualmente, he contestado a varias", agrega el citado funcionario.

Sin constancia de delito

La Ley de Seguridad Ciudadana -ley Corcuera- permite la entrada policial en un domicilio privado sin autorizaci¨®n judicial cuando los agentes tengan "el conocimiento fundado que les lleve a la constancia de que se est¨¢ cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas t¨®xicas, estupefacientes o sustancias psicotr¨®picas, castiga el C¨®digo Penal (...)". Por tanto, los registros a los que se ata?e el acuerdo de la Junta de Jueces de Madrid se refieren al resto de los delitos y a casos en que, por no existir la constancia a la que se refiere la ley, resulte precisa la autorizaci¨®n del juez. Algunos de los magistrados que han votado a favor de que tales peticiones no pasen por la oficina de reparto,. situada en el decanato, admiten que el nuevo sistema facilita la elecci¨®n del juez. No obstante, sostienen que es la f¨®rmula m¨¢s viable. "Si un d¨ªa deniegas un permiso, el polic¨ªa lo acepta; al siguiente, probablemente, tambi¨¦n; pero a la tercera se harta y utiliza el camino m¨¢s corto: la patada en la puerta; amparado por la ley Corcuera", razona un magistrado.

Los que apoyan el nuevo sistema coinciden en que el objetivo en ning¨²n caso ha sido dar facilidades a la polic¨ªa para que irrumpa a su antojo en casas privadas. De hecho, los hay que, cuando entre en vigor la nueva normativa, van a evaluar los resultados: si la polic¨ªa se ampara en meras intuiciones o, efectivamente, pide un registro tras un trabajo de investigaci¨®n serio.:

Acumulaci¨®n de trabajo

La decisi¨®n de la Junta de Jueces de Instrucci¨®n no ser¨¢ firme hasta dentro de varias semanas. Precisa ser ratificada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que se da por hecho. "Normalmente, la sala otorga validez a nuestros acuerdos; lo raro es que los revoque", coinciden en se?alar varios magistrados. La norma abolida ahora (aunque a¨²n sigue vigente, hasta que se pronuncie el Tribunal Superior) surgi¨® de un compromiso de autorregulaci¨®n. Para ello se establecieron tres posibilidades: autorizar el registro (en teor¨ªa, si est¨¢ fundado y es urgente), denegarlo, o enviarlo sobre la marcha a la oficina de reparto, opci¨®n ¨¦sta derogada.

Jueces partidarios de suprimir el reparto fundamentan su actitud en "la responsabilidad". "Cada cual debe asumir su propia responsabilidad", opina un juez. Y a?ade: "Lo l¨®gico es que quien autoriza un registro instruya la causa y asuma las consecuencias, positivas o negativas, de su decisi¨®n".

Un magistrado reacio al nuevo sistema argumenta que el mismo "favorecer¨¢ actuaciones policiales arbitrarias" y fomentar¨¢ el empleo de la ley Corcuera. Lo razona: "Todos somos conscientes de que ordenar un registro implica, si resulta positivo, incrementar el trabajo del juzgado propio: si hay detenidos, los interrogatorios y dem¨¢s diligencias debe ejecutarlas quien ha autorizado el registro. A la larga", agrega, "la bola pasar¨¢ de unos a otros y la tendencia ser¨¢ autorizar los m¨ªnimos posibles. Conclusi¨®n: la patada en la puerta".

En cambio, algunos de los partidarios entienden que el sistema aprobado no implica un cambio sustancial respecto al anterior. En la pr¨¢ctica (y pese a la norma todav¨ªa existente), "cada cual act¨²a a su modo", aunque en teor¨ªa deba enviar a reparto las peticiones. ?Qui¨¦n sino el juez dictamina si es o no urgente? Los que son favorables a autorizar el registro van a disponer de similares posibilidades que ahora".