La lucha de los trabajadores

Se est¨¢ poniendo de manifiesto con mayor claridad, si cabe, que los trabajadores y el movimiento sindical est¨¢n sufriendo las consecuencias de decisiones regresivas que consuman lo que consideramos las mayores agresiones desde la restauraci¨®n de la democracia.En los ¨²ltimos tiempos se han producido en numerosos pueblos y ciudades, por toda la geograf¨ªa espa?ola, huelgas con seguimiento pr¨¢cticamente un¨¢nime, manifestaciones de una concurrencia nunca vista y otras formas de protesta. A esas demostraciones se han sumado ampl¨ªsimos sectores de ciudadanos, asociaciones, partidos pol¨ªticos, e incluso, en ocasiones, de las propias instituciones municipales y auton¨®micas. Las demandas eran muy claras: que se negocien estrategias de pol¨ªtica industrial y regional que eviten la desertizaci¨®n y el paro generalizado en las comunidades aut¨®nomas que tienen alg¨²n grado de industrializaci¨®n y, asimismo, los agravios comparativos con aqu¨¦llas que no lo han tenido nunca. Todo ello en momentos en que las quiebras, las suspensiones de pago y los expedientes de regulaci¨®n de empleo se multiplican.

?Cu¨¢l ha sido la respuesta del poder? No s¨®lo manifiesta su voluntad de mantener la pol¨ªtica causante de todo este desastre, no s¨®lo desestima la elaboraci¨®n de cualquier pol¨ªtica sectorial o regional (ya vendr¨¢ el mercado a arreglarlo todo), sino que, mediante malabarismos con las estad¨ªsticas, niega la propia existencia de la crisis industrial.

Todo esto es simult¨¢neo con los cierres, la reducci¨®n de actividad y las consiguientes p¨¦rdidas masivas de empleo que se est¨¢n produciendo en el sector agrario y en la miner¨ªa o que se anuncian en el sector pesquero, donde la Comunidad Europea y nuestro Gobierno han anunciado una reducci¨®n de las flotas del 40%, sin que se conozcan medidas para crear empleos alternativos.

A la vez, est¨¢n las medidas, que se han puesto ya en pr¨¢ctica o que se anuncian bajo el manto protector de Maastricht.

El plan de convergencia del Gobierno, m¨¢s que acercarnos a Europa, es el continuismo de una pol¨ªtica negativa y perjudicial para nuestro pa¨ªs. Es un plan de ajuste que utiliza los compromisos de Maastricht como coartada puramente instrumental, ya que sus objetivos superan con creces los requisitos de la conferencia. Es un plan que, contrariamente a lo que se afirma, s¨ª supone duros sacrificios a los trabajadores y cuyos ejes son el deterioro y la liquidaci¨®n del sector p¨²blico empresarial, el recorte de los gastos sociales (en sanidad y en protecci¨®n social) y la profunda desregulaci¨®n de las relaciones laborales.

Discriminaci¨®n social

Y que tiene, adem¨¢s, caracter¨ªsticas contradictorias. Por un lado, ninguna medida para dar un m¨ªnimo de seriedad a los objetivos de creaci¨®n de empleo. ?C¨®mo se puede creer, en efecto, que una pol¨ªtica de ajuste duro que plantea fort¨ªsimos recortes presupuestarios, la p¨¦rdida del poder adquisitivo de los salarios y la reducci¨®n del crecimiento econ¨®mico va a conllevar la creaci¨®n de un mill¨®n de empleos?

Por otro lado, s¨ª son muy concretas (en realidad, es lo ¨²nico que aparece claro en el plan) las medidas laborales: amenaza de derogaci¨®n unilateral de las ordenanzas laborales, introducci¨®n de la arbitrariedad en la movilidad geogr¨¢fica, reducci¨®n del gasto sanitario.

Y entre ellas, el decretazo, una medida de efectos dram¨¢ticos. Con ella se frustran expectativas leg¨ªtimas para los trabajadores afectados por la reconversi¨®n industrial y se condena a los trabajadores fijos discontinuos y con contratos temporales a una mayor discriminaci¨®n en materia de protecci¨®n social. Se est¨¢ intentando enga?ar, c¨ªnicamente, a la opini¨®n p¨²blica diciendo que con el decretazo no se disminuye la protecci¨®n social de los afectados. O sea, como si fuera lo mismo percibir tres meses de prestaci¨®n contributiva que no percibir nada; o seis meses de prestaci¨®n contributiva con el 80% de la base reguladora que cuatro meses con el 701/,o de esa base. O percibir una prestaci¨®n contributiva calculada sobre los salarios cotizados que una asistencial de 42.210 pesetas. Prestaci¨®n asistencial -hay que recordarlo porque esto se omite deliberadamente- que no implica cotizaci¨®n para invalidez, jubilaci¨®n y orfandad. Con lo cual centenares de miles de trabajadores Precarios, que ya lo ten¨ªan dif¨ªcil, pierden esperanza de percibir alguna vez una jubilaci¨®n plena, que requiere en nuestro pa¨ªs 35 a?os de cotizaci¨®n. Incluso es sumamente dudoso (puede llevarles hasta 30 a?os) que puedan llegar al m¨ªnimo de jubilaci¨®n alguna vez.

Sensibilidad

Por eso denunciamos una norma en la que se utiliza indebidamente un mecanismo excepcional -como es el del decreto-ley sin que exista el caso de extraordinaria y urgente necesidad que la Constituci¨®n exige y en la que se comete el desprop¨®sito de convalidarla afirmando los autores, al mismo tiempo, que la van a retocar pocos d¨ªas despu¨¦s.

Por todo ello, las demandas de los trabajadores se concretan en la exigencia de sensibilidad social, el cumplimiento de las promesas electorales realizadas, el cambio en la orientaci¨®n en la pol¨ªtica social y econ¨®mica del Gobierno. Y sobre todo, que no se consumen atropellos. Como la ley de huelga, cuyo anteproyecto ha aprobado el Consejo de Ministros, que no es sino otro ataque a un derecho fundamental consagrado en nuestro pa¨ªs.

Los sindicatos hemos aportado alternativas porque queremos negociar. En el caso de las normas sobre contrataci¨®n laboral exist¨ªa incluso una mesa tripartita de negociaci¨®n abierta cuyos contenidos se han alterado unilateralmente por el sencillo procedimiento de utilizar el Bolet¨ªn Oficial Y en el de la huelga, hemos elaborado una propuesta equilibrada que respeta plenamente los derechos de usuarios y consumidores y da la ¨²ltima palabra, en caso de discrepancia, a ¨®rganos que emanan del Parlamento o de los ¨®rganos legislativos de las comunidades aut¨®nomas.

Respecto de la convergencia, que por su gran trascendencia debe ser objeto -como se est¨¢ plantaendo en todos los pa¨ªses comunitarios- de un amplio dehate nacional (lo que es incompatible con los decretazos), en los pr¨®ximos d¨ªas presentaremos nuestros criterios. Que se basan en la cohesi¨®n social y econ¨®mico, en la convergencia real y no silo macroecon¨®mica, en la necesidad de lograr de la solidaridad y del consenso.

Nuestro rechazo a las decisiones gubernamentales nada tienen que ver, como desde determinados sectores se dice, con el deseo de una confrontaci¨®n pol¨ªtica con el Gobierno elegido por los ciudadanos ni con una pretensi¨®n de sustituir los mecanismos de la democracia:.

Todo lo contrario. Pretendemos utilizar precisamente los derechos constitucionales para expresar nuestra voluntad de que se rectifiquen medidas muy concretas que afectan gravemente a :parte de los sectores m¨¢s desfavorecidos de la poblaci¨®n.

Por todo ello la lucha de los trabajadores este Primero de Mayo -el del 92 de los grandes eventos- tiene el signo del ?no! a unas concretas medidas y la exigencia de una sensibilidad social de la que nuestros gobernantes carecen.