El 'decretazo'

Lo que el Gobierno ha querido evitar con el decreto que recorta las prestaciones de desempleo, afirma el autor, es una discusi¨®n con los sindicatos sobre la situaci¨®n del Inem, en la que se hubiera enfrentado con la aberraci¨®n que ¨¦l mismo ha engendrado: un 37,8% de contratos temporales en el sector privado, m¨¢s los de la Administraci¨®n, cubiertos todos por el sistema contributivo de desempleo.

La promulgaci¨®n del Decretoley de Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protecci¨®n del Desempleo se ha llevado a efecto con una delicadeza comparable a la irrupci¨®n de un elefante en una cacharrer¨ªa. Pareciera, en efecto, que hubiera nacido con la vocaci¨®n, entre otras cosas, de batir el r¨¦cord del atentado a las formas: las vulnera todas.As¨ª, la eliminaci¨®n en unos casos y la reducci¨®n en otros de prestaciones contributivas que suponen derechos adquiridos con anterioridad al decreto; el saltarse a la torera el requisito legal de informar previamente al Consejo General del Instituto Nacional de Empleo (Inem); la modificaci¨®n de derechos que afectan al t¨ªtulo I de la Constituci¨®n mediante un decreto-ley; el desaire a los grupos parlamentarios, que se enteraron de la primera medida concreta del programa de convergencia a trav¨¦s del BOE; el pitorreo a los sindicatos, que, decepcionados, comprobaron a posteriori que la invitaci¨®n de Felipe Gonz¨¢lez a la normalizaci¨®n del di¨¢logo social no s¨®lo no significaba ning¨²n cambio positivo de actitud, sino que comenzaba por un hecho consumado de la mayor gravedad.

Por el cuello

Comenzar el di¨¢logo atenazando al interlocutor por el cuello puede ser ¨²til para argumentar que no es capaz de articular respuestas coherentes ni alternativas, pero dificulta bastante el entendimiento. Suelen ser poco convincentes las invocaciones a la conciliaci¨®n y a la discusi¨®n sosegada mientras no le quiten a uno las manos de encima.

Los argumentos con los que se ha pretendido justificar este golpe de mano resultan poco convincentes. No parece, efectivamente, muy riguroso basar la urgencia del decreto en el peligro de un movimiento especulativo orientado a la acaparaci¨®n de prestaciones, cuando en nuestro pa¨ªs la baja voluntaria del trabajo no acarrea en ning¨²n caso derecho a las prestaciones por desempleo.

De igual manera, se ha pretendido amparar este inusual proceder con el argumento de que era necesario para evitar la quiebra del sistema. Realizar tal afirmaci¨®n sin reconocer a continuaci¨®n -con mayor propiedad- la quiebra del Estado y la incapacidad de ¨¦ste para hacer frente a sus obligaciones legales no tiene ning¨²n sentido. Si el sistema contributivo de desempleo se basa en un mecanismo de aseguramiento donde a cambio de cotizaciones se tiene derecho a prestaciones econ¨®micas, el Estado es, como m¨ªnimo, el garante de ese sistema, su reaseguro. Digo como m¨ªnimo porque adem¨¢s tiene la obligaci¨®n de realizar una pol¨ªtica de solidaridad.

Es llamativo en este sentido, que el Gobierno haya venido utilizando los super¨¢vit que han solido producirse en el sistema contributivo para financiar otras contingencias y que ahora de manera tan brusca se comporte como no le est¨¢ permitido proceder a ninguna compa?¨ªa de seguros: recortando unilateralmente las condiciones del contrato.

Ante la constataci¨®n del problema presupuestario se hubiera debido plantear la cuesti¨®n en el Consejo General del Inem, demandar medidas y propuestas para afrontarlo, incluso replantearse, si ello fuera imprescindible, las cotizaciones al sistema, as¨ª como las aportaciones del Estado; pero lo que no es admisible es que el Gobierno decrete unilateralmente la reducci¨®n de las prestaciones sin ni siquiera consultar a las partes sociales, que son quienes financian el sistema.

El argumento es adem¨¢s totalmente incre¨ªble por cuanto era perfectamente conocido que se estaba realizando en estos dos ¨²ltimos a?os una falseada presupuestaci¨®n a la baja (reiteradamente denunciada por los sindicatos) con una clara finalidad pol¨ªtica: crear la alarma de una situaci¨®n insostenible. En ello estamos. La situaci¨®n actual, ni ha llovido del cielo, ni era desconocida, ni se presentaron con anterioridad propuestas para abordar medidas orientadas a evitar el deslizamiento que se estaba produciendo en los gastos del desempleo.

Hechos consumados

?Por qu¨¦, entonces, estas prisas, esta pol¨ªtica de hechos consumados? Entiendo que por dos razones. En primer lugar, para quemar las naves y reducir al m¨¢ximo la capacidad de reversi¨®n de las medidas; probablemente tambi¨¦n, para no dejar ning¨²n resquicio a cualquier contestaci¨®n interna en el seno del PSOE, obligando as¨ª a que todos cierren filas para defender al Gobierno. En segundo lugar, para intentar evitar el debate sobre las verdaderas causas que han llevado a que hoy los gastos sean significativamente superio res a los ingresos en nuestro sistema contributivo de protecci¨®n al desempleo. El Gobierno quiere centrar la discusi¨®n en el d¨¦ficit contable y achacarlo al fraude. En cuanto a la cuant¨ªa del fraude -aparte de que los responsables del Inem se muestran bastante incapaces de ofrecer al pa¨ªs una identificaci¨®n precisa del mismo, de su cuant¨ªa y localizaci¨®n, cosa que estar¨ªan obligados a realizar en lugar de situar bajo sospecha a 2,5 millones de ciudadanos-, las cifras que se han manejado, bas¨¢ndose en estimaciones sacadas a relucir para la ocasi¨®n, no superan los 3.000 millones de pesetas, y, en cualquier caso, resulta rid¨ªculo pensar que en los dos ¨²ltimos a?os haya aumentado de tal manera como para producir un agujero presupuestario de m¨¢s de medio bill¨®n de pesetas.

El descalabro presupuestario no tiene su origen en el fraude ni el verdadero problema al que nos enfrentamos es el d¨¦ficit. Este es el efecto cuya principal causa no se quiere nombrar: el sistema de contrataci¨®n temporal que tenemos en Espa?a. Esto es lo que el Gobierno ha querido evitar con el decreto, es decir, una discusi¨®n abierta con los sindicatos sobre la situaci¨®n presupuestaria del Inem en la que inevitablemente hubiera tenido que enfrentarse a la aberraci¨®n que ¨¦l mismo ha engendrado: un 37,8% de trabajadores con contrato temporal en el sector privado, m¨¢s los contratos temporales de la Administraci¨®n, cubiertos todos ellos por el sistema contributivo de desempleo, que est¨¢n rotando continuamente, entrando y saliendo, a la carta, de las empresas. Esta infame estructura provoca, mas a¨²n en un momento de recesi¨®n y de aumento del paro, que se disparen los gastos del desempleo.

Pero ?de qu¨¦ se quejan nuestros gobernantes? ?C¨®mo podr¨ªa ser de otra forma si en Espa?a se realizan 55 contratos de trabajo por cada nuevo empleo asalariado neto que se crea? ?C¨®mo sorprenderse de que esto ocurra si el a?o pasado se han realizado 5,5 millones de contratos y s¨®lo se han creado 100.000 puestos de trabajo; es decir, la rotaci¨®n de la masa de temporales es pr¨¢cticamente lo ¨²nico que se ha producido?

Sistema inicuo

Este inicuo sistema es hijo de quienes ahora, farisaicamente, se echan las manos a la cabeza y tienen encima el cinismo de culpabilizar a los parados. Son los mismos que llevan 10 a?os desatendiendo las demandas sindicales de reformar el Inem y convertirlo en una agencia p¨²blica de colocaci¨®n, los que rechazan una y otra vez la reducci¨®n real de esta temporalidad que genera la precariedad laboral, los que se niegan a conceder a los sindicatos una participaci¨®n en la gesti¨®n del desempleo, los que se obstinan en no abordar la transformaci¨®n en profundidad del Plan de Empleo Rural (PER) permitiendo su utilizaci¨®n electoral, los que nunca han sido capaces de establecer medidas depuradoras de conductas fraudulentas de algunos parados ni de localizar el fraude de las empresas que contratan a trabajadores sin darles de alta; lo que no es de extra?ar, pues son los mismos que no han sido capaces de reducir el fraude fiscal, que en nuestro pa¨ªs ha acumulado entre 5 y 10 billones de pesetas en los ¨²ltimos cinco a?os. En comparaci¨®n con ¨¦l, el desempleo resulta un sistema mod¨¦lico.

es secretario confederal de UGT.