Vanos prop¨®sitos

SE VAN a cumplir tres meses de retraso en la renovaci¨®n de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional (TC), entre ellos su presidente, que concluyeron su mandato el 22 de febrero pasado, y los grupos parlamentarios ni dan muestras de querer terminar con esta situaci¨®n an¨®mala, ni, lo que es m¨¢s grave, tienen conciencia de estar conculcando ning¨²n mandato constitucional. Y ello a pesar de que el presidente del TC, Francisco Tom¨¢s y Valiente, haya se?alado de forma reiterada el riesgo de deterioro institucional que tal demora comporta. El que su advertencia sea deso¨ªda no puede sino restar credibilidad a los prop¨®sitos reformistas, por dem¨¢s vaporosos, que a veces barajan los grupos pol¨ªticos como remedio para revitalizar las instituciones y poner freno al creciente abstencionismo pol¨ªtico de muchos ciudadanos.Recientemente se han apuntado en relaci¨®n con dicho objetivo determinadas modificaciones legales: reforma del sistema electoral para dar mayor autenticidad a los mecanismos de representaci¨®n; reforma del reglamento del Congreso para sincronizar lo m¨¢s posible la actividad parlamentaria con el ritmo de la calle; reforma, finalmente, de la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos para hacerlos m¨¢s transparentes y evitar los casos de corrupci¨®n que tanto desprestigio causan al sistema pol¨ªtico.

La cuesti¨®n es c¨®mo confiar en los efectos beneficiosos de tales reformas si ello depende de quienes incumplen las normas vigentes en un aspecto tan sensible como es el del respeto de los plazos y criterios establecidos para la renovaci¨®n de las instituciones. Con estos antecedentes, la sospecha de que hecha la ley hecha la trampa no hace sino reforzarse en el caso de estas hipot¨¦ticas reformas.

Alg¨²n responsable pol¨ªtico ha pretendido dar por bueno el incumpliento en la renovaci¨®n del TC si ello sirve para que los partidos pol¨ªticos renuncien, de una vez por todas, al sistema de cuotas de reparto en la designaci¨®n de los candidatos. Pero no parece que el retraso se deba a ning¨²n prop¨®sito de enmienda de los grupos parlamentarios, y muy principalmente del socialista y del popular, de atenerse a los criterios constitucionales que deben presidir la elecci¨®n por mayor¨ªa de tres quintos -210 parlamentarios- de los nuevos magistrados. Antes al contrario, m¨¢s que la b¨²squeda de "juristas de reconocida competencia con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio profesional", lo que parece centrar el inter¨¦s de socialistas y populares -y de ah¨ª la dificultad, una vez m¨¢s, de alcanzar el consenso exigido- es el desgaste pol¨ªtico del contrario, aunque sea a costa del deterioro del alto tribunal.

Decisiones recientes, tanto en el ¨¢mbito del Gobierno como de la oposici¨®n conservadora, muestran que siguen primando criterios dificilmente compatibles con los exigidos por la ley en la elecci¨®n de los cargos institucionales. La exigencia de 15 a?os de ejercicio en la profesi¨®n de jurista es contabilizada, a partir de la obtenci¨®n del t¨ªtulo de licenciado en Derecho, cuando los propios colegios de abogados, de forma m¨¢s coherente, consideran como no ejercientes a quienes s¨®lo disponen de dicho t¨ªtulo. Ello explica que haya podido nombrarse fiscal general del Estado a un magistrado que ha ejercido m¨¢s tiempo como gobernador civil que como juez, y que algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tengan como ¨²nico t¨ªtulo de juristas de reconocida competencia el que obtuvieron al finalizar sus estudios en la Facultad de Derecho. Claro que ha llegado a afirmarse que este requisito se cumple en la decisi¨®n misma de nombrarles para el cargo.

Pero en el vaciamiento de los requisitos legales, e incluso de la racionalidad en la designaci¨®n de candidatos a cargos institucionales, nadie ha llegado tan lejos como la derecha judicial en el seno del CGPJ al defender criterios puramente corporativos y de antig¨¹edad -una guinda honor¨ªfica al t¨¦rmino de la carrera profesional- en el reciente nombramiento de presidente de tres audiencias provinciales. Hay razones para preguntarse qu¨¦ tipo de alternativa ofrece el Partido Popular en la designaci¨®n de los cargos de las instituciones del Estado si sus vocales en el Consejo General del Poder Judicial se aferran a criterios tan obsoletos e ineficientes para la marcha de cualquier organizaci¨®n.