Luces y sombras del 'decretazo'

?En qu¨¦ medida los argumentos defendidos por el Gobierno son acertados? En nuestra opini¨®n, no se conoce suficientemente el comportamiento de la oferta de trabajo en nuestro pa¨ªs como para que estas recomendaciones puedan hacerse firmemente. ?Cu¨¢ntos son los puestos de trabajo vacantes que se quedan sin cubrir por una baja intensidad de b¨²squeda de los parados, por la escasa disposici¨®n de los mismos a aceptarlos o porque las cualificaciones de los parados no se corresponden con los requisitos?Dado que las oficinas de empleo del Inem no bastan para ayudar a los parados a encontrar empleo, ?cu¨¢les son las v¨ªas que utilizan los parados para colocarse? Es significativo que, seg¨²n la EPA, el 40% de los parados declaran buscar empleo s¨®lo mediante inscripci¨®n en las oficinas de empleo. ?Es cierto que los parados de larga duraci¨®n constituyen un grupo con problemas especiales para incorporarse al empleo por sus propias caracter¨ªsticas y comportamientos o, simplemente, es as¨ª porque las empresas discriminan contra ellos a la hora de contratar nuevos empleados? ?En qu¨¦ medida una mayor competitividad de los parados se traduce en moderaci¨®n salarial?

En cualquier caso, en la experiencia espa?ola caben destacar ciertos hechos que nos llevan a ser esc¨¦pticos en cuanto a la validez del argumento del Ministerio de Econom¨ªa:

En primer lugar, se presta quiz¨¢ una atenci¨®n excesiva al problema del comportamiento de la oferta de trabajo, olvidando el extraordinario crecimiento del empleo ocurrido en el periodo 1985-1990. A cualquiera se le puede ocurrir que los parados podr¨ªan haber buscado empleo m¨¢s intensamente de lo que lo han hecho o lo hacen, o los salarios podr¨ªan haber crecido menos, pero ?se puede creer seriamente que la econom¨ªa espa?ola podr¨ªa haber creado mucho m¨¢s empleo del que se ha creado en los ¨²ltimos a?os? Por otra parte, el hecho de que se haya creado tanto empleo significa que las empresas han encontrado los trabajadores necesarios para cubrir sus puestos de trabajo lo que prueba que el problema de desajuste entre oferta y demanda no es tan serio como algunos creen. En segundo lugar, los datos existentes sobre los flujos del mercado de trabajo no indican que los parados de larga duraci¨®n (o, al menos, un determinado grupo de ellos) tengan unas dificultades insalvables para incorporarse al empleo. En el caso de los varones, las personas que han ocupado empleos proceden del desempleo m¨¢s que de la inactividad. De hecho en Espa?a no se ha observado la "trampa del paro de larga duraci¨®n", que consiste en un aumento del porcentaje de parados de este tipo con la recuperaci¨®n del empleo, debido a la incapacidad de ¨¦stos de competir.

Tasas de paro

En Espa?a, el paro de larga duraci¨®n ha estado muy vinculado a la evoluci¨®n del paro y del empleo. As¨ª, durante la crisis del empleo de 1975-1985, aument¨® simplemente porque se creaban pocos puestos de trabajo. Durante la recuperaci¨®n de 1986-1990, ha disminuido de forma acusada y puede argumentarse que si las tasas de paro son todav¨ªa de las m¨¢s elevadas entre los pa¨ªses de la OCDE es por la existencia de una gran bolsa de parados (reales y potenciales, es decir, desanimados) acumulada durante la crisis. Siguiendo con las comparaciones con pa¨ªses de la OCDE, el porcentaje de paro masculino de larga duraci¨®n en Espa?a es menor que en otros pa¨ªses de nuestro entorno (por ejemplo, Italia, B¨¦lgica, Pa¨ªses Bajos, Irlanda e, incluso, Alemania). Incluso, dicha incidencia ha disminuido en los ¨²ltimos a?os, aunque adem¨¢s s¨®lo se ha producido en el Reino Unido.

Con una escas¨ªsima voluntad negociadora y una inmensa obcecaci¨®n en contra del recorte de las prestaciones por desempleo, los sindicatos han pasado por alto otras modificaciones introducidas por el decretazo y piden la retirada de todo el decreto o prometen una guerra a muerte en caso contrario. Cabe deducir, por tanto, que los sindicatos prefieren que el contrato temporal de fomento del empleo siga teniendo una duraci¨®n m¨ªnima de seis meses, que los contratos en pr¨¢cticas y para la formaci¨®n sigan estando subvencionados y que no se paguen incentivos a la contrataci¨®n indefinida de j¨®venes, incentivos que, dicho sea de paso, est¨¢n financiados en gran medida por el Fondo Social Europeo y, consecuentemente, su coste de oportunidad es peque?o. Esta postura no parece ni siquiera razonable.

En primer lugar, hay que resaltar la coherencia (que no es sin¨®nimo de acierto) del Gobierno en su forma de regular las instituciones del mercado de trabajo. Cuando se procedi¨® a la reforma de la contrataci¨®n temporal en 1984, se ampliaron las prestaciones por desempleo como contrapartida a los sindicatos por una reforma que, se supone, iba en contra de sus intereses. Ahora se recortan las prestaciones, pero tambi¨¦n se modifica la contrataci¨®n temporal de una forma, al menos parcialmente, favorable a las pretensiones sindicales. En efecto, el contrato temporal de fomento del empleo (CTFE) siempre ha sido objeto de las iras sindicales por suponer la ruptura del principio de causalidad en la temporalidad. En otras palabras, es un contrato que puede firmarse sin que las actividades laborales a realizar sean de naturaleza temporal. Cuando los sindicatos aducen que la elevaci¨®n de la duraci¨®n m¨ªnima de dicho contrato s¨®lo supondr¨¢ que las empresas utilicen otras formas contractuales temporales, se est¨¢n refiriendo a los contratos temporales con causa (de obra o servicios y eventuales por circunstancias de la producci¨®n, principalmente).

Con este argumento, incurren en una contradicci¨®n pilesto que lo mismo ocurrir¨ªa si la figura del CTFE fuera eliminada, lo cual constituye su objetivo final en este campo. En cualquier caso, no parece muy acertado elevar la duraci¨®n m¨ªnima del CTFE en un momento de desaceleraci¨®n del crecimiento, puesto que lo razonable es facilitar la contrataci¨®n en momentos de crisis y hacerla m¨¢s r¨ªgida, si se desea por otros motivos, en momentos de expansi¨®n econ¨®mica y no al rev¨¦s como, parad¨®jicamente se ha hecho en Espa?a. Tampoco se entiende que los sindicatos no est¨¦n de acuerdo.

En tercer lugar, los contratos en pr¨¢cticas y para la formaci¨®n constituyen las formas contractuales peor utilizadas en Espa?a, como pone de manifiesto el informe de la Comisi¨®n de Expertos sobre la contrataci¨®n temporal. En efecto, se trata de contratos utilizados para contratar mano de obra barata y la formaci¨®n real que se imparte a los as¨ª contratados es m¨¢s bien escasa. Por tanto, resulta razonable eliminar las bonificaciones a la Seguridad Social con las que contaban. Lo que cabr¨ªa pedir al Gobierno es que fuera m¨¢s all¨¢ y estableciera mecanismos de control de la formaci¨®n que se imparte al amparo de dichos contratos, especialmente en el caso de los contratos de formaci¨®n, para los que se mantienen las ayudas con cargo al plan FIP. A este respecto, cabe destacar el silencio de las organizaciones empresariales en lo que se refiere a estas modificaciones de los contratos en pr¨¢cticas y en formaci¨®n, silencio que, quiz¨¢, puede explicarse por la casi exclusiva utilizaci¨®n de estos contratos por peque?as empresas, cuyas voces no llegan a la c¨²pula patronal.

Finalmente, la subvenci¨®n de contratos indefinidos de j¨®venes es quiz¨¢ la medida m¨¢s discutible porque necesariamente afecta a un n¨²mero relativamente reducido de personas, aunque desde el punto de vista sindical deber¨ªa ser una medida que gozara de su favor, m¨¢xime cuando, por las razones que ya hemos comentado, el coste de oportunidad de dichas subvenciones es peque?o.

Convergencia

Las diversas acepciones del concepto de convergencia no han sido suficientemente bien explicadas por la clase pol¨ªtica, con lo cual existe cierta confusi¨®n que se aprovecha para hacer demagogia. En primer lugar, el objetivo final ha de ser la convergencia real con los pa¨ªses m¨¢s avanzados, lo cual, en t¨¦rminos m¨¢s sencillos, quiere decir alcanzar las cotas de bienestar social de dichos pa¨ªses y requiere un crecimiento sostenido superior.

En concreto, para resolver el problema del paro, la econom¨ªa espa?ola debe seguir creando empleo al mayor ritmo posible. De acuerdo con una estimaci¨®n razonable del crecimiento de la poblaci¨®n y de la tasa de actividad, puede afirmarse que en los pr¨®ximos 10 a?os ser¨¢ necesario que el empleo crezca en 2,5 millones de personas si queremos que la tasa de paro converja hacia los niveles europeos y se sit¨²e en el 10% de la poblaci¨®n activa.

Para llevar dicha tarea a buen t¨¦rmino, parece necesario un cambi¨® de actitud de los agentes sociales. Por una parte, los sindicatos no pueden seguir rechazando su parte de responsabilidad en un funcionamiento ineficiente del mercado de trabajo y basando su estrategia en el rechazo a la negociaci¨®n y en el uso de coacciones de eficacia dudosa, como son las huelgas generales.

Las medidas aprobadas en el llamado decretazo reducir¨¢n o contendr¨¢n el gasto del Inem en prestaciones por desempleo, pero es discutible en qu¨¦ medida van a ayudar a paliar el paro.