Bandr¨¦s pide que Borrell explique en el 'caso Naseiro' los pagos de empresas a partidos

Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, acusador popular en el caso Naseiro, propuso ayer como testigo del juicio al ministro de Obras P¨²blicas, Jos¨¦ Borrell, para que explique las supuestas comisiones que las grandes empresas de la construcci¨®n pagan a los partidos pol¨ªticos a cambio de favores. Bandr¨¦s defendi¨® la actuaci¨®n del juez instructor Luis Manglano y reclam¨® que las garant¨ªas jur¨ªdicas no amparen ¨²nicamente a "los poderosos". La Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se celebra la vista, aplaz¨® sine die las sesiones para resolver sobre todas las peticiones de las diferentes partes.

Bandr¨¦s, quien representa a Unitat del Poble Valenci¨¤, propuso tambi¨¦n como testigos a los representantes legales de las principales empresas constructoras espa?olas. Asimismo, solicit¨® que el director de EL PA?S aporte el original de una circular interna del PP publicada por este diario el 27 de abril de 1990. En ese documento, la tesorer¨ªa del partido pide a su presidente que agilice el cobro del dinero presupuestado como "financiaci¨®n empresarial". Por su parte, Borrell pidi¨® en abril de 1990 a los presidentes de las empresas constructoras que no pagaran comisiones a los partidos (EL PA?S, 24-IV-90).Seg¨²n Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, el Ministerio de Obras P¨²blicas realiza inversiones cada a?o por valor de un bill¨®n y medio de pesetas. Las supuestas comisiones pagadas por las empresas representan "entre el 2% y el 4%" de ese dinero, en opini¨®n de ese acusador popular. Bandr¨¦s calific¨® de "muy grave" el hecho de que, por medio de ese sistema, "se puedan financiar partidos pol¨ªticos y, de paso, quedarse cantidades en el bolsillo". "Es un delito m¨¢s grave que los hurtos o robos, que crean la denominada inseguridad ciudadana. El cohecho es la verdadera inseguridad ciudadana", a?adi¨®.

"Sonrojo y verguenza"

La intervenci¨®n de Bandr¨¦s abri¨® la segunda sesi¨®n del juicio, en que est¨¢n inculpados dos ex tesoreros del PP, Rosendo Naseiro y ?ngel Sanchis; un ex concejal valenciano de ese partido, Salvador Palop, y el empresario Jos¨¦ Balaguer. El fiscal pide tres meses de arresto y multa para cada uno de los tres pol¨ªticos populares por un delito consumado de cohecho, ya que supuestamente favorecieron a empresas privadas a cambio de comisiones destinadas a la financiaci¨®n del PP.Bandr¨¦s defendi¨® la actuaci¨®n de Luis Manglano y explic¨® que no puede esperarse que el juez escuchara las cintas grabadas por la polic¨ªa y no hiciera nada, "cuando su contenido produce sonrojo y verg¨¹enza ajena a cualquier persona". El acusador popular cerr¨® su informe pregunt¨¢ndose "si vamos a volver a una justicia de clase". El defensor de Palop, Manuel Cobo del Rosal, calific¨® de "sugestiva" la intervenci¨®n de Bandr¨¦s, pero le acus¨® de "trivializar" el Estado de Derecho.

Antonio D¨ªaz, acusador popular que representa a Izquierda Unida, se quej¨® de que no se haya cumplimentado su petici¨®n de prueba anticipada para conocer los bienes del diputado ?ngel Sanchis. La respuesta del Congreso s¨®lo habla de "acciones en determinadas empresas, bienes inmuebles y fincas r¨²sticas" y para m¨¢s detalle, se remite a una declaraci¨®n ante notario.

Frente a las protestas de los abogados defensores por la vulneraci¨®n de derechos de los acusados, D¨ªaz esgrimi¨® tratados internacionales sobre derechos humanos, que establece la prohibici¨®n de que los delitos de los mandatarios queden impunes.

El tribunal decidir¨¢, a partir del lunes, sobre las peticiones de las partes. Las defensas reclaman que se archive el asunto debido a las presuntas irregularidades cometidas en la instrucci¨®n por Manglano. El fiscal desea que contin¨²e el juicio porque el instructor no vulner¨® los derechos fundamentales de los inculpados. Las acusaciones populares solicitan nuevas pruebas.

?ngel Sanchis manifest¨® a los periodistas que los m¨¢ximos dirigentes de su partido no han acudido a las sesiones del juicio para no "presionar" a los magistrados y porque ten¨ªan pleno y comisiones en el Congreso.