El Gobierno coloca la c¨¢rcel en Soto por decreto

El di¨¢logo se ha agotado. El Ministerio de Justicia necesita una nueva c¨¢rcel en Madrid y ha recurrido a la v¨ªa de m¨¢xima urgencia. El Consejo de Ministros abordar¨¢ hoy el proyecto de construcci¨®n de una prisi¨®n en Soto del Real, un municipio de 2.400 habitantes al norte de la regi¨®n, y con la autoridad que le confiere la Ley del Suelo para obras de inter¨¦s social, aprobar¨¢ la licencia de construcci¨®n del penal. Este procedimiento especial esquiva la oposici¨®n del Ayuntamiento de Soto, que deneg¨® el permiso de obras.

El previsble acuerdo del Consejo de Ministros sobre la localizaci¨®n definitiva de la c¨¢rcel lo adelant¨® ayer el portavoz del Gobierno regional, Jaime Lissavetzky. El consejero reconoci¨® que la Comunidad hab¨ªa cambiado su postura ante la ubicaci¨®n de la c¨¢rcel en Soto del Real. Tanto la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial como la Agencia de Medio Ambiente se opusieron en un primer momento al proyecto de Justicia."No estamos de acuerdo con una macroc¨¢rcel de 2.000 plazas en ese lugar, pero s¨ª en una de tipo medio, que habr¨¢ que perfilar", asegur¨® ayer Lissavetzky.

Adem¨¢s de la Comunidad, el alcalde y los vecinos de Soto del Real se hab¨ªan pronunciado contra este penal. Incluso el Ministerio de Defensa puso pegas a este proyecto. Un informe de este departamento lleg¨® a advertir que la c¨¢rcel, especialmente sus dos torretas de vigilancia (le 70 metros de altura, dificultar¨ªan las operaciones de aterrizaje y despegue de la base de helic¨®pteros asentada en Colmenar Viejo, a escasos kil¨®metros. La altura de las torres, seg¨²n Lissavetzky, es ahora negociable.

El portavoz del Gobierno regional explic¨® que el acuerdo se hab¨ªa alcanzado tras "un pacto de caballeros" con el Ministerio de Justicia para reducir a la mitad la capacidad del centro, concebido en principio para unos 2.000 internos. Lissavetzky apel¨® a la "desgraciada necesidad de la instalaci¨®n" como argumento para permitir la ubicaci¨®n de la c¨¢rcel "en alg¨²n lado", y critic¨® la "hipocres¨ªa social" de los que protestan cuando los penales o los centros de atenci¨®n a drogodependientes se sit¨²an cerca de sus casas.

Justicia no quiso ofrecer ayer una versi¨®n oficial. Fuentes de Instituciones Penitenciarias precisaron que se hab¨ªa pedido la licencia de obras al Ayuntamiento de Soto el 20 de enero y que, ante la negativa municipal, se elev¨® el asunto, con la consideraci¨®n de m¨¢xima urgencia, al Ministerio de Obras P¨²blicas. Este departamento es el que ha planteado al Consejo de Ministros la necesidad de una licencia especial para edificar la prisi¨®n en Soto.

Fuentes ministeriales explicaron que la dimensi¨®n de las nuevas c¨¢rceles no se puede negociar con cada autonom¨ªa, porque est¨¢ establecida por el plan nacional de nuevos centros penitenciarios, aprobado en 1991. Tambi¨¦n precisaron que el "pacto de caballeros" alegado por la Comunidad de Madrid no rebajar¨¢ la capacidad de la c¨¢rcel.

Uno y no dos

"Lo que suceder¨¢ es que Justicia variar¨¢ su plan previo de levantar en Soto dos de los nuevos centros-tipo -como los que Instituciones Penitenciarias quiere implantar para sustituir a las c¨¢rceles viejas- y s¨®lo pondr¨¢ uno", comentaron fuentes oficiales. Los centros-tipo admiten una capacidad, para ajustar la inversi¨®n con las necesidades penitenciarias, de unos 900 presos.El proceso se va a acelerar tras la determinaci¨®n de hoy del Consejo de Ministros. Justicia anunciar¨¢ la licitaci¨®n del proyecto (dos meses); luego lo adjudicar¨¢ (otros tres meses), y a continuaci¨®n empezar¨¢n las obras (a finales de este a?o o en enero de 1993). El plazo de ejecuci¨®n para las obras es de 18 meses, de manera que la c¨¢rcel puede estar terminada en el verano de 1994.

La Comunidad, a pesar de la oposici¨®n en Soto, ha descartado otro emplazamiento, fundamentalmente para evitar un nuevo frente de rechazo en otro municipio y para equilibrar la distribuci¨®n de los penales, ya que la mayor¨ªa se encuentran en el Sur.

Un portavoz de la organizaci¨®n ecologista Aedenat lament¨® ayer lo que considera "una p¨¦rdida de autoridad de la Comunidad en relaci¨®n con su estatuto de autonom¨ªa, que le otorga todas las competencias en urbanismo y medio ambiente". Aedenat recalca que "la decisi¨®n del Gobierno central es desproporcionada; no se recurri¨® a la licencia especial ni en Caba?eros [Ciudad Real], cuando el Ministerio de Defensa quiso instalar all¨ª un campo de tiro". Aedenat sostiene que la c¨¢rcel de Soto originar¨¢ graves impactos paisaj¨ªsticos y medio ambientales.