La fiscal pide 33 a?os de inhabilitaci¨®n para Hormaechea

La fiscal Pilar Mart¨ªn N¨¢jera reclama en sus conclusiones provisionales 33 a?os de inhabilitaci¨®n especial para el presidente c¨¢ntabro, Juan Hormaechea, por cuatro delitos de prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas una resoluci¨®n injusta) y otro de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos. El ministerio p¨²blico, que comunic¨® ayer su petici¨®n provisional de penas en el caso Hormaechea, reclama otros 32 a?os de inhabilitaci¨®n especial por los mismos delitos para Roberto Bedoya, vicepresidente del Ejecutivo regional. Hormaechea anunci¨® anoche que piensa querellarse contra el juez que dict¨® su procesamiento.

Penas similares, aunque con una duraci¨®n ligeramente inferior en algunos casos, reclama la fiscal para los ex consejeros David Puebla, de Econom¨ªa y Hacienda; Rogello P¨¦rez Bustamente, de Cultura; Ricardo Conde Yag¨¹e, de Sanidad, y Gonzalo Vi?eiro Garc¨ªa Lago, de Turismo e Industria.Tambi¨¦n est¨¢n inculpados consejeros del anterior Consejo de Gobierno que pertenecen al actual: Alberto Rodr¨ªguez, de Presidencia; Vicente de la Hera, de Agricultura y Ganader¨ªa; Jos¨¦ Parra, de Sanidad, y Dionisio Garc¨ªa Cort¨¢zar, de Cultura. Las conclusiones provisionales de la fiscal¨ªa no prev¨¦n penas de c¨¢rcel para ninguno de los acusados.

El fiscal jefe de la Audiencia de Santander, Lucio Valc¨¢rce, indic¨® ayer al presentar a los medios de comunicaci¨®n las conclusiones provisionales que los cuatro delitos de prevaricaci¨®n se refieren a otras tantas causas investigadas por el juez instructor C¨¦sar Tolosa: la declaraci¨®n de zona de inter¨¦s cultural de Las Llamas; el encargo de un estudio t¨¦cnico de inversiones en infraestructuras rurales a la empresa Cantel, SA; la adjudicaci¨®n de carteles de obras a la sociedad Oyprocansa y el encargo a la Asociaci¨®n Estudios Comunicaci¨®n de Autonom¨ªas de una encuesta sobre la gesti¨®n del Gobierno regional.

El delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos lo cometieron los procesados, seg¨²n la fiscal¨ªa, en la adjudicaci¨®n de carteles a Oyprocansa. El ministerio p¨²blico estima que Hormaechea no es, en cambio, responsable de otro delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos del que le acusaba el juez instructor por enviar a peri¨®dicos y emisoras de radio numerosas notas, con cargo a la Diputaci¨®n Regional, para responder a los ataques de la oposici¨®n. La fiscal¨ªa otorga el car¨¢cter de publicidad y propaganda a dichos comunicados.

Conclusiones provisionales

Las conclusiones provisionales reflejan que Juan Hormaechea y sus consejeros obraron con gran falta de respeto para el ordenamiento legal, como la Ley de Contratos del Estado o la de Finanzas. "En definitiva", puntualiz¨® ayer el fiscal jefe, "los procesados, en el ejercicio de su cargos, se olvidaron de la normativa administrativa en favor de la cuesti¨®n pol¨ªtica".

La fiscal¨ªa sugiere que la causa se siga por la f¨®rmula de procedimiento abreviado. Seg¨²n Valc¨¢rce, dada la amplitud del sumarlo -m¨¢s de 10.000 folios-, el juicio oral no podr¨¢ celebrarse antes de la primavera de 1993.

Hormaechea respondi¨® anoche al anuncio de petici¨®n fiscal amenazando con presentar una querella por prevaricaci¨®n contra el juez C¨¦sar Tolosa, que investig¨® las presuntas irregularidades y dict¨® su procesamiento. El presidente c¨¢ntabro, licenciado en Derecho, dijo que firmar¨¢ como abogado esa querella cuando aclare si puede existir incompatibilidad con el cargo que ocupa. Respecto al criterio del fiscal de que podr¨ªa haber existido falta de asesoramiento, Hormaechea dijo que los pol¨ªticos no tienen por qu¨¦ solicitar asesoramiento, "sino que Pos funcionarios] nos lo tienen que dar, imponer y exigir". Tras mostrar su convecimiento de que parte de los miembros del Gobierno central "terminar¨¢n en la c¨¢rcel", Hormaechea arremeti¨® contra los funcionarios: "Esta diputaci¨®n est¨¢ gobernada por una harca peor que la de Abd el-Krim, pero yo podr¨¦ con ella".

El Gobierno c¨¢ntabro, por su parte, mostr¨® ayer su disconformidad con la petici¨®n de penas de la fiscal¨ªa, aunque a?ade que las conclusiones provisionales le dan la raz¨®n en ciertos puntos de la causa, seg¨²n informa la agencia Europa Press.

El Ejecutivo regional insiste en su comunicado que ¨¦ste es un caso de "presuntas anomal¨ªas administrativas que, en ning¨²n caso, pueden tener una calificaci¨®n penal".