La Administraci¨®n ampara a guardias civiles y polic¨ªas condenados por malos tratos

Polic¨ªas y guardias civiles condenados por delitos de torturas reciben trato de favor por parte del Gobierno y la Administraci¨®n de Justicia. Pr¨¢cticamente ninguno ingresa en prisi¨®n, muy pocos cumplen penas de inhabilitaci¨®n y algunos son indultados. Seg¨²n Interior, en 1991 hubo 268 procedimientos judiciales contra 500 funcionarios denunciados por malos tratos, lesiones o torturas. La Asociaci¨®n Contra la Tortura afirma que en los ¨²ltimos tres a?os han sido condenados 78 funcionarios.

La Asociaci¨®n contra la Tortura conoce los nombres de 78 funcionarios condenados y 29 absueltos durante los ¨²ltimos tres a?os. Los dem¨¢s est¨¢n pendientes de juicio o de diligencias judiciales. Diversas fuentes coinciden en que es "muy dificil" controlar el cumplimiento de las penas, en parte porque la Administraci¨®n protege a los condenados.El ¨²ltimo caso de presunto favorecimiento conocido afecta al capit¨¢n de la Guardia Civil Jos¨¦ P¨¦rez Navarrete, que ha sido nombrado asesor de Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, mientras que su compa?ero Jos¨¦ Antonio Hern¨¢ndez del Barco ha sido contratado para los servicios de Informaci¨®n de la Guardia Civil, pese a que ambos fueron condenados por torturas a Juana Goikoetxea en 1984. Interior asegura que la contrataci¨®n es legal, aunque la pena impuesta conlleva cuatro a?os de inhabilitaci¨®n.

"En los casos de inhabilitaci¨®n, la propia Administraci¨®n busca subterfugios para burlar la ley", afirma Jorge del Cura, de la Asociaci¨®n contra la Tortura. "Nunca podemos saber si se cumple o no la sentencia porque a las partes personadas como acusadoras no se les da traslado de la liquidaci¨®n de condena", a?afde.

El teniente coronel Rafael Masa, condenado a una inhabilitaci¨®n de seis a?os por su relaci¨®n con las torturas sufridas por Tom¨¢s Linaza en 1981, no s¨®lo no ha sido separado del servicio, sino que incluso ocupa un destacado puesto en los servicios de Informaci¨®n de la Guardia Civil.

Lucha antiterrorista

Tambi¨¦n son frecuentes los casos de agentes que ascienden de categor¨ªa sin que la Administraci¨®n tenga en cuenta si han sido procesados o condenados. No obstante, la Administraci¨®n no aplica siempre el mismo rasero. "Si el delito cometido por el agente est¨¢ relacionado con la lucha antiterrorista, Interior es m¨¢s benevolente que en otros supuestos", reconocen fuentes policiales.

Juan Carlos Fern¨¢ndez Vales, asesor del Sindicato Unificado de Polic¨ªa, afirma que desde hace dos a?os la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa (DGP) cumple a rajatabla las sentencias de inhabilitaci¨®n profesional de los agentes. El celo de la DGP alcanza tales extremos, dice, que ha llegado a separar del cuerpo a un funcionario condenado a suspensi¨®n de todo cargo p¨²blico, por lo que el letrado ha debido recurrir a la Audiencia "para explicar que polic¨ªa no es un cargo p¨²blico, sino una profesi¨®n".

La DGP, sin embargo, no mostr¨® tanta diligencia para ejecutar la sentencia que recay¨® sobre los dos inspectores acusados de no haber evitado las torturas que causaron la muerte al etarra Joseba Arriegui. Jos¨¦ Antonio Gil Rubiales sigui¨® trabajando en la Brigada de Documentaci¨®n y Juli¨¢n Mar¨ªn R¨ªos continu¨® como jefe de los artificieros hasta que la direcci¨®n del cuerpo se vio obligada a hacer efectiva la condena.

Gil, finalizada la condena de dos a?os de inhabilitaci¨®n, se incopor¨® la pasada primavera a las patrullas de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Madrid. Al ahora comisario Mar¨ªn le faltan cinco meses para cumplir los tres a?os que recayeron sobre ¨¦l y luego se reintegrar¨¢ a la polic¨ªa, de la que actualmente s¨®lo percibe 11.700 pesetas como recompensa por las medallas que posee. Mar¨ªn pidi¨® el indulto al Gobierno en octubre de 1989 y todav¨ªa hoy no ha recibido contestaci¨®n.

El Gobierno se mostr¨® m¨¢s comprensivo hacia los guardias civiles Jos¨¦ Dom¨ªnguez Tuda, Manuel Mac¨ªas Ramos y Jos¨¦ Antonio Rom¨¢n R¨ªos, condenados por el Supremo en 1990 a penas de dos a tres a?os de inhabilitaci¨®n profesional por torturas a Jos¨¦ Mar¨ªa Olarra. Los tres funcionarios fueron indultados el 8 de febrero del a?o pasado y Dom¨ªnguez no cumpli¨® los 6 meses de privaci¨®n de libertad que ten¨ªa pendientes.

La Direcci¨®n de la Polic¨ªa tampoco mostr¨® diligencia para ejecutar la pena de 10 a?os de inhabilitaci¨®n al inspector Manuel Amadeo Abonjo Blanco, condenado en 1984 a 10 meses de arresto y 10 a?os de inhabilitaci¨®n por las torturas de Xabier Onaind¨ªa. En octubre de 1986, Abonjo segu¨ªa en activo en Valencia, despu¨¦s de haber obtenido del tribunal que le eximiera del cumplimiento de la pena de prisi¨®n.

Son raros los casos de funcionarios que llegan a ingresar en prisi¨®n. "Cuando hay sentencias de c¨¢rcel, los beneficios penitenciarios se les aplican muy r¨¢pidamente", dice Jorge del Cura, miembro de la Asociaci¨®n contra la Tortura. Y pone como ejemplo la rapidez con que ha obtenido el r¨¦gimen abierto en inspector Victoriano Guti¨¦rrez Lobo, condenado por la desaparici¨®n. de Santiago Corella el Nani.

Otro asunto de probable tolerancia: Los 10 funcionarios de prisiones condenados en no viembre de 1990 por la muerte por torturas de Agust¨ªn Rueda en 1978 s¨®lo han pasado unos meses entre rejas, no ingresaron en la c¨¢rcel hasta mayo de 1991 y dos meses m¨¢s tarde obtuvieron el r¨¦gimen abierto.