Los sindicatos exigen a Industria el cumplimiento de las ayudas a La Seda

El Ministerio de Industria est¨¢ incumpliendo un compromiso pactado con la Generalitat de Catalu?a y los sindicatos por el que se compromet¨ªa a conceder un aval de 1.500 millones de pesetas para la viabilidad de La Seda, afirman fuentes sindicales de la empresa de fibras. El Ministerio se comprometi¨® a "gestionar ante las instituciones p¨²blicas un cr¨¦dito o aval con garant¨ªa del patrimonio de La Seda de Barcelona, SA no afecto a explotaci¨®n" seg¨²n el protocolo -al que ha tenido acceso este diario-, firmado por Industria, la Generalitat y los sindicatos CC OO y UGT.

En el mismo protocolo -firmado el mes de diciembre de 1991- figura expl¨ªcitamente que estos fondos se destinar¨¢n al plan de viabilidad de la empresa que "contempla el coste de ajuste de plantilla, la restituci¨®n de la liquidez de la empresa y la realizaci¨®n de inversiones necesarias, sin que el coste total pueda superar el valor del patrimonio no productivo".El plan de viabilidad, que se concret¨®, el 31 de enero de 1992, contaba adem¨¢s con el compromiso cumplido por parte de la Generalitat de conceder otro aval por la misma cantidad. En ambos casos, las Administraciones quedar¨ªan liberadas de su compromiso si se produjera la entrada de un socio industrial", siempre seg¨²n el texto del protocolo.

El compromiso de las administraciones en la crisis de La Seda contempla adem¨¢s actuaciones dirigidas a incorporar a la Comunidad Aut¨®noma de Madrid al apoyo financiero. La Seda cuenta con una factor¨ªa en Alcal¨¢ de Henares (Madrid), y otra mayor en el Prat de Llobregat (Barcelona). Las tres administraciones tienen previsto celebrar una reuni¨®n la pr¨®xima semana.

Los sindicatos han alcanzado un papel m¨¢s relevante en la soluci¨®n de la crisis al plantear un pacto institucional con las administraciones para desbloquear la par¨¢lisis mercantil que sufre la empresa desde que Akzo vendi¨® la mayor¨ªa del capital (57,5%) al abogado Jacinto Soler Padr¨®. Por incumplimiento del contrato de compra venta -que compromet¨ªa a Soler Padr¨® a distribuir esta mayor¨ªa entre socios minoritarios-, Akzo ha demandado al abogado. La Generalitat apoya esta acci¨®n con la idea de que se nombre un administrador judicial. Por su parte, el Industria considera que "el nombramiento de un administrador judicial no es coherente con la pol¨ªtica de la Administraci¨®n y que existen dudas razonables sobra la viabilidad jur¨ªdica de semejante iniciativa" seg¨²n ?lvaro Espina, secretario de Estado de Industria.