La oposici¨®n pide que no se deje contratar con el Estado a procesados por corrupci¨®n

Los principales grupos parlamentarios de la oposici¨®n se oponen a que la nueva Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas permita a los procesados por delitos de corrupci¨®n seguir contratando con la Administraci¨®n hasta que no recaiga sentencia firme. Los grupos coinciden en se?alar que la lentitud de la justicia espa?ola hace que, a lo largo de a?os, los procesados puedan seguir haciendo negocios con la Administraci¨®n.PP, IU y el CDS coinciden en que la presunci¨®n de inocencia no puede ser un pretexto para que personas encausadas judicialmente por delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, falsedad, cohecho u otros de esta naturaleza mantengan relaciones contractuales con la Administraci¨®n.

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros del viernes pasado introduce una importante modificaci¨®n a la Ley de Contratos del Estado de 1965 y a su reforma de 1990. Hasta ahora tanto los condenados por sentencia firme como los procesados o encausados por una serie de delitos contra la propiedad o contra el orden socioecon¨®mico no pod¨ªan formalizar contratos con la Administraci¨®n; sin embargo, el proyecto del Gobierno establece que este veto s¨®lo se aplicar¨¢ a los condenados por sentencia firme.

Enrique Fern¨¢ndez Miranda, del PP, dijo ayer que esta pretensi¨®n del Gobierno ratifica las afirmaciones del presidente de su partido, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, en el sentido de que se trata "de una reforma absolutamente parcial que llega 10 meses despu¨¦s del paquete de medidas" que el propio PP present¨®.

Nicol¨¢s Sartorius, portavoz de IU, califica el proyecto, en este apartado, "como un retroceso". Para Sartorius, "si alguien est¨¢ procesado, lo cual indica que hay indicios racionales de que ha cometido un delito, no es posible que se mantenga ante ¨¦l la misma actitud que ante un ciudadano cualquiera".

Jos¨¦ Ram¨®n Caso, del CDS, record¨® que su grupo present¨® en el mes de julio una proposici¨®n de ley para solicitar que las personas condenadas o procesadas por delitos de corrupci¨®n no pudiesen contratar con la Administraci¨®n en un plazo de 20 a?os. "Cuando hay un procesamiento es necesario actuar en consecuencia porque la Administraci¨®n debe dotarse de garant¨ªas suficientes", las mismas que hay ante una subasta.