La democracia paritaria

Para sobrevivir en un mundo en el que la fuerza f¨ªsica ten¨ªa mucha mayor importancia social de la que tiene en los pa¨ªses avanzados de finales del siglo XX, las mujeres han tenido necesidad, hasta ¨¦pocas recientes, de la protecci¨®n de los hombres, dotados de mayor fuerza muscular y no sujetos a la maternidad. A cambio de esta protecci¨®n, los varones han exigido obediencia, disponibilidad sexual, reproducci¨®n y trabajo. Si surg¨ªan conflictos en la relaci¨®n, el hombre, que detentaba el poder social y familiar, pod¨ªa recurrir a las leyes y costumbres que reconoc¨ªan su superioridad moral e intelectual, pero que, como la experiencia ha demostrado, no ten¨ªan otro fundamento que su superioridad muscular y la inferioridad femenina derivada de la maternidad. Efectivamente, la incorporaci¨®n de las mujeres a todos los niveles del sistema educativo y el mejor conocimiento de c¨®mo funciona el cerebro humano han demostrado que los hombres no son superiores intelectualmente a las mujeres, quienes est¨¢n, por ejemplo, obteniendo mejores resultados escolares y acad¨¦micos.Ese contrato social entre hombres y mujeres, claramente expl¨ªcito en su dimensi¨®n familiar, que implicaba, adem¨¢s de la subordinaci¨®n femenina, la divisi¨®n sexual del trabajo, ha existido, sin ser puesto en cuesti¨®n, durante siglos y siglos y ha convencido a generaci¨®n tras generaci¨®n de que los hombres eran seres humanos superiores a las mujeres, de lo que se han derivado toda una serie de consecuencias; entre ellas, la creencia de que lo que hacen las mujeres tiene menos valor y menos dificultad que lo que hacen los hombres; y, tambi¨¦n, la de que las mujeres est¨¢n menos capacitadas que ellos para tomar decisiones importantes y, en general, para hacer lo que los varones han realizado tradicionalmente en exclusividad. De ah¨ª han surgido los obst¨¢culos para conseguir la igualdad real de oportunidades entre los dos sexos, incluso cuando, como ocurre en los pa¨ªses m¨¢s desarrollados cultural y econ¨®micamente, entre los que Espa?a se encuentra desde hace poco tiempo, los cambios tecnol¨®gicos, demogr¨¢ficos y legales hacen te¨®ricamente posible y constitucionalmente necesaria la igualdad social de las dos mitades de la poblaci¨®n.

Gracias a los avances tecnol¨®gicos, la fuerza f¨ªsica es cada vez menos necesaria para la producci¨®n de bienes y servicios y cada vez las mujeres dedican un porcentaje m¨¢s reducido de su tiempo de vida adulta, y, por tanto, de los a?os en que pueden ser activas profesionalmente, al cuidado de sus hijos. M¨¢quinas cada vez m¨¢s perfectas van sustituyendo parte del trabajo realizado por los seres humanos, y la automatizaci¨®n se va extendiendo a la fabricaci¨®n de muchos productos; por otro lado, los avances m¨¦dicos y sanitarios han prolongado la vida de las personas, y el n¨²mero de hijos por mujer ha descendido considerablemente.

Adem¨¢s, la opini¨®n p¨²blica y' las leyes rechazan, aunque muchos hombres la sigan utilizando, la fuerza f¨ªsica para resolver los conflictos entre las personas, y la igualdad jur¨ªdica entre los dos sexos es ya una realidad, amparada constitucionalmente, que va acompa?ada de algunas normas y acciones que facilitan el ejercicio de la maternidad y de la paternidad de forma compatible con la vida profesional.

Para alcanzar la igualdad, existen, sin embargo, barreras dif¨ªciles de superar, que tienen relaci¨®n con actitudes de las personas firmemente arraigadas y que, por ello, se van modificando muy lentamente; con la resistencia, consciente o inconsciente, del colectivo de los hombres, muchos de los cuales no est¨¢n dispuestos a ceder parte de su poder ni a aceptar como competidoras, en igualdad de condiciones, a las mujeres; y, tambi¨¦n, con las estructuras sociales existentes y especialmente con la organizaci¨®n de la vida familiar y del trabajo. Aunque cada vez sea mayor el n¨²mero de mujeres que contribuyen a la producci¨®n de bienes y servicios para el mercado, y no s¨®lo para el consumo familiar, y aportan ingresos monetarios a la familia, ¨¦sta y el trabajo siguen estando organizados como si la divisi¨®n tradicional de funciones entre los sexos apenas se hubiera modificado. Como si la mujer fuera la ¨²nica responsable del trabajo dom¨¦stico y del cuidado de los hijos, los enfermos, los ancianos o discapacitados, y los hombres, los ¨²nicos responsables de los ingresos monetarios y, por ello, trabajadores con derecho a un salario familiar suficiente para atender sus necesidades y las de toda su familia.

Aunque las mujeres han estado ausentes del mundo p¨²blico e incluso tuvieron prohibido el derecho a la educaci¨®n, ello no significa que no hicieran nada: realizaban y realizan actividades esenciales para la sociedad. Por ello, si el desarrollo de la democracia exige que las mujeres, en la misma medida que los hombres, se incorporen a la producci¨®n de bienes y servicios para el mercado y a las responsabilidades pol¨ªticas, es necesario resolver de forma justa y eficaz c¨®mo van a seguir realiz¨¢ndose las tareas que la poblaci¨®n femenina siempre ha desempe?ado en el ¨¢mbito de lo privado. Mientras esto no se consiga (por ejemplo, con el desarrollo de lo que llamamos el Estado del bienestar, con una fuerte, reducci¨®n y flexibilizaci¨®n de la jornada laboral y con el crecimiento y distribuci¨®n de la riqueza, que permita a las familias la compra en el mercado de los bienes y servicios que todav¨ªa se producen en casa), las mujeres tendr¨¢n muchas dificultades para incorporarse al mundo p¨²blico y se ver¨¢n obligadas a desempe?ar un doble trabajo o a renunciar a la vida familiar para liberarse del trabajo dom¨¦stico. El descenso del n¨²mero de hijos por mujer en los pa¨ªses occidentales es, sin duda, una respuesta parcial a esta situaci¨®n, ya que no libera a las mujeres totalmente del trabajo dom¨¦stico, pero lo reduce considerablemente. Debido a estas dificultades, todav¨ªa muchas mujeres, m¨¢s cualificadas y competentes que muchos hombres, se limitan a la producci¨®n de bienes y servicios para el consumo familiar y est¨¢n, por ello, subempleadas, produci¨¦ndose as¨ª una mala utilizaci¨®n de los recursos humanos disponibles; y en aquellas ¨¢reas, como la pol¨ªtica, a las que se est¨¢n incorporando poco a poco se ven obligadas a adoptar comportamientos masculinos en vez de aportar valores que se han considerado hasta ahora positivos y casi exclusivamente femeninos. Una participaci¨®n m¨¢s equitativa y, por tanto, m¨¢s numerosa de las mujeres en la vida p¨²blica les permitir¨ªa incorporar nuevas ideas a la teor¨ªa y a la pr¨¢ctica pol¨ªticas gracias a que parte de sus conocimientos y experiencias no son iguales a las de los hombres, precisamente por esa divisi¨®n sexual del trabajo que ha existido siempre. Ello no quiere decir que las mujeres y los hombres sean esencialmente diferentes, sino que es necesario tener en cuenta que su cultura no es la misma, por lo que unas y otros pueden contribuir, con puntos de vista y perspectivas distintos, a la actividad pol¨ªtica. La diversidad ayuda a ver el mundo desde ¨®pticas distintas y muchas veces m¨¢s claras y ajustadas a las necesidades reales de la poblaci¨®n.

En las sociedades democr¨¢ticas, el poder -pol¨ªtico, econ¨®mico y cultural- debe estar en manos de muchas personas diferentes. Las decisiones pol¨ªticas (que son las que tienen relaci¨®n con las leyes, y dem¨¢s normas obligatorias y con las que establecen la distribuci¨®n de los recursos p¨²blicos) se toman a trav¨¦s de un proceso muy complejo, en el que intervienen muchos individuos que deben representar diferentes opciones pol¨ªticas, diferentes intereses, regiones y culturas. Si un grupo mayoritario de la sociedad, como es el de las mujeres, no est¨¢ representado en absoluto a lo largo de ese complejo proceso de toma de decisiones o su presencia se limita casi exclusivamente a la participaci¨®n electoral, existe el riesgo de que sus puntos de vista y sus intereses sean ignorados o mal interpretados. Puede incluso ocurrir que s¨¦ quiera sustraer a las mujeres otro poder, que es el que tienen los seres humanos sobre la reproducci¨®n de s¨ª mismos; en este caso, el proceso de toma de decisiones es bastante simple y en ¨¦l las mujeres tienen un papel preponderante, por razones biol¨®gicas.

Las dificultades que han tenido las mujeres, y siguen teniendo en muchos lugares del mundo, incluidos algunos pa¨ªses democr¨¢ticos como el nuestro, para recurrir, por decisi¨®n propia, al aborto se deben a las ideas todav¨ªa confusas que muchas personas tienen sobre la capacidad moral e intelectual femenina. Si el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de reforma del C¨®digo Penal que todav¨ªa exige un certificado m¨¦dico para terminar la situaci¨®n de angustia de la mujer que desee abortar, es porque los ministros, creyendo interpretar el sentir mayoritario de la poblaci¨®n y la doctrina del Tribunal Constitucional, piensan que las mujeres, como los hombres, pueden ser, por ejemplo, ministras o tener la patria potestad sobre sus hijos, pero no deben tomar por s¨ª solas la decisi¨®n de continuar con un embarazo que, por la situaci¨®n en que se encuentran, no desean. Lo cual, evidentemente, es absurdo. Menos lo ser¨ªa, desde el punto de vista del inter¨¦s general, pedirles a los ministros, para serlo, un certificado de aptitud para el cargo, que tambi¨¦n podr¨ªa dar, por qu¨¦ no, un m¨¦dico. En el hipot¨¦tico caso de que el Consejo de Ministros hubiera estado constituido por un 60% de mujeres, en vez de por un 14,2%, la decisi¨®n, probablemente, hubiera sido diferente, incluso aunque algunas de las ministras hubieran pertenecido a un partido conservador. Mujeres conservadoras, como la francesa Simone Veil o la alemana Rita S¨¹smuth, son ejemplo de c¨®mo, en pa¨ªses europeos de mayor tradici¨®n democr¨¢tica y menor influencia de la Iglesia cat¨®lica, las mujeres de ideolog¨ªas diferentes comparten los mismos puntos de vista cuando se trata de defender sus derechos a la libertad, la dignidad y la intimidad, que pueden no ser respetados con el proyecto del art¨ªculo 153 del C¨®digo Penal. De ah¨ª la importancia que las asociaciones de mujeres de los pa¨ªses occidentales est¨¢n dando a las acciones en favor de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ¨®rganos de decisi¨®n y, en general, a un reparto m¨¢s justo de las responsabilidades familiares y profesionales entre las dos mitades de la poblaci¨®n. Se trata de conseguir lo que en el Consejo de Europa se ha definido como la democracia paritaria, a la que s¨®lo. se aproximan por el momento los pa¨ªses escandinavos, con una participaci¨®n femenina en los parlamentos y en los gobiernos que ronda o supera el 40%. A nosotros, que conseguimos un avance porcentualmente importante en algunas instancias gracias a la aprobaci¨®n del sistema de cuotas en el PSOE y en IU, nos quedan todav¨ªa muchos obst¨¢culos por superar, ya que nos movemos en porcentajes de participaci¨®n femenina en instancias de decisi¨®n pol¨ªtica que giran alrededor del 14%.

Carlota Bustelo es miembro del comit¨¦ de la ONU para la eliminaci¨®n de la discriminaci¨®n de la mujer.